Julian P. Assange y la organización WikiLeaks (del inglés leak: fuga, goteo, filtración), han puesto a disposición del interés público casi dos millones de documentos, informes anónimos y cables diplomáticos del gobierno estadounidense. Esta información está disponible en el sitio Public Library of US Diplomacy.
Tales documentos evidencian el cabildeo y seguimiento de las embajadas de Estados Unidos en el mundo. México no es la excepción, de acuerdo a los documentos encontrados (61,064); Michoacán tampoco (433). Los temas principales versan sobre seguridad, elecciones y migración.
Los cables diplomáticos referidos a Michoacán sobre el tema de seguridad fueron firmados por Antonio O. Garza, embajador de Estados Unidos en México (2002-2009). En ocasiones, el responsable del cable firmó simplemente “Garza”, “Pascual” (Carlos Pascual sustituyó a Garza como embajador estadounidense de 2009 al 2011), “Feeley” (John Feeley, fue consejero de esta embajada) y “Bassett” (Leslie Bassett fue encargada de Negocios de la Embajada de EE.UU. en México).
Dichos cables sobre Michoacán fueron enviados a diferentes instancias del gobierno estadounidense: Departamento de Justicia, Departamento de Estado, Departamento de Comercio, Departamento del Tesoro, Departamento del Trabajo, Departamento de Agricultura, Departamento de Seguridad Nacional, Consejo Nacional de Seguridad, Comando Sur de Estados Unidos (Miami), Oficina Federal de Investigación o Buró Federal de Investigación (FBI) y Administración de Lucha contra las Drogas (DEA).
La información contenida en los cables diplomáticos que a continuación se reseñan para el tema de seguridad, corresponde a fechas entre junio del 2006 y junio del 2010. Muchos de ellos refieren a hechos ya conocidos; otros reflejan posturas de algunos funcionarios.
Cable: 07MEXICO5773_a; 8 de noviembre del 2007. Bassett clasifica a Michoacán como uno de los estados más violentos del país. Señala que el fenómeno de migración contribuye a que los cárteles estén asumiendo el papel de figura paterna entre los jóvenes michoacanos, lo que convierte al estado en un campo de reclutamiento no sólo de traficantes de drogas y asesinos a sueldo, sino también de consumidores. Refiere que el entonces gobernador Lázaro Cárdenas Batel apoyó a Calderón en el envío de miles de soldados para combatir los cárteles de drogas. Cárdenas Batel, según el cable, mencionaría que no había evidencia que señalara la participación de los capos en las elecciones para gobernador (del 2007), pero que le preocupaba que éstos pudieran estar incidiendo en las eleciones municipales principalmente de “Tierra Caliente”. Garza puntualiza: “Esta región es famosa por el cultivo de marihuana resistente a los herbicidas, por la producción de metanfetaminas y por albergar a los miembros de una extensión casi independiente del cártel del Golfo conocida como La Familia”. De acuerdo con Garza, Cárdenas sugirió que los cárteles estarían apoyando a ciertos candidatos a cambio de colocar a sus miembros dentro de la policía municipal. Cárdenas dijo también que la situación de seguridad en Michoacán mejoró considerablemente tanto por la presencia militar, como por una tregua territorial entre cárteles. Pero reconoció que infiltraron las policías estatal y municipales. Esperaba una presencia militar a largo plazo en el estado, así como el apoyo de los michoacanos a tales operaciones. Sugirió también que los cárteles utilizaban la defensa de los derechos humanos para eludir la justicia. El ex gobernador mencionó haber recibido información en noviembre de 2006 sobre el interés que los cárteles tenían en formar vínculos con grupos subversivos. Refirió un desplegado de La Familia con una declaración de misión y objetivos en un claro tono político más característico de los grupos subversivos. Este boletín apareció casualmente al mismo tiempo que recibió esta información, según Cárdenas. A pesar de no poder confirmar este nexo, Cárdenas refirió que la información es tan grave que el gobierno de México debería investigar y el gobierno de Estados Unidos debería ser consciente de esta posibilidad.
Cable: 07MEXICO6027_a; 5 de diciembre del 2007. Garza menciona una reunión que Peter Quilter, Melissa Silverman y John Mackey sostuvieron con organizaciones no gubernamentales, Lázaro Cárdenas Batel y otros funcionarios estatales. En dicha reunión se reconoció la disminución de la incidencia delictiva, pero se criticó la ausencia de una estrategia clara y de coordinación con las autoridades estatal y locales. Se habló también del aumento en el consumo de drogas y de los pocos recursos hacia programas de prevención de adicciones. Garza señala el respaldo de Cárdenas Batel a la Iniciativa Mérida. Según el cable, P. Quilter expresó su preocupación por la posible efectividad de las operaciones militares una vez que Leonel Godoy tomara cargo como gobernador, lo cual fue compartido por Cárdenas Batel dado que muchos perredistas no estaban de acuerdo con el papel de los militares, aunque aventuró una posible nueva perspectiva con el nuevo gobernador Godoy. Cárdenas, según el cable, mencionó el inconveniente de comparar el Plan Mérida con el Plan Colombia dada la sensibilidad mexicana que podría interpretarlo como una acto intervencionista. Jesús Reza Maqueo (Secretario de Seguridad Pública del estado) y Juan A. Magaña (Procurador General de Justicia) reconocieron que el ejército era el mejor equipado en esta lucha contra el narcotráfico. Magaña mencionó que la mayoría de las armas provenían de los E.E.U.U., cuyo lugar de entrada sería el Puerto de Lázaro Cárdenas.
Cable: 08MEXICO2276_a; 24 de julio del 2008. En otro cable, Garza menciona que el entonces Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, reconocía la peligrosidad que llevaba la fracturación de los grandes cárteles en grupos más pequeños, pero más peligrosos. García Luna esperaba un recrudecimiento de la violencia y señalaba estar planeando una nueva ofensiva contra estos grupos que incluía un ataque frontal en Sinaloa, manteniendo la presión en Tamaulipas y Michoacán.
Cable 08MEXICO2669_a; 2 de septiembre del 2008. Garza menciona el comentario del entonces gobernador Leonel Godoy que hizo eco al entonces Jefe de Gobierno del D.F. Marcelo Ebrad, en el sentido de que su estado requeriría más dinero si se pretendía alcanzar los objetivos planteados en la lucha contra la delincuencia.
Cable: 08MEXICO2928_a; 1 de octubre del 2008. El entonces opositor Partido Revolucionario Institucional increpaba fuertemente la gestión del Presidente Felipe Calderón por los problemas de seguridad, utilizando como argumentos los granadazos del 15 de septiembre en Morelia, Michoacán.
Cable: 08MEXICO2929_a; 1 de octubre del 2008. Garza menciona la preocupación de la sociedad ante la delincuencia y la violencia desatada a partir de los mencionados acontecimientos violentos en Morelia. Percibe tensión entre los principales grupos políticos del país. Recalca las acciones de Calderón en su lucha contra el narcotráfico en más de diez estados y llama la atención sobre la sustitución de altos funcionarios de la policía federal. ().
Cable: 07MEXICO6027_a; 5 de diciembre del 2007. Garza comenta el recrudecimiento de los ataques de La Familia hacia los cuerpos policíacos por la detención de algunos de sus líderes. Mencionó la alianza de este cártel con el del Pacífico y otros, lo que le permitió afianzar el mercado de la metanfetamina (dice Garza que esta droga es para el mercado “gringo” con el fin de envenenar a los EE.UU.). Garza dice que la Procuraduría General de la República mencionó que La Familia, además del narcotráfico, se dedicaban a la extorsión, lavado de dinero, secuestro y corrupción. Según el cable, advertían a sus miembros sobre la adicción a las drogas, prohibiéndoles el uso de metanfetaminas y creando sus propios centro de rehabilitación. Garza menciona a Julio C. Godoy Toscano, hermano del gobernador, indiciado por las autoridades mexicanas como protector de las operaciones de este cártel en la región de Lázaro Cárdenas, Arteaga y Nueva Italia. Refiere también una conversación telefónica entre la DEA y la PGR el 14 de julio del 2009, en la que esta última se mostró reacia a participar en una ofensiva a gran escala en Michoacán. Garza cierra el cable diciendo “Tenemos razones para creer que hemos visto el último de los altercados violentos entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y La Familia.
Cable: 09MEXICO2749; 21 de septiembre del 2009. Pascual define los problemas del país a partir de su descripción de Michoacán: debilidad institucional, disputas políticas, falta de estabilidad fiscal, pobreza, desempleo, inseguridad, migración, seguridad alimentaria y corrupción. Menciona las quejas de Fabiola Alanís, entonces Presidente del Comité Estatal del Partido de la Revolución Democrática, en el sentido de que los seis millones de pesos gastados diariamente en la movilización militar de 10,000 soldados en Michoacán, mermaban los recursos de programas sociales importantes. Refirió la inquietud existente por el aumento de las quejas en los últimos dos años por las violaciones a los derechos humanos ocurridas principalmente en la zona rural. Éstas incluían cateos y detenciones arbitrarias, torturas, violaciones sexuales y robos. Mencionó las críticas existentes en el sentido de que las fuerzas federales parecían perseguir prefrentemente a La Familia, a diferencia de Los Zetas. Pascual dijo que el entonces presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Michoacán, Víctor M. Serrato, criticó a los militares aduciendo además la falta de inteligencia militar en esta lucha. Recomendó atender otros delitos graves como el secuestro y la extorsión -cada vez más frecuentes en Michoacán-, con la misma intensidad que al narcotráfico. Pascual finalmente refiere temas relacionados con la reforma judicial en el estado, el “michoacanazo”, las disputas entre el gobierno federal y estatal por tal tema, y el caso de Julio César Godoy Toscano hermano del mandatario acusado de delincuencia organizada, que fomentaba los rumores en el sentido de que el propio gobernador podría estar involucrado en malas prácticas.
Cable: 10MEXICO26_a; 6 de junio del 2010. En otro cable, Pascual reconoce el nivel de organización y coordinación del cártel La Familia, mencionando el uso de tácticas militares terroristas con el fin de intimidar a las policías mexicanas.
Cable: 10MEXICO53_a; 19 de junio del 2010. Pascual, en el útimo cable disponible sobre el tema, menciona la corrupción existente en municipios del país, refiriendo un dato del diario Reforma de que el 90 por ciento de los oficiales arrestados por nexos con el narcotráfico, eran miembros de las fuerzas municipales. Esto, según Pascual, contribuiría a intensificar el conflicto entre las fuerzas federales y las locales.
@palarconchaires
