El diario El País expuso el caso de Daniel García, hombre que pasó 17 en prisión por un crimen que no cometió y que, al recuperar su libertad, descubrió que su casa ya no le pertenecía, pues estaba en manos de la Arquidiócesis de Tlalnepantla.
Ciudad de México, 4 de mayo (SinEmbargo).- Una investigación publicada por el diario El País destapó un caso de despojo inmobiliario orquestado por la Arquidiócesis de Tlalnepantla, Estado de México, en complicidad con notarios y abogados, que dejó sin hogar a Daniel García, un hombre que pasó 17 años y medio preso por un crimen que no cometió.
De acuerdo con lo señalado por el diario en el reportaje firmado por la periodista Beatriz Guillén Torres, la vivienda, valuada actualmente en ocho millones de pesos y ubicada en el número 7 de la calle Ignacio Allende, en el fraccionamiento Campestre Deportivo Hípico San Miguel, era el último bien que conservaba García tras perderlo todo durante su injusto encarcelamiento.
García, un abogado que también fue Regidor y pastelero, fue acusado por el presunto asesinato de la Regidora María de los Ángeles Tamés, del Partido Acción Nacional (PAN), delito por el que se le detuvo en febrero de 2002. También se le imputaron cargos de fraude, extorsión y delincuencia organizada.
"En febrero de 2002, él fue detenido, arraigado y torturado, en una serie de irregularidades que llevarían a la Fiscalía del Estado de México a detener a 16 miembros de su familia", señaló Guillén Torres en su investigación publicada el pasado 26 de abril.
Al salir en libertad en 2019, descubrió que su casa, que nunca puso en venta, estaba en manos de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Un cartel de “se vende” lo alertó, y al indagar, destapó una operación fraudulenta que se gestó mientras estaba privado de su libertad.
Según el reportaje de El País, el despojo por parte del Arzobispado de Tlalnepantla se ejecutó mediante dos vías. En una, se emitió un “poder especial irrevocable” a favor de Claudia Jovanna Paredes Ezeta, una joven de 20 años que se convirtió en apoderada legal de García y su esposa, Magdalena Pérez, sobre la propiedad.
Este documento, emitido en julio de 2003, en la notaría 27 del Estado de México, a cargo de Guadalupe Rojas Icaza, con una vigencia de 50 años, llevaba las supuestas firmas de ambos, aunque ni García ni Pérez conocían a Paredes ni habían autorizado tal trámite.
Bajo la supuesta potestad del inmueble, Claudia Jovanna la vendió a la Arquidiócesis, misma que habría ofrecido un pago inicial de 500 mil pesos, y también se habría comprometido a pagar otros dos millones posteriormente. "En el contrato de cesión, constan como representantes en el acto el arzobispo Ricardo Guizar y su ecónomo, el también religioso Jorge Aguilera Vargas", detalló Guillén Torres en el reportaje.
La periodista explicó que el Arzobispado de Tlalnepantla pretendió usar el contrato de cesión para solicitar ante la Secretaría de Gobernación (Segob) una declaratoria de procedencia, a fin de constatar que el inmueble sería utilizado como una "casa de sacerdotes ancianos, enfermos y jubilados de la Arquidiócesis de Tlalnepantla".
Sin embargo, para que la compra de la casa por parte de la Arquidiócesis pudiera concretarse, se requería que Daniel ratificara la transacción. Fue así que, durante su reclusión, García recibió la visita de Juan Manuel Paredes, hombre a quien afirmó jamás haber vuelto a ver y que, acompañado de una notaria, intentó presionarlo en aquel momento para firmar una compraventa por 10 mil pesos. García se negó rotundamente, afirmando que no había vendido su casa, por lo que la compra del inmueble por parte de la Arquidiócesis no procedió.
La segunda vía, mediante la cual el Arzobispado logró apoderarse del inmueble, se dio a través de un juicio de usucapión, proceso legal que permite a una persona quedarse con una vivienda cuando ésta se ha hecho cargo de la misma por al menos cinco años.
El juicio en cuestión fue interpuesto por el ya mencionado Juan Manuel Paredes, quien alegó poseer desde 1995 “en forma pacífica, continua, pública, de buena fe y por un lapso mayor de cinco años” la propiedad de Daniel García, aunque el reclamo de la casa no fue hacia él, sino al dueño anterior, Gustavo Funes, quien falleció en 1996 y, por ende, no compareció en el juicio, por lo que Paredes logró quedarse con la casa.
Según lo señalado por El País, fue el Juez Alejandro Albarrán quien dictó sentencia a favor de Paredes, quien procedió a ceder la propiedad del inmueble al Arzobispado de Tlalnepantla.
"La conexión entre José Manuel Paredes y la Iglesia queda por escrito el 24 de abril de ese mismo año. El hombre nombra como sus apoderados a dos curas, Jorge Aguilera Vargas y José Alejandro Utrera Patlan. Ambos aparecen en el poder notarial como ministros de culto con el mismo domicilio que el arzobispo Ricardo Guizar", apuntó la autora de la investigación.
La periodista añadió que los dos párrocos efectuaron la compraventa del inmueble el 12 de diciembre de 2007 en la notaría pública 102 del Estado de México. La iglesia pagó 1.4 millones de pesos a Juan Manuel Paredes.
El País concluyó su reportaje con la información sobre el proceso legal que Daniel García ha emprendido contra la Arquidiócesis de Tlalnepantla para recuperar su propiedad.
García, precisó el diario, demandó penalmente a la iglesia por despojo en 2022, con la intención de que se declare nulo el juicio de usucapión que permitió a Juan Manuel Paredes quedarse con el inmueble y luego cedérselo a la Arquidiócesis.
En el reportaje se mencionó también que el afectado envió un escrito en 2024 a la Secretaría de Gobernación para intervenir en el caso y se diera visto a la Fiscalía General de la República (FGR).
"El abogado también ha tocado la puerta de la Iglesia y ha entregado personalmente una carta al arzobispo Fernández Hurtado narrándole lo sucedido. Todavía no ha recibido respuesta. Mientras García espera los avances de la justicia, del Gobierno o de la Iglesia, la casa de Ignacio Allende sigue en venta. Él confía en que el Estado no vuelva a fallar esta vez", finalizó el diario.
