Hay decisiones judiciales que no sólo corrigen una ley mal hecha, sino que devuelven un poco de aire en contextos donde la palabra empieza a faltar. La declaración de inconstitucionalidad del delito de “ciberasedio” en Puebla es una de ellas. 

Desde julio pasado esa figura penal estuvo ahí, lista para ser usada. Un delito formulado de manera vaga, capaz de convertir una crítica incómoda, una denuncia pública o una discusión en redes sociales en materia penal. Bastaba con que alguien se sintiera “hostigado” o “agraviado” por una opinión o cualquier expresión en redes sociales para abrir la puerta a la criminalización. 

El juzgado que concedió el amparo promovido por Artículo 19, con el sólido acompañamiento jurídico de PROJUC, puso un alto necesario. Ya lo habían hecho otros juzgados de distrito (federales) en amparos promovidos por las organizaciones Propuesta Cívica y el Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Dijo, en esencia, que el derecho penal no puede ser el camino para regular la expresión, mucho menos en entornos digitales donde la conversación pública es intensa, plural y, por definición, incómoda para el poder. Penalizar la palabra no previene la violencia genera un efecto inhibitorio en el debate público ante la amenaza de cárcel.

Este fallo cobra un peso particular en Puebla, un estado donde el gobierno actual ha mostrado poca tolerancia a la crítica y al escrutinio de la sociedad. El estilo del Gobernador Alejandro Armenta —con descalificaciones públicas, confrontación, persecución legal y un discurso que ve enemigos donde hay cuestionamientos— hace evidente el riesgo que implicaba una norma como la del “ciberasedio”. En ese contexto, era claro que el gobierno poblano buscaba inhibir, cansar, asustar. Por ello, tal como expuso Artículo 19 en su informe “Las leyes como mecanismo de censura: aumento del acosos judicial contra periodistas en México”, Puebla forma parte del grupo de seis estados con más casos de hostigamiento judicial contra la prensa.

Pero hay algo más que no debería pasar desapercibido. Este amparo llega justo cuando el propio juicio de amparo está bajo ataque. Las reformas que se aprobaron el año pasado para limitar el interés legítimo, reducir los efectos de las suspensiones y así cerrar la puerta a litigios en defensa de los derechos humanos buscan debilitar una de las pocas herramientas que aún permiten a la ciudadanía defenderse del abuso de poder.

El caso de Puebla muestra por qué eso importa. Sin la posibilidad de que periodistas (individual o colectivamente) y organizaciones impugnaran una norma que afecta a todas y todos, la censura habría quedado normalizada bajo apariencia de legalidad. 

También confirma que sin jueces independientes, con margen para frenar excesos, la palabra habría quedado sola. No queremos echar las campanas al vuelo, pero hay destellos de esperanza. Los poderes judiciales locales se alinean con los intereses políticos que buscan callar a periodistas es evidente (véase Puebla, Campeche o Veracruz). Más ahora que la Reforma Judicial ha hecho una captura aún más descarada de los mismos. 

Pero hasta ahora, el (nuevo) Poder Judicial de la Federación, lleva un balance aceptable en materia de libertad de expresión. Incluso la SCJN declaró inconstitucional -esta semana- el delito de “halconeo” en Sinaloa, aprobado para bloquear la cobertura sobre la violencia desatada por las facciones del Cártel de Sinaloa.

Otra lección es que la articulación social sigue siendo necesaria. Sin periodistas organizadxs, ciudadanía activa, organizaciones con capacidad de litigio y voces públicas críticas, este tipo de restricciones a la libertad de expresión hubieran pasado sin resistencia. El terreno ganado en la disputa jurídica ha ido a contracorriente de un oficialismo permisivo con la censura, cuando no abiertamente proactivo en imponerla.

En esta historia, aún sin cerrar, habrá seguramente un capítulo adicional. El Congreso de Puebla puede impugnar y lo hará. Sería muy lamentable que un tribunal colegiado, o incluso la SCJN, revirtieran esta importante decisión y similares resoluciones dictadas a favor de otros periodistas y organizaciones. Pero en un Poder Judicial altamente politizado cualquier cosa puede pasar. Esperemos que el derecho y la justicia prevalezcan y se ponga un pie, aunque sea en este caso, al avance de la censura en México.