Las ocurrencias suelen salir caras, dice el dicho popular. Hasta donde fue una ocurrencia, la elección de jueces federales en México ha sido a todas luces una mala idea.

En primer lugar, no tuvo realmente el apoyo popular. De acuerdo con cifras oficiales, el porcentaje de votación para la elección de jueces en 2025 fue entre 12.57 por ciento y 13.32 por ciento del padrón, lo cual contrasta con el porcentaje de las elecciones presidenciales en 2024, que fue del 61 por ciento. De hecho hay razones de peso para pensar que la verdadera participación estuvo por debajo del 10 por ciento.

En segundo lugar, los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han dado muestras de tener muy poca preparación para el menester para el que fueron votados.

En tercer lugar, sabemos, por la extraordinaria articulación filosófica y jurídica que Alexander Hamilton hizo de la cuestión, que hay una incompatibilidad manifiesta entre la independencia del Poder Judicial y el hecho de que sus jueces sean votados. En pocas palabras: al ser sometida al poder popular la Suprema Corte se convertiría en un instrumento de la tiranía de la mayoría, lo que destruiría su integridad y objetividad al aplicar la Ley.

Con lo dicho anteriormente bastaría para dejar clara la inconveniencia del mecanismo populista de que el nombramiento de los ministros y ministras se haya determinado por voto popular.

Pero los problemas no se terminan ahí. Como sabemos, en 2025 se eligió sólo una parte de los integrantes del Poder Judicial federal, mientras el plan era elegir a la parte restante en 2027. De ser así, la elección de ese año sería la más compleja en la historia, desde el punto de vista del votante, pues se llevaría a cabo el mismo año que el ejercicio de revocación de mandato, que la Presidenta Sheinbaum pretende se realice en 2027.

Al parecer ya hay voces tanto fuera como dentro del oficialismo que están advirtiendo de lo poco realista de concentrar varias elecciones en un año.

Actualmente, la posibilidad de aplazar la segunda etapa de la elección judicial hasta 2028 o 2029 ha pasado de ser una idea descartada a una propuesta bajo análisis formal por diversas autoridades, aunque no hay un decreto oficial que lo confirme aún.

La Ministra Yasmín Esquivel sugirió recientemente postergar la elección de la segunda mitad de los cargos judiciales, prevista para 2027, hasta el 2029. Su argumento es permitir que los jueces y magistrados actuales que no fueron electos en 2025 tengan más tiempo para concluir sus funciones y dar estabilidad al sistema.

Mientras tanto, consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) han expresado que respaldan aplazar este proceso hasta 2028 para garantizar una mejor organización técnica. Nuestro mayor cuerpo electoral ya ha solicitado ajustes en los calendarios debido a la complejidad de organizar procesos tan masivos de forma consecutiva.

En términos de factibilidad técnica y política, para que el aplazamiento a 2029 o 2028 sea un hecho, el Congreso de la Unión tendría que aprobar una modificación a los artículos transitorios de la Reforma Judicial original.

Como Penélope en la Odisea de Homero, parece que nuestro país anda tejiendo y destejiendo la tela de nuestra Constitución de acuerdo a los caprichos de quienes no toman buenas decisiones.