La Fiscalía de Campeche solicitó que le fuera retirada la inmunidad constitucional a Alejandro Moreno desde el 17 de agosto del 2022 para ser procesado por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de facultades, defraudación fiscal y lavado de dinero, durante su gestión como Gobernador.
Ciudad de México, 31 de julio (SinEmbargo).– La Sección Instructora de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión analizará este viernes, por segunda ocasión desde 2022, si existen bases para iniciar un procedimiento legislativo que podría derivar en la Declaración de Procedencia de la Acción Penal en contra del Senador y presidente nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas.
La Fiscalía Anticorrupción de Campeche acusa a Moreno Cárdenas del presunto desvío de 83 millones de pesos. Esto significaría que, “Alito”, quien gobernó esta entidad de 2015 a 2019, perdería el fuero, la inmunidad constitucional, y podría ser detenido y puesto a disposición de un juez que debe valorar si debería quedar sometido a un proceso penal.
Desde el pasado jueves 25 de julio del 2025, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche publicó en la red social X, un escueto comunicado que informaba que había presentando y ratificado ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la solicitud de declaración de procedencia de la acción penal en contra del ex titular del Poder Ejecutivo del estado en el periodo 2015-2019.
La primera ocasión en la que la Fiscalía de Campeche solicitó que le fuera retirada la inmunidad constitucional a “Alito” Moreno fue el 17 de agosto del 2022, cuando esa institución, que encabezaba entonces Renato Sales Heredia, promovió ese mismo trámite ante la Cámara de Diputados federal, apoyada en la presunción de que dirigente nacional del tricolor habría cometido los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de facultades, defraudación fiscal y lavado de dinero, durante su gestión como Gobernador en aquella entidad.
El 3 de septiembre del 2022 el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la integración de la Sección Instructora que debía analizar la procedencia de la acción penal y la pérdida del fuero de Moreno Cárdenas. Este órgano quedó integrado por Jaime Humberto Pérez Bernabé, de Morena, en carácter de presidente y como secretarios fueron designados el vicecoordinador de Morena, Leonel Godoy Rangel; el vicecoordinador del PAN, José Elías Lixa Abimerhi; y el coordinador del PRI, Rubén Ignacio Moreira Valdez.
El asunto no prosperó y se quedó en la congeladora debido a que una Diputada del PRI, Yolanda de la Torre Valdez, muy cercana a “Alito” Moreno, presentó la iniciativa que permitió la reforma constitucional, respaldada por el tricolor, para mantener la presencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública hasta el 2028, en apoyo de tareas y combate al crimen organizado, asunto prioritario para Morena y el Gobierno de la Cuarta Transformación. La referida reforma fue aprobada en la Cámara de Diputados el 15 de septiembre del 2022 y en la Cámara de Senadores el 4 de octubre del 2022.
Y va de nuevo discusión del desafuero
La Comisión Jurisdiccional, integrada por 15 diputados federales, es la que designa de entre sus miembros a los integrantes de la Sección Instructora. Esta Comisión es presidida actualmente por el morenista Hugo Eric Flores Cervantes y participan en ella siete de sus compañeros de partido: Gabino Morales Mendoza, Daniel Andrade Zurutuza, Adriana Belinda Quiroz Gallegos, Agustín Alonso Gutiérrez, Estela Carina Piceno Navarro, Eduardo Castillo López y Juan Hugo de la Rosa García.
Por el Partido del Trabajo integran la Comisión Jurisdiccional Mary Carmen Bernal Martínez y Lilia Aguilar Gil. Por el Partido Verde Ecologista de México forman parte de esta Comisión Alejandro Avilés Álvarez y Raúl Bolaños-Cacho Cue. Por el Partido Movimiento Ciudadano participa Ivonne Aracelly Ortega Pacheco.
Por el Partido Acción Nacional Germán Martínez Cázares y por el PRI el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez. Habría que hacer notar que Moreira Valdez, del PRI y Ortega Pacheco, de Movimiento Ciudadano, son también integrantes del máximo órgano de decisión de la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política, donde se llevan a cabo los acuerdos cupulares del Congreso.
Morena y sus aliados tienen mayoría de tres a uno en la Sección Instructora que deberá analizar la petición de la Declación de Procedencia de la Acción Penal en contra de “Alito” Moreno. La preside el morenista Hugo Eric Flores Cervantes y participa, de su mismo partido, Adriana Belinda Quiroz Gallegos y del Partido Verde Ecologista de México Raúl Bolaños Cacho Cue. De la oposición solo forma parte de la Sección Instructora el panista Germán Martínez Cázarez.
Aquellos lodos
El 7 de junio de 2022, firmada por el reportero Eduardo Buendía, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, fundada por un aliado político de Moreno Cárdenas, el empresario Claudio X. González, impulsor de la alianza opositora Va por México, de la cual formó parte el PRI, publicó un amplio reportaje que desnudó algunas actividades presumiblemente irregulares atribuidas al dirigente tricolor.
“El líder nacional del PRI conformó una red de amigos y familiares para comprar propiedades a precios muy bajos, donarlos a sus cercanos y luego revenderlos mucho más caros; en algunos casos el precio por metro cuadrado fue de unos pocos centavos o pesos que luego multiplicó su valor en reventa”, dice el reportaje.
Agrega un caso: “11 meses antes de haber tomado protesta como gobernador de Campeche, compró 39 mil metros cuadrados a un precio de 4 pesos el metro y en poco tiempo el valor se multiplicó 500 veces y actualmente es de dos mil pesos el metro”.
El miércoles 6 de julio del 2022, en su portada, el periódico Reforma publicó en su nota principal que “Alejandro Moreno, dirigente del PRI, declaró un valor de 5.3 millones por 15 propiedades que adquirió entre 2012 y 2015, las cuales tenían un valor real de casi 103 millones de pesos, pero además, ahora suma 23 bienes inmuebles, revelan dos diferentes investigaciones de la FGR y de la Fiscalía de Campeche”.
La información reseña también que en 2019, Alejandro Moreno fue denunciado ante la Fiscalía General de la República por el ex Gobernador de Oaxaca, el también priista Ulises Ruiz, por mentir en su declaración patrimonial 3 de 3 sobre los costos de 15 propiedades en Campeche.
En 2022, en una segunda investigación que integró la Fiscalía estatal, Moreno Cárdenas sumaba ya 23 propiedades, solo en Campeche, aunque algunos de los predios, sobre los que está construida su residencia, están a nombre de sus familiares, agrega la nota de Reforma.
“Hasta ahora -explica el periódico Reforma en información publicada el 6 de julio del 2022-, Moreno Cárdenas es investigado en ambos expedientes por lavado de dinero, evasión fiscal, peculado, abuso de autoridad, así como uso indebido de atribuciones y facultades”.
Los pasos a seguir
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su Artículo 111 que “para proceder penalmente contra las y los diputados y las y los senadores al Congreso de la Unión […] por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra la persona inculpada”.
También advierte la Carta Magna que “si la resolución de la Cámara [de Diputados] fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación. Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley”. Señala además que “las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables”.
Para procesar una petición de que se declare la procedencia de la acción penal contra un legislador, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece en su Artículo 40 que “la Comisión Jurisdiccional se integrará por un mínimo de 12 diputados y un máximo de 16, a efecto de que entre ellos se designen a los que habrán de conformar, cuando así se requiera, la Sección Instructora” que en este caso se encargará de decidir si se inicia el proceso para la declaración de Procedencia de la Acción Penal en contra de Moreno Cárdenas.
La Sección Instructora es una instancia integrada por cuatro diputados miembros de la Comisión Jurisdiccional, que tiene a su cargo practicar todas las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta o hecho de responsabilidad política y/o penal de algún servidor público, en este caso de los legisladores, estableciendo las características y circunstancias del caso y precisando la intervención que haya tenido el denunciado. Las conclusiones de la Sección Instructora terminarán proponiendo que se declare que hay o no lugar a proceder en contra del servidor público denunciado por la conducta o el hecho materia de la denuncia que dio origen al procedimiento.
En el capítulo que define el Procedimiento para la Declaración de Procedencia de la Acción Penal, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos explica en su Artículo 25 que “cuando se presente denuncia o querella por particulares o requerimiento del Ministerio Público cumplidos los requisitos procedimentales respectivos para el ejercicio de la acción penal […] la Sección Instructora practicará todas las diligencias conducentes a establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado, así como la subsistencia del fuero constitucional cuya remoción se solicita. Concluida esta averiguación, la Sección dictaminará si ha lugar a proceder penalmente en contra del inculpado”.
Agrega el mismo artículo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que “si a juicio de la Sección Instructora, la imputación fuese notoriamente improcedente, lo hará saber de inmediato a la Cámara, para que ésta resuelva si se continúa o desecha, sin perjuicio de reanudar el procedimiento, si posteriormente aparecen motivos que lo justifiquen […] La Sección Instructora deberá rendir su dictamen en un plazo de sesenta días hábiles, salvo que fuese necesario disponer de más tiempo, a criterio de la Sección”.
El siguiente paso lo establece el Artículo 26 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que “dada cuenta del dictamen correspondiente, el Presidente de la Cámara anunciará a ésta que debe erigirse en Jurado de Procedencia al día siguiente a la fecha en que se hubiese depositado el dictamen, haciéndolo saber al inculpado y a su defensor, así como al denunciante, al querellante o al Ministerio Público, en su caso”.
“Si la Cámara de Diputados declara que ha lugar a proceder contra el inculpado, éste quedará inmediatamente separado de su empleo, cargo o comisión y sujeto a la jurisdicción de los tribunales competentes. En caso negativo, no habrá lugar a procedimiento ulterior mientras subsista el fuero, pero tal declaración no será obstáculo para que el procedimiento continúe su curso cuando el servidor público haya concluido el desempeño de su empleo, cargo o comisión”, explica el Artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que además, advierte: “Las declaraciones y resoluciones definitivas de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables”.
Condicionada por razones políticas, que le concedieron a Alejandro Moreno el beneficio de que su expediente se fuera a la congeladora en 2022, la Declaración de Procedencia de la Acción Penal en su contra se quedó en el suspenso, luego que el PRI apoyó la reforma constitucional que permitió a las fuerzas armadas continuar en las calles en apoyo de las tareas de seguridad pública hasta el 2028, asunto prioritario para Morena y el Gobierno de la Cuarta Tranaformación.
El asunto tendrá que pasar nuevamente por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que preside el morenista Ricardo Monreal Ávila, quien tendrá que negociar con el coordinador de los diputados priistas Rubén Ignacio Moreira Valdez y con la coordinadora de los legisladores de Movimiento Ciudadano, la exgobernadora priista de Yucatán, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco. Una vez más los acuerdos cupulares podrían salvar al dirigente priista de rendir cuentas ante la justicia.
