México, 19 Jun. (Notimex).- El presidente de la Comisión Especial de Programas Sociales, José Francisco Coronato Rodríguez, llamó a los servidores públicos a respetar y conducirse en el marco de legalidad durante el proceso electoral del próximo 7 de julio en 14 estados.
Durante una reunión con el gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, el legislador destacó la necesidad de implementar reglas de operatividad que conlleven la eficiencia y eficacia de los programas sociales, a fin "de coadyuvar con las instancias que convergen en el proceso electoral".
El diputado de Movimiento Ciudadano propuso impulsar un código único en el que se utilicen términos similares entre un programa y otro, al considerar que actualmente en lugar de ayudar, complican.
Dijo que se hará lo posible para que las elecciones "sean 100 por ciento transparentes" y señaló que en las reuniones que los integrantes de la comisión han realizado por los estados que tendrán elecciones el 7 de julio, se ha generado una buena sinergia con todos los partidos.
"Coincidimos en que lo peor que podemos hacer en un proceso electoral es presentar denuncias públicas sin tener las pruebas suficientes para interponerlas en las instancias competentes", agregó.
A su vez, José Alejandro Montano Guzmán, secretario de la Comisión Especial, señaló que el objetivo es conocer las acciones que han implementado los gobiernos en torno a los programas sociales, de cara a las elecciones.
Resaltó la importancia de crear una ventanilla de atención para facilitar la denuncia ciudadana y precisó que un alto número de denuncias en una misma entidad no significa que tenga complicaciones, "sino que la ciudadanía tiene más confianza en sus instituciones locales".
Leonor Romero Sevilla, de Acción Nacional, (PAN) dijo que se debe trabajar con la sociedad para modificar las reglas de operación que complican el acceso de los beneficiarios a los programas sociales, y llamó a hacer un ejercicio que permita procesos electorales transparentes y democráticos.
Se pronunció por el blindaje de los programas sociales, porque "las leyes ahí están, el problema es que se cae en la tentación y la que paga es la ciudadanía".
La diputada del Partido Verde, Ruth Zavaleta Salgado, destacó a su vez la necesidad de que los programas sociales serán conocidos por la ciudadanía en general y por quien quiera conocerlos, por lo que planteó que los listados de los padrones federales y estatales de beneficiarios los pueda consultar la ciudadanía.
Coincidió en la necesidad de llevar a cabo una reunión posterior con funcionarios de las dependencias encargadas de los programas sociales y el proceso electoral, para enriquecer el trabajo con la pluralidad de ideas porque son quienes conocen mejor las necesidades de la población en las diferentes regiones de México.
De su lado, la legisladora del Revolucionario Institucional, Alma Marina Vitela Rodríguez, se manifestó por fomentar una cultura de la denuncia en México, para que los programas sociales lleguen a quienes los necesitan.
En su oportunidad, el gobernador Herrera Caldera afirmó que en tiempos de procesos electorales los cargos, las responsabilidades y los recursos de programas sociales deben mantenerse al margen de los comicios.
Aseguró a los legisladores que para garantizar una elección limpia y confiable se implementó en tiempo y forma el blindaje de los apoyos para evitar la tergiversación de su uso.
Posteriormente, los integrantes de la Comisión Especial se reunieron con el titular del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC), Javier Mier Mier.
Indicó que el IEPC contribuye en la capacitación de funcionarios de los tres órdenes de gobierno para que sepan qué se puede y qué no se puede hacer, así como enseñar educación cívica con respeto a los valores democráticos de honestidad, transparencia y rendición de cuentas.
Desde dicho organismo, aseveró, se hace un esfuerzo cotidiano por informar y hacer a un lado la opacidad. "Es un cáncer que degrada las instituciones".
El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del estado de Durango, Raúl Montoya Zamora, indicó que está en marcha un proyecto del Expediente en Línea, para que se pueda tener acceso a él desde las oficinas y hogares.
Mencionó que se han recibido 47 medios de impugnación, los cuales se han resuelto con la rapidez que requiere el proceso electoral, que en promedio tardan seis días, y 48 horas cuando son más urgentes.
De ese total, 30 por ciento se ha resuelto en instancias federales y sólo una sentencia ha sido revocada, lo que habla del "profesionalismo del Tribunal", resaltó.
