Otro yaqui se une a la lista de 51 líderes sociales detenidos por gobiernos en México

24/09/2014 - 12:01 am
Van dos yaquis detenidos en una semana por el delito de privación ilegal de la libertad. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo
Los yaquis han estado en pie de lucha desde hace un año, hoy dos voceros detenidos. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo

Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).– Un día después de que activistas y líderes sociales pidieran la liberación del vocero de la Tribu Yaqui, Mario Luna Romero, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Sonora detuvo a otro indígena de la comunidad por el delito de privación ilegal de la libertad y robo de vehículo.

El cargo es el mismo por el que hace una semana, Mario Luna fue consignado por las autoridades.

En diversas ocasiones, la Tribu Yaqui ha denunciado acoso y una campaña en su contra por parte del gobierno de Guillermo Padrés Elías, del Partido Acción Nacional (PAN). Incluso, miembros de la comunidad denunciaron el lunes pasado que el Gobernador actuó en complicidad de Grupo México para envenenar el Río Sonora y así justificar la construcción del Acueducto Independencia.

Fernando Jiménez Gutiérrez se agregó a la lista de luchadores sociales que han sido encarcelados en lo que va del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto. Hasta julio pasado, había al menos 51 activistas detenidos por distintos crímenes.

Días después de que se publicara el conteo elaborado por el Comité Cerezo, fue detenido el líder de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles Valverde, juntos con 38 compañeros más. Asimismo se encarceló a Luna Romero.

Entre algunos luchadores sociales que han sido encarcelados se encuentran Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón, opositores a la construcción del gasoducto Morelos, comprendido en el Proyecto Integral Morelos CCC Centro y Gasoducto Tlaxcala-Puebla-Morelos. Ellos fueron detenidos los días 6, 7 y 8 de abril pasado, respectivamente.

Otros casos documentados por el Comité Cerezo son los de Omar Pacheco, Adolfo Gómez Chareo, Julio Orona, Luis Orona y Ricardo Calderón, miembros del ejido La Sierrita de Galeana, en Tlahualillo, Durango, comunidad que ha luchado en la defensa de su territorio frente a la minera Excellon de México, SA de CV, filial de la canadiense Excellon Resources Inc, desde 2004. Los cinco ejidatarios y mineros fueron detenidos el 10 de noviembre de 2013.

YAQUIS DETENIDOS

El vocero de la Tribu Yaqui, Mario Luna Romero, fue consignado la semana pasada. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo
El vocero de la Tribu Yaqui, Mario Luna Romero, fue consignado la semana pasada. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo

El pasado 17 de septiembre, un juzgado de Hermosillo dictó auto de formal prisión contra Mario Luna, acusado de privación ilegal de la libertad en prejuicio de Francisco Delgado Romo y por robo de vehículo.

La PGJE informó que se ejecutó una orden de aprehensión contra el activista, girada hace un año, por la privación ilegal de la libertad en prejuicio de Francisco Delgado Romo, líder de la comunidad Yaqui, denunciados por Viviana Bacasegua y Francisco Delgado Romo.

Sin embargo, desde hace más de un año, la Tribu se ha mantenido en lucha por la construcción del Acueducto  Independencia, una obra que se ostenta como la gran obra del gobierno de Padrés y que tuvo una inversión  de casi cuatro mil millones de pesos.

El desarrollo se inauguró el 30 de marzo de 2013 supuestamente para resolver el abasto de agua en la ciudad de Hermosillo, pero los yaquis han advertido que no se hizo un estudio serio por las afectaciones ecológicas.

Desde el anuncio del proyecto, el gobierno de Padrés ha estado en contra de la tribu por la movilización que emprendió para defender su tierra. Entre las acciones que se generaron contra los yaquis están las órdenes de aprehensión contra los voceros por el delito de privación de la libertad y una campaña de odio contra los indígenas.

En este contexto, el gobierno de Sonora giró una orden de aprehensión en contra el activista Mario Luna y de otros voceros de la tribu hace más de un año, para presionarlos con llevarlos a la cárcel si no desistían de su lucha en contra del Acueducto Independencia, que reduce el abastecimiento del vital líquido en su zona.

La semana pasada fue Luna y ayer el titular de la PGJE de Sonora, Carlos Navarro, confirmó que se ejecutó la orden de aprehensión y se detuvo a Jiménez Gutiérrez.

Horas antes, Tomás Rojo, vocero de la tribu, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Javier Sicilia, Alberto Patishtán, Perseo Quiroz, director de Amnistía Internacional, Daniel Giménez Cacho, entre otros activistas, habían exigido la libertad de Mario Luna.

Amnistía denunció que el vocero yaqui corre peligro de ser sometido a un juicio injusto. “Se teme que la causa contra él pueda ser de motivación política, por su destacado papel en las protestas contra un acueducto que afecta al acceso al agua de la comunidad indígena Yaqui”, dijo la organización.

“Con frecuencia, en nuestro país, los activistas indígenas como Mario Luna Romero enfrentan cargos penales falsos formulados para disuadirles de continuar con sus reclamaciones legítimas de derechos humanos”, afirmó Perseo Quiroz.

CRIMINALIZACIÓN DE LA LUCHA SOCIAL

Para defensores de derechos humanos, la práctica de detener a activistas y líderes sociales es una forma de criminalizar la lucha social.

Alberto Solís Castro, coordinador de Procesos de Transformación Positiva de Conflictos, de la organización Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), explicó a SinEmbargo en julio pasado que los procesos judiciales se vuelven acciones de criminalización cuando son usados con un fin político, que es afectar los movimientos sociales, más allá de si las imputaciones contra los acusados sean ciertas o no.

Y así lo consideró también la organización Amnistía Internacional (AI). En un comunicado expresó su preocupación por la detención de Mario Luna y dijo que su caso tiene un “sesgo político” y que con “con frecuencia, en nuestro país, los activistas indígenas como Mario Luna Romero enfrentan cargos penales falsos formulados para disuadirles de continuar con sus reclamaciones legítimas de derechos humanos”.

“AI ha examinado las pruebas presentadas contra Mario Luna Romero y teme que la causa contra él esté sesgada y sea de motivación política. Si es remitido a juicio, puede ver negado su derecho a un juicio justo; además, no podrá optar a la libertad bajo fianza, y puede enfrentarse a una detención prolongada, lo que pondría en peligro su seguridad”, advirtió.

A la par, integrantes de la propia tribu y del Movimiento Ciudadano por el Agua atribuyen la detención de Mario Luna a orígenes políticos por la oposición al Acueducto Independencia, obra del mandatario estatal panista Guillermo Padrés Elías.

Integrantes de la tribu también denuncian que las autoridades policiacas buscan a otros integrantes del grupo opositor a la operación del Acueducto bajo las mismas acusaciones.

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