Marisela Morales Ibáñez, abogada general de México y, según Los Angeles Times, “una de las funcionarias favoritas desde hace mucho tiempo de los agentes de seguridad estadounidenses en México”, dijo en entrevista con el diario angelino que ella se enteró de “Rápido y Furioso” por los informes de la prensa. Y hasta la fecha, aseguró, las autoridades de Estados Unidos no le han informado los detalles sobre lo que salió mal en esta operación, ni tampoco se han disculpado.
“En ningún momento se supo ni se nos hizo saber que hubieran permitido el tráfico de armas”, afirmó Morales, según la información firmada por Ken Ellingwood, Richard A. Serrano y Tracy Wilkinson. “De ninguna manera se lo habríamos permitido (a EU), porque es un ataque a la seguridad de los mexicanos”, dijo la abogada general de México.
La funcionaria expuso que no quería sacar conclusiones antes de conocer el resultado de las investigaciones que realiza Estados Unidos sobre el caso, pero sí comentó que dejar que esas armas circularán “deliberadamente” en México –con la intención de rastrearlas en poder de los cárteles de la droga y, luego, poder dar con los mandos de estos grupos criminales– “representaría una traición” a un país que ha emprendido una guerra contra las drogas, que le ha costado la muerte de más de 40 mil personas.
Según Los Angeles Times, Marisela Morales también explicó que no fue sino hasta enero de este año que el gobierno mexicano se enteró de la existencia de un programa encubierto, que resultó ser “Rápido y Furioso”. En ese momento, tampoco se proporcionaron detalles, aseguró.
Funcionarios de EU dieron acceso a información a sus homólogos mexicanos hasta que fue arrestado un grupo de 20 sospechosos en Arizona.
“Fue entonces cuando nos enteramos de este caso y del tráfico de armas”, dijo Morales a el Times. “Ellos no han admitido que permitieron el tráfico. Hasta ahora, no lo continúan negando”.
Como se sabe, agentes estadounidenses perdieron el rastro en México de miles de armas dentro de ese programa, mismas que fueron a parar en manos de los cárteles del narcotráfico.
“El ocultamiento de la cifra de sangrienta de “Rápido y Furioso” se llevó a cabo a pesar de los pronunciamientos oficiales sobre la creciente cooperación e intercambio de inteligencia en la lucha contra el vicio de México contra las organizaciones de narcotraficantes. El secreto se prolongó aun cuando el presidente Felipe Calderón y otros altos funcionarios mexicanos se quejaron amargamente, una y otra vez, sobre el flujo de armas hacia México desde EU”, plantea la información del Times.
La investigación del diario cita a Patricia González, ex procuradora de Chihuahua en 2010, cuyo hermano fue secuestrado cuando ella estaba en funciones. González dijo a los reporteros del periódico angelino que había trabajado estrechamente con funcionarios de EU desde hace años y se sorprendió al enterarse, muchos meses después, también por informes de los medios de comunicación, sobre la relación entre el asesinato de su hermano y las armas de “Rápido y Furioso”.
“La ineptitud básica de estos funcionarios (los que ordenaron la operación de “Rápido y Furioso”) causó la muerte de mi hermano y seguramente miles de víctimas más”, dijo González.
