La Presidenta Claudia Sheinbaum explicó esta mañana que el envío de 26 líderes y capos del narcotráfico, así como de otros criminales, a Estados Unidos no fue parte de un acuerdo, sino una "decisión soberana" de México basada en la seguridad pública.
Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).– Los 26 líderes y capos del narcotráfico, así como otros criminales, enviados a Estados Unidos (EU) seguían cometiendo crímenes desde las cárceles donde se encontraban recluidos en México, dio a conocer este miércoles el Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, además de que habían logrado, a través de resoluciones del Poder Judicial, obtener traslados a prisiones de seguridad más baja, desde donde seguían ordenando extorsiones, secuestros, homicidios y amedrentando al personal penitenciario.
"Es una decisión que se tomó por interés nacional y bajo el más alto criterio de seguridad para nuestro país. Es una decisión soberana en atención a la Ley de Seguridad Nacional y por determinación del Consejo de Seguridad Nacional, alineada con Estrategia Nacional contra la Extorsión", explicó en conferencia de prensa sobre estos capos.
Además, García Harfuch reiteró lo que había adelantado el martes: que el envío incluye el acuerdo con las autoridades de Estados Unidos (EU) para "no solicitar la pena de muerte", incluidos estos 26 capos enviados ayer, y los 29 narcotraficantes y criminales que México ya había trasladado al país vecino en febrero.
De acuerdo con el funcionario federal, estos criminales trasladados a EU dirigían actividades ilícitas mientras estaban privados de su libertad, mediante visitas. "No pueden prohibirse las visitas por respeto a sus derechos humanos, pero estas interacciones eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender sus redes de corrupción e intimidación. Esta acción se realizó como medida para impedir que desde prisión continuaran ordenando secuestros, extorsiones, homicidios y otros delitos", detalló.
Por ello, añadió, representaban un riesgo inaceptable para la seguridad nacional. "Muchos habían conseguido amparos para estar en cárceles de baja seguridad. Se preveía que otros actualmente en centros federales recibieran resoluciones para facilitar su traslado a penales estatales menos vigilados, incrementando el riesgo de continuar con operaciones delictivas o riesgo de fuga", resaltó.
Asimismo, Harfuch destacó el tema del Poder Judicial. Indicó que estos capos tenían o llevaban adelante litigios que buscaban su liberación anticipada: "De haberse concretado, significaría un retroceso en la lucha contra el crimen y un agravio contra las víctimas".
Dio dos ejemplos: el de Miguel Ángel Treviño Morales, alias "Z-40"; y Óscar Omar Treviño Morales, alias "Z-42". El procedimiento del primero fue pospuesto 79 ocasiones y en el caso del segundo fueron 54 veces. Además, los señaló de ir contra al menos 17 servidores públicos que trabajaban en la custodia de centros penitenciarios federales: los amenazaban y amedrentaban".
"El Estado mexicano no establece relaciones de contubernio con criminales y la seguridad del pueblo es la prioridad", sentenció el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
En EU, estos capos enfrentaban procesos de extradición, en varios casos, por delitos de alto impacto: tráfico de personas, homicidios, narcotráfico, delitos con armas de fuego, lavado de dinero y delincuencia organizada.
El operativo para enviar a los capos a EU
En el megaoperativo para trasladar a los capos mexicanos a EU, participaron 988 elementos de diversas dependencias y corporaciones federales, así como 90 vehículos, tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Secretaría de Marina (Semar), de la Guardia Nacional (GN), de la SSPC y de la Fiscalía General de la República (FGR).
Desde la base aérea militar número 1 salieron 11 aeronaves de la Defensa y una más de la Marina para realizar diversos traslados de los criminales: coho aviones llegaron a White Plains, en el estado de Nueva York; uno al John F. Kennedy, de la ciudad de Nueva York; cinco aeronaves a San Diego, en California; seis aviones más a Phoenix, Arizona; y uno más a Dulles, en Virginia, uno de los aeropuertos que sirven al sistema de Washington DC, la capital estadounidense.
"Los centros penitenciarios donde estaban los internos operan con total normalidad", subrayó Harfuch este miércoles en la rueda de prensa donde se presentaron los detalles del operativo. "No se registraron incidentes en estas operaciones", apuntó.
Gertz Manero: No habrá obstáculo legal para defender al pueblo
El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo que el envío de los capos a EU es "un mensaje fundamental que va dirigido a toda la delincuencia que opera en contra de los dos países [México y Estados Unidos]".
Argumentó que hay varias leyes que respaldaron el actuar del Consejo de Seguridad: la Constitución mexicana, la Ley de Seguridad Nacional, la Convención de Palermo, y "toda una estructura jurídica que nos permite sostener la soberanía, y defender a nuestras instituciones y al pueblo de los dos países, eso ejercemos".
"Vamos a seguir adelante en esta tarea, el mensaje es muy claro y preciso: para defender a nuestra población y la soberanía de los dos países, no va a haber ningún obstáculo legal que podamos nosotros incluir, para no cumplir con las tareas fundamentales de defensa de nuestra sociedad", afirmó.
Cuestionado por la prensa sobre si era una extradición de capos o una "expulsión", Gertz Manero aseguró que se cumplía con una solicitud, no era algo negociado con EU. "Es la misma base que con las 29 personas extraditadas antes. No aplicamos la Ley de Extradición, no hay negociación de ninguna naturaleza", aclaró.
Sobre las declaraciones de Harfuch de que el Poder Judicial les había otorgado resoluciones o amparos beneficiosos para los capos ahora enviados a EU, Gertz Manero pidió no hacer una "descalificación genérica". "Tenemos casos específicos, y sí son frecuentes, pero la función nuestra es establecer en cada caso si hubo corrupción, ilegalidad, o falta, pero no haremos una descalificación general. Tenemos la certeza de que con un cambio sustantivo en el Poder Judicial, vamos a tener una mejor respuesta a todas estas necesidades", añadió, ante la renovación de los próximos días luego de la elección judicial.
Finalmente, consultado sobre si se proyecta enviar a más delincuentes a Estados Unidos, el Fiscal sostuvo que estas acciones se realizan únicamente a petición de un país requirente, pero que si "hubiera alguna otra solicitud en el futuro, la consideraría el Consejo de Seguridad y, si es procedente, se cumplirá". "No es limitativo ni privativo, pero tiene que haber una solicitud de un Gobierno, debidamente fundada y motivada, que detalle los procesos que enfrentan estas personas. Los delitos deben coincidir con los contemplados en la legislación mexicana y con el estado en que se encuentra el proceso", concluyó.
