Colectivos de personas desaparecidas se congregaron frente al Senado de la República para protestar contra el posicionamiento de parte del Gobierno mexicano sobre que no hay desapariciones forzadas sistemáticas en el país, luego de que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU iniciara un procedimiento formal contra México por la crisis de desapariciones.
Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).– Con el lema “negar y ocultar es también desaparecer”, colectivos de personas desaparecidas en México realizaron una clausura simbólica en el Senado de la República como respuesta al posicionamiento de la Cámara de Diputados, del propio Senado y de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quienes han negado la existencia de desapariciones forzadas en el país, luego de que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunciara que, por primera vez, aplicará el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, con un procedimiento formal contra México debido a la grave crisis de desapariciones que atraviesa el país.
“Nos preocupa y nos avergüenza. Primero, este procedimiento y la respuesta que da la ONU es en respuesta a una petición que hemos hecho muchas familias desde 2015, frente a la crisis de desapariciones. Nos preocupa que tanto la Presidencia como el Senado no entiendan qué son las desapariciones forzadas. Parecería que, en su mente, las desapariciones forzadas son sólo aquellas que ellos pueden cometer, pero se les olvida que el Estado mexicano no son ellos, sino que se refiere al país. Entonces, si una autoridad del país —desde lo municipal hasta lo federal— detiene y oculta a una persona, estamos hablando de una desaparición forzada”, indicó Jorge Verástegui González, hermano de Antonio Verástegui González y tío de Antonio de Jesús Verástegui Escobedo, desaparecidos en Coahuila.
Los colectivos se colocaron frente al Senado, donde desplegaron lonas y colocaron decenas de fichas con los nombres de personas desaparecidas, además de una manta con la leyenda “Clausurado”.
Recordaron que la desaparición forzada es un delito que, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, establece que “comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguido de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar información sobre la misma o su suerte, destino o paradero”. Al acto también acudieron familiares de personas desaparecidas por servidores públicos desde 2018, en respuesta al reto lanzado por el Senador Gerardo Fernández Noroña, quien pidió que se le mostrara una sola desaparición forzada ocurrida desde esa fecha.
Cristina Hernández Vega, quien busca a su hijo Jesús Alberto, desaparecido el 25 de enero de 2019 en Sonora a manos de autoridades, expresó: “Ellos dicen que no hay desaparición forzada en México, pero claro que sí hay desaparición forzada”. La madre lamentó la respuesta de las autoridades frente al problema y señaló que es una lástima que los gobiernos crean que se trata sólo de ellos, cuando es una petición hecha por los colectivos.
“¿Cómo dicen que no hay desaparición?, nos están haciendo a un lado. Quieren tapar el Sol con un dedo”, dijo.
Lucía Lagunes, hermana del activista y abogado de derechos humanos Ricardo Arturo Lagunes Gasca —desaparecido junto con Antonio Díaz Valencia, defensor del medioambiente y líder de la comunidad indígena nahua del municipio de Aquila, Michoacán, el 15 de enero de 2023—, señaló: “No es posible que sigan negándonos y que quieran ocultar la crisis en la que estamos. No nos importa qué partido esté ahorita; si ellos se colocaron en el Gobierno, que asuman las consecuencias de la herencia de todo lo que se viene haciendo. Que no lo nieguen: que lo asuman. Esta gente (los senadores) no nos está representando”.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aclaró ayer que el procedimiento iniciado contra el Estado mexicano por la crisis generalizada de desapariciones forzadas responde al rechazo del Gobierno federal y del Congreso de la Unión ante los señalamientos sobre la existencia de este delito en el país.
"El Comité es el órgano de expertos independientes encargado de supervisar la aplicación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas por los Estados Partes", sostuvo en un comunicado y explicó que ha habido una confusión de diversos actores políticos sobre el proceso que se inició.
La instancia internacional explicó que el Artículo 34 de la Convención dispone que si el Comité de la ONU recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas. Asimismo, el Comité precisó que para ello, previamente, se solicitará al Estado Parte interesado "toda la información pertinente sobre esa situación", cosa que ya pidió a México.
En México, la desaparición forzada sigue siendo una de las prácticas criminales más atroces, que a lo largo de las últimas cinco décadas ha mutado, al ser primero un mecanismo que se consolidó por parte del Estado para eliminar opositores del régimen; y luego a, partir de los 2000, como una práctica sistemática del crimen organizado, pero que se ha hecho con la complicidad de autoridades de diversos niveles, principalmente municipales y estatales.
La desaparición de personas en México ha cambiado en sus motivaciones y en los actores involucrados. De acuerdo con el investigador Roberto González Villareal, si bien en las décadas de los setenta y ochenta la desaparición forzada tenía un vínculo directo con la represión política, con el tiempo se transformó en un mecanismo de control y de rentabilidad para las industrias criminales.
“En el caso de México, como estrategia y como política de Estado, podemos establecer que esta práctica se llevó a cabo desde mediados o finales de la década de los 60 hasta mediados de los años 90 [...] A partir de los 2000, vamos a ver cómo la desaparición forzada comienza a usarse de manera sistemática y masiva dentro de lo que se ha conocido como el crimen organizado”, señaló en entrevista con SinEmbargo, Camilo Vidente Ovalle historiador e investigador especializado en temas de desaparición y autor del libro Tiempo Suspendido. Una Historia de la Desaparición Forzada en México, con el cual, hace un detallado seguimiento a las acciones de contrainsurgencia del Estado mexicano entre 1940 y 1980, con especial énfasis en la década de los 70, durante el periodo conocido como la Guerra Sucia.
Al menos 125 mil 788 personas siguen consideradas como desaparecidas y no localizadas desde el 31 de diciembre de 1952 hasta el 25 de marzo de 2025 en México, de acuerdo con los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas. De esta cifra, mil 88 desapariciones ocurrieron entre 1969 y 1991, periodo identificado como la Guerra Sucia. Mientras que, de acuerdo con los datos, desde el 2007 hasta el el 25 de marzo de 2025, el total de personas desaparecidas en México asciende a 111 mil 885 casos.
El año en que más se han registrado desapariciones, de acuerdo con las cifras oficiales, desde el 2007 a la fecha, fue el año pasado, el 2024, con un total de 13 mil 525. La cifra es incluso mayor a la cifra que no cuenta con un año de referencia, es decir, que no precisa en qué año se registra esa desaparición, la cual asciende a al menos 11 mil 456 desapariciones.
Durante la etapa de contrainsurgencia, la cúspide se registra en el año 1974, que es el que registra más desapariciones, con un total de 335 casos, de los cuales 314 eran hombres, 19 mujeres y tres personas sin determinar. Le siguieron los años 1977, con 137 desapariciones, y 1976, con 115.
Desde 2007, en las estadísticas se observa que el número de desapariciones se incrementó drásticamente, con 828 casos, lo que representa un aumento del 147 por ciento en comparación con el pico más alto registrado durante la Guerra Sucia en 1974. En 2008 se reportaron mil 139 desapariciones, mientras que en 2009 la cifra ascendió a mil 746. Para 2010, el número de personas desaparecidas alcanzó las cuatro mil 155. La tendencia ascendente continuó con cinco mil 161 desapariciones en 2011, cuatro mil 184 en 2012.
Para el año 2013, ya en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, la cifra siguió en aumento con un total de cuatro mil 571 en ese primer año del peñismo; para el segundo año, cuatro mil 591 en 2014. En 2015 se reportaron cuatro mil 143 desapariciones, y en 2016 la cifra aumentó a cinco mil 624. Para 2017, se presenta otro pico, pues se registran al menos siete mil 75 casos, mientras que en 2018, cuando se eligió otro cambio de Gobierno, fueron seis mil 986.
En el año 2019, ya en el periodo de Andrés Manuel López Obrador, la cifra subió a ocho mil 862 personas desaparecidas y en 2020, a pesar de la pandemia, se reportaron ocho mil 249 casos. En 2021 se registraron ocho mil 679 desapariciones, en 2022 el total fue de ocho mil 226 y en 2023 se alcanzó la cifra de 10 mil 616 personas desaparecidas. En 2024, el registro oficial fue de 13 mil 532 desaparecidos, mientras que en lo que va de 2025 la cifra ya es de tres mil 518 casos.
En la actualidad, la desaparición de personas en México ya no responde a una lógica de represión política, sino a un esquema de negocios donde la violencia y la ausencia de las víctimas generan ganancias y permiten el control territorial. La conexión entre crimen organizado y agentes estatales sigue vigente, configurando un fenómeno complejo que, lejos de reducirse, continúa expandiéndose en el país. No obstante, los expertos en el tema destacan que aunque desde la fecha la mayoría han sido por parte del crimen, destaca que se realizan también con la participación de autoridades.
El profesor Roberto González destacó que la participación de agentes estatales en estas prácticas es una constante. Aunque la narrativa oficial intenta desvincular a las autoridades de estos crímenes, González insiste en que las desapariciones no ocurren exclusivamente a manos de grupos criminales, sino en colusión con instancias estatales.
"Pero no están separados, y esta es otra de las características de esa desaparición. La Presidenta Claudia Sheinbaum se equivoca. No es solamente que la desaparición la realicen los grupos criminales, sino que también participan las agencias estatales. Inicialmente, las policías municipales son las primeras, y hay miles de casos", dijo González Villareal.
Y añadió: "Entonces ya no es por motivos de represión, sino por motivos de rentabilidad, en los que participan agencias estatales y agencias criminales en una relación, vamos a decir, simbiótica. Hay un dato muy importante que los periodistas de investigación de Chihuahua han documentado: los responsables de las zonas militares de Chihuahua eran los mismos generales responsables de las estrategias de contrainsurgencia en Guerrero, los mismos: los Acosta Chaparro, los Quiroz, Armosilla, en fin. Son exactamente los mismos".
Ovalle apuntó que, aunque es una práctica recurrentemente usada por el crimen, la idea de que esta problemática es exclusiva del narco oculta la persistente participación de agentes del Estado, de otros actores y de otras formas de violencia, ya que, de acuerdo con el especialista, el uso de la desaparición no responde a una sola lógica de violencia, sino a una diversidad de motivaciones y objetivos que han generado un fenómeno mucho más complejo.
“Entonces, lo que esta historia larga de la práctica de la desaparición forzada en México nos muestra es una complejidad enorme de las lógicas de violencia en las que ha sido implementada esta técnica específica de violencia, como la desaparición forzada de personas. Lo que estamos viendo desde principios de los años 2000 hasta ahora, y que es importante notar, es que la desaparición forzada de personas ya no está vinculada únicamente a un solo actor principal, que sería el Estado, pero tampoco a una sola lógica de violencia. Cuando hablamos de que las desapariciones actuales están siendo implementadas principalmente por el crimen organizado, en realidad lo que se está ocultando es una diversidad de lógicas de violencia que están produciendo desapariciones forzadas”, concluyó.
