Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).– Enrique Serrano Escobar, actual Presidente Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, denunció que desde hace cuatro años, cuando apenas se mencionaba su nombre entre los aspirantes a esa Alcaldía, recibió la oferta de una agencia de seguridad de Estados Unidos para colaborar con ellos en sus investigaciones a través de “acuerdos extraoficiales”.
El Alcalde, quien tomó posesión del cargo el pasado 10 de octubre, relató a El Diario de Juárez que rechazó la petición que le hicieron los estadounidenses porque no está de acuerdo con esas prácticas que se realizan “por debajo del agua”.
“Aunque dijo recordar muy bien los términos de la entrevista que se realizó en el 2010, Enrique Serrano no reveló detalles del encuentro ni especificó qué corporación le hizo la oferta, sólo mencionó que la petición era establecer acuerdos extraoficiales para que, en caso de ser el candidato y ganar la elección local de ese año, tener coordinación y cooperación en ‘cosas muy importantes’”, detalló el político priista al periódico fronterizo.
En una entrevista con la reportera Gabriela Minjárez, Serrano expuso: “Cuando se mencionaba mi nombre como candidato para la campaña de 2010 me buscaron del otro lado y no los quería atender, tanto insistieron que un día acepté la entrevista y me dijeron: es que nosotros hacemos acuerdos extraoficiales; les dije: no pues conmigo no va a haber acuerdos extraoficiales y se me quedó viendo el americano como que no me la creía, como diciendo quién te crees”.
El Edil afirmó que le dijo a los oficiales extranjeros no estar dispuesto a aceptar ese tipo de acuerdos extraoficiales si llegaba a ser el candidato y después el Alcalde, como de hecho ocurrió pero al siguiente trienio, en 2013.
“Me dijo que la coordinación y la cooperación a veces requiere hacer ‘cosas’. Así me dijo. ‘Cosas que son importantes’. Pero les dije que conmigo no iba a haber acuerdos extraoficiales”, planteó a El Diario.
También expuso que rechazó la petición porque sabe que con ese tipo de acuerdos se pueden realizar prácticas como la que recientemente fue denunciada públicamente por un ciudadano, quien aseguró que fue “secuestrado” por policías municipales que al parecer lo entregaron a oficiales de la Agencia Antidrogas (DEA), quienes se lo llevaron a El Paso sin cumplir con algún protocolo legal.
“En esos acuerdos extraoficiales entran ese tipo de cosas, detener maleantes y entregarlos en una esquina para que se los lleven, trabajar bajo encargo, buscar a una persona que ya tienen ellos localizada, que saben su domicilio, pero como ellos no pueden ir a detenerlos, entonces va la Policía, los saca de las greñas y se los entrega en la banqueta y ellos se los llevan”, agregó.
Serrano Escobar reiteró que aunque para las autoridades estadounidenses es muy cómodo establecer estos acuerdos y es una práctica muy común en todo el mundo, declinó la petición y hasta la fecha sólo ha aceptado mantener colaboración pero de carácter oficial.
“Hacen muchas cosas y yo no me quiero ver involucrado en nada de eso”, dijo.
LEYZAOLA ES INVESTIGADO
La semana pasada, la Policía Municipal informó que realiza una investigación interna para establecer si el anterior secretario de Seguridad Pública, Julián Leyzaola Pérez, tenía un grupo especial de agentes y ex militares para “levantar” a presuntos delincuentes y entregarlos a agencias de Estados Unidos o a autoridades estatales y federales mexicanas.
Esto, luego de la denuncia del caso de Manuel Gerardo Velásquez Mascorro, un mexicoamericano que enfrenta un proceso por narcotráfico en una Corte estadounidense, pero alega que fue “secuestrado” por elementos municipales que al parecer lo entregaron a agentes de la DEA, quienes de manera irregular se lo llevaron a El Paso por la Línea Exprés del puente Zaragoza el 16 de agosto de 2013.
Leyzaola Pérez, ex militar en condición de retiro, asumió el 10 de marzo de 2011 el cargo de Secretario de Seguridad Pública en Juárez, puesto al que fue invitado a participar directamente por el entonces Edil priista, Héctor Murguía Lardizábal.
Desde 2008, el polémico teniente coronel fue Secretario de Seguridad Pública en Tijuana, Baja California, donde aplicó una estrategia de seguridad que, de acuerdo con cifras oficiales, logró disminuir la delincuencia. Sin embargo, las estadísticas de abusos policiacos a los derechos humanos repuntaron.
Derivado de diversas denuncias en su contra en Tjuana, el 29 de agosto de 2012 fue inhabilitado por ocho años para ejercer un cargo en Baja California, al comprobarse que incurrió en violaciones a los derechos humanos en la modalidad de tortura, abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza pública, durante su estadía al mando de las fuerzas de seguridad en esa ciudad fronteriza.
