Hace una semana, en su perorata matinal, la Presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre los puntos de tolerancia para fumar mariguana que estableció su propio Gobierno cuando encabezaba la Ciudad de México y que ahora han sido reordenados por el Gobierno de Clara Brugada. La pregunta era simple. Su respuesta, no tanto. Balbuceó algo sobre que “todo es discutible”, como si se tratara de una ocurrencia marginal y no de una medida basada en criterios jurisprudenciales vinculantes. Defendió a medias la política de su exadministración, pero sin asumirla como propia. Y se enredó aún más cuando dijo que el consumo de mariguana “ya es legal en términos de la decisión de la Suprema Corte”, aunque enseguida agregó que la comercialización “lleva a otro tipo de problemas”, sin explicar cuáles ni en qué norma basa esa distinción.
Lo más grave fue su afirmación de que el tema “no tiene que ver ni siquiera con la legislación”, una frase que delata su desconocimiento —o su desdén— por lo que significa una declaratoria general de inconstitucionalidad. Desde junio de 2021, la Suprema Corte ordenó al Congreso de la Unión eliminar del marco legal la prohibición absoluta del consumo adulto de cannabis y legislar de manera que en la Ley General de Salud se salvaguarde el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Ese mandato sigue sin cumplirse. Y ahora la Presidenta sugiere que no hace falta legislar, con lo que mantiene el veto a la regulación sensata impuesto por su predecesor y que empantanó el proceso en las dos anteriores legislaturas.
En una sola respuesta, Sheinbaum logró contradecirse varias veces: reconoce que hay un fallo de la Corte, pero lo minimiza; admite que el consumo es legal, pero niega toda responsabilidad institucional para garantizar el ejercicio pleno de ese derecho; dice que hay que abrir el debate, pero lo clausura de inmediato. Su respuesta es muestra de su manera de enfrentar el tema: titubeos, ignorancia jurídica y una clara voluntad de no incomodar a los guardianes del prohibicionismo, sobre todo al amenazante Gobierno de Trump, aun cuando en los Estados Unidos la regulación ha avanzado en buena parte del territorio.
El camino legislativo hacia la regulación del cannabis comenzó con fuerza en 2018, impulsado por los amparos concedidos por la Suprema Corte que, tras cinco fallos consecutivos en el mismo sentido, generaron jurisprudencia y obligaron al Congreso a legislar. La mesa estaba puesta para un cambio histórico. En noviembre de ese mismo año, recién instalada la primera legislatura con mayoría morenista, la entonces Senadora Olga Sánchez Cordero presentó una ambiciosa iniciativa para despenalizar y regular el uso recreativo, medicinal e industrial de la cannabis. Era el momento propicio. Pero el proyecto quedó atrapado en la maraña del oficialismo. Pasaron los meses —y luego los años— sin que se dictaminara en comisiones. Finalmente, el Senado aprobó un dictamen general el 19 de noviembre de 2020, con muchos vacíos e inconsistencias, pero al menos con voluntad declarativa. Aun así, los propios senadores pidieron prórrogas: no se ponían de acuerdo en temas tan básicos como los límites de posesión, la distinción entre cáñamo y mariguana o las implicaciones penales que podrían tener como legisladores. El proceso entró en un limbo legal y político, disfrazado de debate técnico, aunque finalmente se aprobó el enrevesado proyecto.
El dictamen pasó entonces a la Cámara de Diputados, donde la mayoría morenista lo discutió en marzo de 2021. En lugar de corregir los defectos del Senado, la Cámara baja hizo todo más enredado. Aprobó el dictamen en lo general, pero le introdujo modificaciones sustanciales: eliminó la creación del instituto regulador especializado —clave para una implementación efectiva— y trasladó sus atribuciones al desbordado sistema de adicciones de la Secretaría de Salud. El resultado fue un nuevo texto, incoherente y poco funcional, que empantanó el proceso. El choque de versiones entre ambas cámaras lo dejó congelado. Detrás de todo esto asomaba una instrucción no escrita: el Presidente López Obrador, renuente a cualquier avance real en la materia, había decidido que el tema no debía prosperar. Así, el Congreso incumplió sistemáticamente su deber constitucional y forzó a la Suprema Corte, el 28 de junio de 2021, a emitir una declaratoria general de inconstitucionalidad sobre los artículos que prohibían el consumo adulto. Un fallo inédito, ignorado por el poder político.
Entre la presión chantajista del nuevo Gobierno de Trump, el conservadurismo instintivo de la Presidenta Sheinbaum en este tema y la ausencia de voluntad para regular con base en evidencia, la reforma a la política de drogas seguirá bloqueada. Porque política de drogas hay, pero sigue siendo la misma: penal, policial, judicial. Nada de prevención, ni estrategias de reducción de daños, ni programas de tratamiento dignos, ni condiciones para un consumo seguro.
En lugar de asumir el mandato de la Suprema Corte y construir un nuevo marco legal, el Gobierno prefiere la simulación: zonas de tolerancia sin sustento jurídico, discursos sobre debate público que sólo sirven para eludir responsabilidades. Mientras tanto, el modelo prohibicionista permanece intacto, y con él todos los incentivos que sostienen los mercados clandestinos donde florecen las organizaciones criminales. La persecución selectiva de ciertos grupos —por presión directa de Washington, no por estrategia nacional— se ha convertido en un diplomático. Y ahora, bajo el nuevo mandato trumpista, la sumisión se profundiza: México acepta expulsar extralegalmente a presuntos delincuentes, violando su propio marco legal y negando el derecho al debido proceso. Lo que se aplica es una política de represión diseñada para tranquilizar al vecino y mantener intacto el orden prohibicionista. La Presidenta reconoce un fallo vinculante de la Corte, pero no actúa. Habla de salud pública, pero sostiene una política de castigo. Se dice heredera del progresismo, pero ejecuta sin pudor la lógica del autoritarismo disfrazado de moral pública. Mientras no se rompa con ese esquema, no habrá justicia, ni salud, ni paz posible.
