Han transcurrido los primeros 365 días del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum y un poco más del triunfo amplio de la coalición “Juntos haremos historia” que la postuló y obtuvo el mayor número de votos que un candidato a Presidente haya tenido en nuestra historia democrática más, sin embargo, en términos relativos, el 59.8 por ciento, está por debajo del 68.4 por ciento, de Miguel de la Madrid.
Los casi 36 millones de votos obtenidos le han otorgado la mayor legitimidad electoral a la que puede aspirar un Presidente electo, además de la legitimidad democrática vino acompañado del aval popular para tener un gobierno unificado (Ejecutivo-legislativo) capaz de modificar leyes secundarias y aprobar presupuestos para impulsar las políticas públicas que el país necesita para desterrar sus males crónicos.
Y es que el triunfo arrollador le otorgó la mayoría absoluta en las dos cámaras legislativas que integran el Congreso de la Unión y esas mayorías, con buenas y malas artes, las convirtieron en mayoría calificada.
Con esos ejercicios inició la andadura de su Gobierno y lo que propagandísticamente se identifica como el segundo piso de la llamada Cuarta Transformación. Qué, técnicamente, consiste en contar con los votos legislativos para realizar una serie de reformas que tienen como objetivo último que Morena y sus aliados impulsen su programa político social y permanezcan, indefinidamente en el poder, con el acompañamiento militar con lo que se configura de facto un gobierno cívico-militar.
Hoy, muchos militantes de la vieja izquierda empoderados que están en el acomodo -o incómodos- con los “tiempos” porque nunca se imaginaron esa convivencia y, hoy, estos coexisten, en las instituciones con sus visiones del poder.
Sin duda, hasta ahora, la mayor reforma constitucional del primer año de Sheinbaum es la del Poder Judicial de la Federación que siguiendo la línea de conversión de una mayoría absoluta en una mayoría calificada permitió la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular con acordeón en mano.
Sin importar que las mayorías rechazaron participar del artificio democrático y así, llegaron los nueve nuevos ministros, donde la mayoría son militantes o filo militantes de Morena, es decir, muy probablemente, estarán a las órdenes del Ejecutivo y los mandamases del partido hasta que demuestren lo contrario.
Y es curioso cuando el discurso del oficialismo enfatiza diariamente aquello de que “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, la ausencia en las urnas no fue motivo suficiente para considerar desde Palacio Nacional que en esta elección existió un problema de legitimidad democrática en el sentido weberiano y, por el contrario, se echó a andar toda la maquinaria propagandista del gobierno para que lo que no se logró en las urnas, se logrará, mediante un relato y un símbolo maniqueo (Salinas, después del fraude del 88, dijo que se legitimaría en el ejercicio de Gobierno).
El relato es que se había expresado el “pueblo” en las urnas y el símbolo que encabezaría la Corte un abogado surgido de los pueblos originarios.
Es decir, en términos semióticos, se hizo a un lado la legitimidad democrática y se impusieron los símbolos de una idea originaria de Nación.
Y este revés en términos democráticos, no es un tropiezo, sino parte de toda una estrategia destinada a seguir avanzando hacia un modelo de corte autocrático del tipo de los existentes en Turquía, Rusia o Hungría, es decir, manteniendo un sistema de fachada plural, pero sosteniendo el control como lo hizo el PRI durante siete décadas.
El libreto autocrático hasta ahora se cumple a pie juntillas y avanza hacia lo que será la corona del modelo: la Reforma Electoral.
La Presidenta Sheinbaum ya perfiló y secundo a Pablo Gómez, Coordinador de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, quien ha dicho sin rubor alguno “escucharemos y haremos valer nuestra mayoría” y, eso, indica, que en 2026 tendremos un sistema electoral autocrático.
Se buscará reducir los costos de las elecciones mediante una disminución del financiamiento público a través de la reducción de los diputados plurinominales, la concentración de la estructura electoral, así se la pondrá difícil a la oposición ya que con menos plurinominales y menor financiamiento sus márgenes de actuación se reducirán, y esto reditúa en beneficios para Morena y sus aliados.
Está claro, entonces, que en este primer año de Gobierno de la Presidenta Sheinbaum ha sido la continuación del proyecto de alinear las instituciones, y concentrar el poder como lo pensó y empujó el Presidente López Obrador y si nos atenemos, ¿será?, al 70 por ciento de las encuestas de percepción podría avalar este despropósito democrático que ha desaparecido los contrapesos que fueron creados mediante pactos legislativos durante el periodo de la transición democrática.
O sea, diría con cierto atrevimiento psicoanalítico, que si nos atenemos a las encuestas -pagadas y no pagadas-, en la sociedad mexicana existe una añoranza freudiana por el modelo priista que cuestionó durante décadas la izquierda por corrupto y represivo.
Y es que, los hechos están a la vista, en este año de ejercicio de gobierno se ha conocido el caso de la connivencia entre la política y el crimen organizado tanto en Baja California, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas como en ámbito federal con el “huachicol fiscal” que, según estimaciones, alcanzaría en tres años un daño al erario de 550 mil millones de pesos.
No se diga la alianza que para muchos pactó AMLO con el crimen organizado. Y esa alianza hoy rota antes que, por una política propia, por las presiones de la Administración Trump y sólo para cerrar el bucle de este año se necesitaría la represión a las manifestaciones contra la gestión de Sheinbaum que felizmente no sucede, aunque se compensa dramáticamente con los miles de homicidios dolosos y desapariciones forzadas, y todo lo que conlleva (luto, viudas, huérfanos, desamparo).
En definitiva, la pregunta es si todo ese poder del hiperpresidencialismo será para bien del futuro y, si no, cuál será la reacción de Palacio Nacional ante el dique de los contrapesos internacionales: la gobernanza democrática implícita en el T-MEC, la cláusula democrática de la Unión Europea y los organismos multilaterales y, en última instancia, del poder fáctico, que está demostrando gran capacidad de reproducción y daño a la vida pública.
Al tiempo.
