Dos hechos históricos colocan a la Corte y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la discusión pública por estos días: la desprestigiada Corte de Zedillo que se va, porque la nueva composición, la de las y los ministros electos en un modelo de votación inédito: mediante el voto directo de la ciudadanía, asumirán el cargo el 1 de septiembre próximo; y, desde otro ámbito, recientemente el Gobierno federal anunció una inversión histórica para la CFE, para la modernización y ampliación de las líneas de transmisión de electricidad, como parte del fortalecimiento del sector público.
Relacionar uno y otro ámbito, es porque en los tiempos en que desde el Gobierno federal prianista, cuando se aplicaba el neoliberal plan de desmantelamiento y privatización de las empresas públicas, fue desde esa Corte neoliberal –la que creó Zedillo hace 30 años– desde donde se favoreció a los privados y empresas extranjeras que se servían de la infraestructura de la CFE, que recibían subsidios y todo tipo de privilegios para capitalizar sus empresas y arrebatarle a la CFE el mercado de la electricidad.
Fueron los integrantes de esa Corte neoliberal quienes convalidaron y ayudaron a los presidentes que pretendieron acabar con la paraestatal que había sido creada por el Presidente Lázaro Cárdenas.
Premonitoriamente, ya en 1960 lo había advertido el Presidente López Mateos cuando en su poderoso mensaje del 27 de septiembre anunciaba la nacionalización de la industria eléctrica. En su mensaje habló de esos “malos mexicanos” que intentarían entregar los recursos energéticos, los cuales, además de ser un bien público, contribuyen a la soberanía y seguridad nacional.
Vale la pena recordar lo que dijo López Mateos, cuando anunció la nacionalización de la industria eléctrica:
“Les devuelvo la energía eléctrica, que es de la exclusiva propiedad de la Nación, pero no se confíen porque en años futuros, algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros.
“Ni un paso atrás, fue la consigna de Don Lázaro Cárdenas del Río, al nacionalizar nuestro petróleo. Hoy le tocó por fortuna a la energía eléctrica. Pueblo de México, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la Nación que conformamos”.
Industrializar al país, dijo, no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales, “ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la Patria”.
La estrategia de debilitamiento y desmantelamiento de CFE arrancó desde el Gobierno de Carlos Salinas, a la que dio continuidad Zedillo; ambos, en detrimento de la Constitución, empezaron a entregar a algunos industriales, empresas mineras, acereras, cementeras, y otras, las primeras autorizaciones para que produjeran su electricidad, restándole a la CFE ese mercado.
A la CFE se le fue sometiendo a un mecanismo desde el cual se iban estructurando negocios de privados, principalmente de corporativos españoles a los que los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, les consintieron utilizar la infraestructura de CFE, para expandir el polémico mercado paralelo que le iba restando más y más mercado a CFE, mediante la tramposa figura que eufemísticamente llamaban “autoabasto”, que en realidad encubría un modelo de comercialización de energía, y que mediante esa simulación, tramposamente se iban quedando con los mayores consumidores. Esos corporativos privados ni siquiera invertían en infraestructura, porque utilizaban las líneas de transmisión de CFE; es decir, se colgaban de la infraestructura que con dinero público se había creado.
En todo ese esquema hay por lo menos dos episodios clave, que fueron determinantes en contra de la CFE, y esos fueron las disposiciones dictadas desde la Suprema Corte, cuyos fallos judiciales dañaron severamente a la Comisión Federal de Electricidad: el primero de ellos en tiempos de Vicente Fox, cuando los panistas maquinaron que los permisos de supuesto autoabastecimiento incluyeran la figura de “asociados beneficiados”, para que un solo permiso otorgado a un productor privado le diera la posibilidad de generar energía eléctrica para vendérsela a terceros simulando sociedad.
Así fue como empresas como Iberdrola se quedaron con mucho del sector eléctrico. Entre sus asociados, beneficiados de ese polémico esquema, se cuentan empresas como las de los González Guajardo, de allí su férrea defensa a ese modelo.
Cuando la Auditoría Superior de la Federación de esos tiempos comenzó a revisar esos fraudulentos permisos (que otorgaba la Comisión Reguladora de Energía), y fue encontrando más y más anomalías que dañaban severamente las finanzas y operación de la CFE, le solicitó al Ejecutivo que se cancelaran esos permisos; en respuesta el Gobierno de Fox recurrió ante esa Corte presentando un recurso contra la Auditoria Superior, para que dejara de revisar esos permisos.
Y fue cuando la SCJN asestó un golpe a la CFE, porque, sin entrar a la discusión de fondo del asunto, la Corte le dijo a la Auditoria Superior que se había “excedido en sus facultades” y que no podía seguir revisando esos permisos. De esa manera, desde la Corte se solaparon esas trampas mediante las cuales a CFE se le iba despojando de su participación en el mercado eléctrico, y además se le imponía que le comprara a los privados todos los supuestos excedentes que de manera artificial decían generar.
Era como si a esos piratas del sector eléctrico se les diera patente de corso para que se fueran apoderando del mercado.
Abiertamente algunos integrantes de aquel Gabinete de Fox decían que buscaban eliminar las restricciones legales para que los privados aprovecharan “al máximo” esas figuras de “autoabastecimiento”, y era porque ellos mismos estaban vinculados a las empresas beneficiarias.
Ya para tiempos de Felipe Calderón, se habían entregado 772 de esos supuestos “permisos especiales” a empresas extranjeras, las cuales, habían despojado a CFE del 49.4 por ciento del mercado.
Luego llegaron las polémicas reformas de Peña Nieto con que se hizo Ley toda esa política privatizadora: los privados alcanzaron 62 por ciento del mercado eléctrico mediante cuatro modalidades (autoabastecimiento, productores independientes, subastas de largo plazo y centrales construidas posteriormente a la reforma peñanietista).
A su llegada, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, como parte de su propuesta de Gobierno, buscó revertir esa tendencia privatizadora que tanto había debilitado a la CFE.
Recordemos que, como parte de sus compromisos de Gobierno, el Presidente López Obrador planteó detener el plan de desmantelamiento que sus antecesores habían hecho a la CFE y fortalecerla.
Así que para un proyecto que buscaba garantizar la soberanía energética, como el propuesto por el Presidente López Obrador, revertir esa tendencia que había debilitado a CFE era indispensable.
De manera que, como parte de la renacionalización de la industria eléctrica, desde el Ejecutivo se propusieron las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), con razonamientos suficientemente claros y contundentes para convencer de la necesidad de desmontar esos entramados que eran lesivos al interés público.
Y en ese contexto ocurrió el otro episodio de esa Corte neoliberal contra la CFE, para frenar cada una de las iniciativas con las que el Presidente buscaba fortalecerla.
Se dio una cascada de amparos (162) promovidos por las empresas que buscaban frenar las nuevas disposiciones. A lo anterior se sumaron acciones de inconstitucionalidad presentadas por un grupo de senadores que llegarían hasta la SCJN.
Esa Corte, la de los lujos, la de sueldos onerosos, la del derroche y privilegios se convirtió en un bloque opositor al proyecto del Ejecutivo que buscaba fortalecer la empresa pública de electricidad, aun cuando situaciones de emergencia a nivel global, que generaban apagones en varios países en los cuales el suministro de energía está completamente privatizado, hacían evidente lo primordial de la seguridad energética.
El contexto mundial le daba la razón al Presidente en el argumento de que fortalecer la empresa pública de electricidad y garantizar la electricidad en el país como un derecho, es fundamental para la ciudadanía, y un tema de seguridad nacional para el país.
Pero el Poder Judicial seguía otorgando amparos, de manera que, la salida fue proponer una contrarreforma, que llegó al Congreso para su discusión en 2021.
Comenzó entonces el intenso cabildeo de empresas eléctricas principales beneficiarias del mecanismo neoliberal de despojo contra la CFE, de la mano de legisladores de oposición los de la coalición Prianredista, quienes, como era de esperarse, se opondrían a la reforma.
Como anecdotario queda el enorme interés que aquella discusión en el Congreso generó en la ciudadanía: aunque era plena Semana Santa, a las puertas del Congreso, ciudadanos se manifestaban exigiendo a los legisladores que aprobaran dicha reforma, y los canales que transmitían en vivo registraron niveles récord de audiencia.
Después, la llegada al Gobierno de la actual Administración que propuso dar continuidad al fortalecimiento y modernización de la CFE, y con una mayoría en el Congreso, se aprobaron reformas, y se emitieron diversos decretos y leyes acorde a la Estrategia Nacional del Sector Energético, incluida la Ley de la Empresa Pública del Estado Comisión Federal de Electricidad.
En sus 100 pasos para la transformación, la Presidenta Claudia Sheinbaum propuso todo un plan de desarrollo para garantizar y fortalecer la capacidad de trasmisión y distribución de energía.
Es en ese contexto, que el pasado 21 de agosto, desde Palacio Nacional se anunció la inversión de ocho mil 177 millones de dólares (unos 163 mil 540 millones de pesos) para el sistema nacional de transmisión eléctrica, (la Red Nacional de Transmisión) que es estratégica porque es mediante esta infraestructura que se transporta toda la energía eléctrica a lo largo y ancho del país, y porque es parte de la confiabilidad del sistema eléctrico; es un ámbito de seguridad energética y seguridad nacional.
La inversión incluye la construcción de 275 nuevas líneas estratégicas de transmisión (que comprende miles de kilómetros), así como la modernización de las ya existentes, y la construcción de 524 nuevas subestaciones.
Como parte del Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional, se proyecta, entre muchas otras acciones, el interconectar comunidades asiladas, lo que contribuiría a reducir la pobreza energética; es decir, justicia social para esas comunidades al garantizarles un derecho.
El anuncio de los recursos con que se fortalece el sistema eléctrico público nacional resulta simbólico en los tiempos en que la Corte que quiso destruir a la CFE está de salida, y, ante sus polémicos fallos en contra del interés público, acabó desprestigiada.
