César Alejandro Sepúlveda, alias "El Bótox", creció en la región de Tierra Caliente, en un Michoacán donde los grupos criminales expandieron la extorsión hasta hacerlo uno de sus principales negocios mafiosos. Tras imponer el “derecho de piso”, organizados en células y asociaciones criminales, escalaron a gravar precios de productos, y hasta a decidir quién vendía y quién compraba tal o cual producto, y a qué precio. Todo un mecanismo de estructura criminal y lavado de dinero implantado mediante violencia, intimidación, amenazas y muerte.

El grupo criminal que dirigía "El Bótox", "Los Blancos de Troya" –aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación y "Los Viagras"–, se convirtió en el principal extorsionador de esa zona de Michoacán, entidad que, desde hace décadas, es una de las que más ha padecido ese flagelo. A "El Bótox" se le vincula con el asesinato de líderes de citricultores que habían denunciado las prácticas extorsivas de las que eran víctimas.

En noviembre, la Fiscalía de Michoacán informó que tenía orden de aprehensión contra "El Bótox" por el homicidio de Bernardo Bravo, líder de citricultores, y la semana pasada lo detuvieron en un operativo conjunto con las autoridades federales, que lo trasladaron a la Ciudad de México para presentarlo ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde se le vinculó a proceso precisamente por delincuencia organizada, hoy está en el Cefereso de El Altiplano bajo prisión preventiva oficiosa; enfrenta siete órdenes de aprehensión por delitos del fuero local y federal.

La detención de Sepúlveda es un paso importante en el combate a la extorsión, y para que se tengan avances en el denominado Plan Michoacán, que las autoridades pusieron en marcha en noviembre. Y es que, al tratarse de una de las entidades donde la extorsión se volvió una de las principales vías de ingreso para la economía criminal, desarticular las redes de extorsionadores es clave para la pacificación de esa zona.

Pero el combate a la extorsión es un reto para todo el país, ya que se trata de uno de los delitos con más crecimiento en diversas entidades, de allí que el Gobierno federal se planteó como prioridad combatirlo, mediante la Estrategia Nacional contra la Extorsión, cuyos resultados podrían contribuir a disminuir los niveles de inseguridad y de percepción de la inseguridad.

Ese delito es uno de los que impacta en la percepción de la inseguridad, así se refleja en las encuestas que elabora el Inegi. En una de las más recientes, la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU), cuyos resultados se dieron a conocer el 23 de enero, se indica que, durante el segundo semestre de 2025, en 14.1 por ciento de los hogares de las áreas urbanas que conformaron la muestra de la encuesta, al menos un integrante del hogar fue víctima de extorsión. La encuesta se aplicó en 27 mil 130 viviendas en 91 ciudades que referencian al menos un área urbana por cada entidad. También está la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), que registra la incidencia del delito según las denuncias que se presentan y aquellos casos que los encuestados refieren, pero que no se denuncian formalmente.

Los primeros meses de este año son estratégicos para que en todo el país se concrete la Estrategia Nacional contra la Extorsión, ya que, con la promulgación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que entró en vigor el 29 de noviembre, cada entidad debe presentar ante sus congresos locales las iniciativas de reforma legislativa correspondientes para la homologación de sus marcos jurídicos con dicha Ley, y debe informarlo al Secretariado Ejecutivo a más tardar el último día de enero.

Esta homologación es clave para evitar que los delincuentes aprovechen lagunas legales en estados con leyes más laxas y para garantizar que el delito se persiga de oficio.

Además de la armonización legislativa, también en cada entidad su Fiscalía deberá asignar unidades especializadas para que apliquen los procedimientos de denuncia, investigación y persecución del delito de extorsión conforme al manual de operación que desarrolle la Fiscalía General de la República (FGR), que deberá emitirse a más tardar el último día hábil de febrero.

La estrategia, que se aplica en el marco de la Ley General recién aprobada, busca fortalecer la coordinación entre las autoridades de los distintos niveles de Gobierno para combatir la extorsión. Así que el reto también será que se fortalezcan las capacidades policiales, que se homologuen procesos de atención, y que se garantice que a partir de las denuncias realmente de oficio se investigue y persiga el delito.

La nueva Ley estipula que la investigación, persecución y sanción del delito de extorsión estará a cargo de la Federación cuando el delito se encuentre vinculado con la delincuencia organizada. Este es otro punto clave para el combate a ese delito, porque –como se demuestra con casos como el de Sepúlveda y su grupo en Michoacán– el delito de extorsión se fue convirtiendo en uno de los de mayor recurrencia por parte de grupos de delincuencia organizada, pero en muchas entidades las denuncias quedaban empantanadas, se archivaban en las fiscalías estatales, o de plano se desechaban al considerarse que no se tenían atribuciones para su investigación y debido a la insuficiente coordinación entre las fiscalías estatales y la FGR.

Esa falta de coordinación entre fiscalías fue uno de los principales obstáculos para la indagatoria eficiente de ese delito.

La nueva Ley mandata que las autoridades de los distintos órdenes de Gobierno y las instituciones de seguridad pública, respetando su ámbito de competencia y autonomía, deberán prestarse el auxilio que requieran y facilitar la entrega de la información necesaria de manera ágil, pronta y expedita, y que la Policía y el Ministerio Público podrán consultar toda la información que sea generada por el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública.

La Ley mandata también la colaboración con el sector financiero y de telecomunicaciones para que se bloqueen números telefónicos en los que se compruebe que desde esos se realizan llamadas extorsivas, esto mediante control judicial previo.

También se mandata que las autoridades deben garantizar medidas de protección para las víctimas y testigos del delito de extorsión durante todas las etapas del procedimiento penal, cuando su vida, libertad o integridad física o mental estén en peligro, o que hayan sido sometidas a actos de intimidación.

En cuanto a las penalidades que establece la Ley, va de 15 a 25 años de prisión y multas, con agravantes que pueden llevar a penas de hasta 42 años, en casos en que, participen servidores públicos o exservidores públicos, o elementos de empresas de seguridad, o que quien cometa el ilícito lo realice utilizando vestimenta de instituciones de seguridad.

También con agravantes en casos donde el extorsionador sea o simule ser empleado de una institución financiera, o de Gobierno, o de alguna empresa estatal o privada, con el fin de obtener los datos personales o financieros de la víctima; o que la extorsión la realicen desde un centro penitenciario, que es precisamente desde donde se realizan muchas de las llamadas extorsivas.

En casos donde la extorsión se realice desde centros penitenciarios, la indagatoria y penalidad deberá hacerse extensiva a servidores públicos que participen o sean omisos ante la concurrencia del delito.

El combate a la extorsión como estrategia nacional requiere la coordinación efectiva entre autoridades federales y estatales, como se ha demostrado con las detenciones de integrantes de grupos de delincuencia organizada que hicieron de la extorsión su negocio criminal más lucrativo.

La judicialización de casos como el de Sepúlveda y sus cómplices será una muestra de qué tan eficiente resulta esta estrategia, de los alcances de la nueva Ley y de su aplicación por parte del Poder Judicial. Por lo pronto un Juez determinó que Sepúlveda, alias "El Bótox", y dos de sus cómplices estarán bajo prisión preventiva mientras transcurran el plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.