Hay muchas maneras de que un gobierno, el que sea, envíe mensajes a una sociedad. El manotazo de Gustavo Díaz Ordaz en el Congreso de la Unión decía no solamente que mantendría una mano dura sino que asumía las consecuencias. O el traje militar de Felipe Calderón Hinojosa, justo en el inicio de su sexenio, advertía que aunque tomara decisiones idiotas, seguiría firme en ellas. Los ejemplos sobran.

Este jueves vimos uno más, y es lamentable: se refiere al profesor Alberto Pathistán Gómez, un hombre humilde que tuvo la osadía de salir en defensa de los vecinos en el pueblo chiapaneco del que se despidió con esposas en las manos.

En nueve meses de gobierno, Enrique Peña Nieto mandó un primer mensaje relacionado con la impartición de justicia: si Florence Cassez Crepin no recibió los beneficios de un sistema judicial justo, debía ser excarcelada. No fue una decisión fácil y muchos se declararon ofendidos, pero a la ciudadana francesa el ex Secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, así como sus allegados, le violaron sus derechos. Salió libre. Un triunfo para el debido proceso y una bofetada para un sexenio, el de Felipe Calderón, que en aras de una guerra a todas luces inútil violó los derechos de miles, según organizaciones nacionales e internacionales.

Luego vinieron otros mensajes del sexenio de Peña Nieto. En un principio, el arresto de Elba Esther Gordillo Morales se tomó como una causa justa y luego derivó en lo de siempre: un arresto político más, una vendetta.

Le siguieron, en cascada, otra serie de liberaciones que hasta la fecha son incomprensibles para el derecho.

Primero Raúl Salinas de Gortari: quedó libre y le regresaron sus bienes, como para decir que había llegado un nuevo equipo a Los Pinos, con sus propias lealtades y con sus propios códigos.

Luego fue la salida del narcotraficante Rafael Caro Quintero. Después, la del asesino intelectual del periodista Manuel Buendía Tellezgirón; el ex titular de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), José Antonio Zorrilla Pérez, abandonó esta misma semana la cárcel y ahora vive cómodo en su domicilio. Poco antes salieron los generales de prisión, en un caso que, parece, remendaba un error deliberado de la justicia en tiempos de Calderón.

El último mensaje que ha enviado el sistema judicial en tiempos de Peña Nieto es que no importa la impartición de la justicia, sino el peso que se tiene en el Estado para que se te haga justicia.

Ahora, en el último de los mensajes en tiempos de Peña Nieto, el caso Alberto Patishtán.

El maestro indígena de habla tzotzil se opuso a un Alcalde priista, abusón y manipulador; ayudó a sus vecinos y a la gente del campo.

Ahora le han confirmado que pasará 60 años preso por crímenes que, según innumerables testigos, no cometió.

Es decir: A los amigos, la benevolencia; a los opositores, la mano dura.

El caso de Patishtán no es solamente dramático sino triste. Porque en teoría, los mexicanos hemos pagado un sistema democrático caro al que estos manotazos echan por la borda.

En un país en el que un hombre vinculado con el pantano más sucio (el narcotráfico y la política) como Raúl Salinas de Gortari puede estar libre; en un país donde un maestro indígena lleva 13 años encarcelado sin pruebas, habría que preguntarse –sólo por la simple curiosidad– cuál es la idea del progreso, cuál es la diferencia entre los derechos de un pobre en los siglos XVI y XVII, y los de otro pobre en el siglo XXI.

Desgraciado, tzotzil Patishtán, que no tiene un hermano ex Presidente, ni cuentas en Suiza, ni pasaportes falsos con un apellido distinto al del indio que es.

Desgraciado Patishtán, quien por azares de la vida no es parte del Grupo Atlacomulco, ni se acuesta con españolas hermosas, ni tiene yates ni ranchos incontables, como Raúl Salinas de Gortari.