La Reforma Electoral debe estar enfocada a desaparecer las diputaciones y las senadurías plurinominales. Y en el mismo paquete tendrían que ir los diputados plurinominales de los congresos estatales. También debe desaparecer el fuero, la inmunidad constitucional que protege a delincuentes que se amparan en los membretes de sus partidos, convertidos en camarillas de vivales que se han acostumbrado a medrar con los recursos públicos.

La Reforma Electoral debe estar orientada a disminuir el financiamiento abusivo a los partidos políticos y también reducir el gasto en la dispendiosa estructura electoral del país. Para tal propósito habría que considerar en la reforma que el Instituto Nacional Electoral tendría que asumir las funciones que actualmente tienen los institutos electorales de los estados, financiados y sometidos por los gobernadores de las entidades federativas, que manipulan a capricho los resultados de los comicios.

La Reforma Electoral debe estar orientada a desaparecer los Tribunales Electorales de los estados, sometidos a los caprichos de los mandatarios estatales y propiciar que sean las cinco salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación las que atiendan las controversias electorales en las 32 entidades del país, para que la Sala Superior del Tribunal Electoral sea la segunda instancia que resuelva en definitiva las decisiones controversiales que surjan de las salas regionales de Jalisco, Monterrey, Xalapa, Ciudad de México y Toluca, que cubren las Cinco Circunscripciones Electorales del país.

La Reforma Electoral debería estar orientada a darle más herramientas, facultades y responsabilidades a las fiscalías especializadas en delitos electorales, tanto la federal como las de los 32 estados del país, que deberían estar sujetas a una estricta supervisión, porque hasta la fecha no han servido de mucho, pues son excepcionales los casos de políticos que han pisado las cárceles por cometer delitos electorales. Igual podría decirse de los clérigos de los más diversos cultos e Iglesias, que meten sistemáticamente la nariz en los partidos políticos y en los comicios, y que nunca son castigados por las fiscalías electorales y mucho menos por la Secretaría de Gobernación, presunta responsable de vigilar que se cumplan los principios de Estado Laico, establecidos en el artículo 130 constitucional y en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

Una reforma constitucional que no considere estos profundos cambios no tendría ningún sentido como argumento de la Cuarta Transformación y si la iniciativa que presentará la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no es respaldada por sus parasitarios aliados del Partido Verde y del Partido del Trabajo, tendría que considerarse una derrota política para Morena y para la Presidenta de la República y una traición de los responsables de llevarla a buen puerto en la coordinación de las mayorías calificadas en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, el Senador Adán Augusto López Hernández y el Diputado Ricardo Monreal Ávila.

Si persiste la renuencia del Partido Verde y del Partido del Trabajo a respaldar una Reforma Electoral verdadera y de fondo, bien haría la Presidenta Sheinbaum Pardo en archivar temporalmente su iniciativa y orientar todas las fuerzas de Morena rumbo a las elecciones de diputados federales y de 17 gubernaturas en 2027, sin la carga parasitaria del Partido Verde y del Partido del Trabajo. Es muy probable que Morena no pudiera conservar la mayoría calificada de 334 legisladores, pero seguramente, con sus propias fuerzas, al Partido Verde y al Partido del Trabajo les costaría muchísimo trabajo conservar su registro y las jugosas prerrogativas del financiamiento público.

Y Morena tendría que publicitar intensamente que en los comicios del 2027 iría sólo, sin la carga de los traidores que no respaldaran la iniciativa de reformas de la Presidenta Sheinbaum Pardo, para que no recibieran los votos que la mayoría les ha depositado, en el supuesto de que son fuerzas que apoyan el proyecto de la Cuarta Transformación. En la siguiente legislatura, Morena tendría tiempo para amarrar nuevas alianzas en el seno del Poder Legislativo y sumar los diputados federales necesarios, ya sin la carga perniciosa de sus convenencieros aliados.

Apenas el pasado miércoles 28 de enero del 2026 dieron una conferencia de prensa conjunta la dirigente de Morena, Luis María Alcalde  Luján; el presidente del PT, Alberto Anaya Gutiérrez y la presidenta del PVEM, Karen Castrejón Trujillo, para anunciar que la coalición electoral de esos tres partidos está firme para los comicios del 2027 y 2030. Sin embargo, en ningún momento alguno de ellos se comprometió a garantizar que la Reforma Electoral promovida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tendría su respaldo para que sea aprobada en el Congreso.

La gente que apoya el proyecto de la Cuarta Transformación sigue esperando que el Gobierno de Claudia Sheinbaum profundice el combate contra la corrupción, tanto dentro como fuera de sus filas. Hay suficientes evidencias públicas para presumir que la Fiscalía General de la República, con el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, podría consolidar carpetas de investigación sólidas para proceder contra una amplia cofradía de políticos y presuntos servidores públicos que pudren la vida pública, que deberían estar en la cárcel y no ocupando, de manera parasitaria, espacios en las cámaras de diputados y senadores. Lo mismo sería aplicable a los casos de algunas dirigencias partidistas.

Con o sin Reforma Electoral, el gobierno de la Cuarta Transformación llegaría fortalecido a los comicios presidenciales del 2030 si prueba fehacientemente que el combate a la corrupción pasó de ser un simple enunciado y que la supuesta diferencia entre el actual régimen y los que le antecedieron, priistas y panistas, es que está dispuesto a combatir a los corruptos y meterlos a la cárcel, en una cruzada real y valiente, para desterrar la impunidad, las complicidades y los privilegios.

El desafío de la Reforma Electoral, que puede fructificar o frustrarse entre febrero y marzo del 2026, y en el peor de los casos, ser meramente superficial y cosmética, podría establecer un parteaguas en la vida pública del país para que Morena y el Gobierno de la Cuarta Transformación tiren lastre, tanto de sus presuntos aliados como de su militancia corrupta y envilecida, para responder, en forma valiente y honrada, a los reclamos de los seguidores del Proyecto de la Cuarta Transformación que podrían representar, en el 2030, entre 36 y 40 millones de votos. Morena y el gobierno de la Cuarta Transformación tienen los enemigos en casa y deben tirarlos por la ventana, sin consideración alguna.