Ciudad de México, 18 de feb (SinEmbargo).- La Cámara de Diputados se alista para acotar el fuero constitucional que hoy gozan y del cual se sirven el Presidente de la República, senadores, diputados federales y gobernadores. La reforma permitirá que los servidores públicos sean sujetos a proceso penal sin perder la inmunidad intrínseca a su cargo.

Especialistas y académicos coinciden en señalar que se trata de una reforma profunda, que intenta acabar con los abusos que algunos actores políticos han cometido escudados en el fuero. Pero advierten sobre el riesgo de que las fracciones parlamentarias más poderosas en el Congreso la utilicen con fines políticos-electorales.

Los coordinadores de las distintas bancadas de la Cámara de Diputados han expresado disposición a dictaminar la minuta, aprobada en el Senado hace más de un año, el 1 de diciembre de 2011.

De hecho, cinco de los siete líderes parlamentarios, aprobaron el dictamen la legislatura pasada, cuando eran Senadores de la República: Manlio Fabio Beltrones (PRI), Luis Alberto Villarreal (PAN), Silvano Aureoles (PRD), Arturo Escobar y Vega (PVEM) y Ricardo Monreal Ávila (PT).

“Lo que vamos a buscar es acotar el fuero, a fin de que la inmunidad no siga siendo impunidad, y que todo legislador –como cualquier ciudadano– pueda ser sujeto de un proceso penal, sin necesidad de vivir previamente un desafuero”, adelantó en conferencia de prensa el coordinador de los diputados priistas.

El fuero es un blindaje que la propia Ley establece para que los servidores públicos realicen sus tareas de Estado, sin desviar su atención de procesos que pudieran interponerse contra ellos, derivados de sus decisiones y responsabilidades.

Según los especialistas, en el ideario colectivo el fuero significa impunidad. “De manera constitucional (el fuero) no se ha respetado, en tanto de que sirva como un elemento para garantizar el mejor funcionamiento del trabajo de los servidores públicos. Todo lo contrario, se ha convertido en una práctica para estar por encima del marco de la legalidad”, aseguró en entrevista la doctora Guillermina Martínez, Corresponsable del Centro de Investigaciones Legislativas de la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa.

Para evitar que el fuero continúe como puerta grande de la impunidad, el dictamen que el próximo martes revisarán en la Comisión de Puntos Constitucionales –que propone reformar los artículos 38, 61, 111 y 112 de la Carta Magna– de entrada sustituye el término fuero por inmunidad.

“Lo que se propone en la reforma ni siquiera es desaparecer el fuero, simplemente quitarle la connotación, tratar de cambiar ese significado que se le empezó a dar al fuero, para darle una inmunidad”, explica el analista jurídico y político Juan Luis Montero.

Actualmente, el artículo 61 constitucional establece que “los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas”.

Con la nueva redacción, se leería: “Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten durante el tiempo en el que desempeñen sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos, procesados ni juzgados por ellas”.

Es decir, la reforma estipula que los legisladores federales y estatales tienen inmunidad total sobre sus expresiones y críticas, aunque las realicen fuera de los recintos parlamentarios, solamente durante el tiempo que dure su encargo.

Actualmente, para sujetar a un servidor público a juicio penal es necesaria la declaración de procedencia que emite la Cámara de Diputados. Se trata de un asunto más político que judicial.

Ante una solicitud formal de la autoridad competente, la Comisión Jurisdiccional en la Cámara de Diputados ordena la instalación de la Comisión Instructora, que delibera si procede la solicitud o no. De ser positivo, –sin que la Comisión prejuzgue inocencia o culpabilidad del señalado– la Instructora pasa el proyecto de desafuero al Pleno de los Diputados, quienes se convierten en Jurado de Procedencia. El señalado puede exponer su caso ante los 500 legisladores para que voten si se aprueba o no su desafuero.

Con la reforma, sólo en caso de que se compruebe la culpabilidad de un servidor público en un delito, el juez podrá solicitar el retiro de la inmunidad, conocida hoy como fuero.

“Gozan de inmunidad y, por tanto, no podrán ser privados de su libertad durante el tiempo en que ejerzan su cargo –se lee en el artículo 111 reformado–. Sin embargo, estos servidores públicos podrán ser sujetos de proceso penal, de conformidad con lo dispuesto en este artículo. Cuando exista presunta responsabilidad penal por parte de alguno de los servidores públicos señalados”.

El mismo artículo 111 especifica qué servidores públicos gozarán de la inmunidad: Diputados, Senadores, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los Diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del DF, el Procurador General de la República y el Procurador capitalino, así como el Consejero Presidente y los consejeros electorales del IFE.

La redacción del artículo 111 estipula que “el servidor público (señalado como presunto responsable de un delito) podrá seguir en su cargo. Las medidas cautelares que el juez determine no podrán consistir en privación, restricción o limitación de la libertad”.

Esto quiere decir que durante el desarrollo del proceso penal, el servidor público podrá seguir en su cargo. Para garantizarlo, se estipula que el juez no podrá ordenar su privación de la libertad.

A pesar de que el servidor público pueda ser culpable, la Cámara de Diputados tendrá el derecho de negar el retiro del fuero y mantener su inmunidad, pero una vez concluido el ejercicio del cargo, las autoridades correspondientes podrán ejecutar el fallo judicial.

Al Presidente de la República también se concede inmunidad, pero el procedimiento para su retiro es más complejo. En primer término, será obligatorio contar con una sentencia condenatoria de un juez.

La Cámara de Diputados obrará como Comisión Instructora ante el Senado, la cual tendrá diez días hábiles para determinar si procede el retiro de la inmunidad. La votación de los senadores deberá ser de dos tercios de los presentes.

En el caso de los gobernadores se seguirá un procedimiento similar, salvo que la Cámara de Diputados enviara el dictamen a la legislatura estatal para que funja como Cámara revisora.

ESPECIALISTAS OBSERVAN RIESGOS POLÍTICOS 

La reforma constitucional aclara que en caso de que la Cámara de Diputados se niegue a retirar el fuero, las autoridades deberán esperar hasta que termine el cargo público del culpable para poderlo apresar.

Especialistas advierten que los acuerdos cupulares y negociaciones entre los grupos políticos son el principal riesgo de que esta reforma se quede corta en las expectativas generadas.

“La otra parte en la que hay que tener un poco de cuidado, los grupos políticos fuertes dentro de las cámaras de Diputados y Senadores, finalmente tienen el control político de qué casos pasan y cuáles no, entonces quedaría sujeto nuevamente a estos movimientos políticos”, indica Guillermina Martínez, Corresponsable del Centro de Investigaciones Legislativas de la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa.

Es decir, los grupos políticos fuertes dentro de las cámaras de Diputados y Senadores, finalmente tendrán el control político sobre los casos que procederán para retirar la inmunidad de un servidor público, y cuáles no.

“Finalmente quienes son los tomadores de decisiones, es a ellos a quienes va a afectar de manera concreta y va a dejar a la suerte de los tiempos coyunturales (electorales) cada movimiento político para una nueva configuración política”, agrega la investigadora uamita.

Otro aspecto sobre el cual advierten, es evitar que intereses políticos y hasta económicos, influyan en los grupos parlamentarios para preceder contra actores políticos que busquen un cargo de elección popular, en épocas electorales.

“El riesgo va a ser ahora el abuso de esas demandas, –si se diera la reforma– y utilizar esos procesos, utilizar el litigio mediático, para denunciar a un servidor público, a fin de beneficiar intereses personales”, subrayó el abogado penalista Juan Luis Montero.

SERVIDORES PÚBLICOS, BENEFICIADOS POR EL FUERO

Muchos personajes se han beneficiado de los candados burocráticos y políticos que impone la Constitución, y han utilizado el fuero para dejar en la impunidad presuntos casos delictivos.

El analista jurídico y político Juan Luis Montero reconoce que “el fuero se utiliza en forma estratégica, para lograr fines ilícitos, fines delictivos, fines que son contrarios a la ley y a las funciones de las personas en un cargo público”.

Uno de los beneficiados con el fuero es el líder del sindicato petrolero, Carlos Antonio Romero Deschamps.

En marzo de 2000, senadores del PAN pidieron a la PGR para que actuara contra los líderes petroleros señalados como responsables del fraude por mil 580 millones de pesos, como un préstamo otorgado por Pemex al sindicato con la fachada de construcción de viviendas, sin embargo existían serias dudas de que el dinero fue a parar a la campaña presidencial del candidato del PRI, Francisco Labastida, en la elección del año 2000.

En septiembre de ese mismo año, luego de meses de telenovela política, la Cámara de Diputados aprobó la instalación de la Comisión Instructora, para iniciar el proceso de desafuero en contra del priista Carlos Romero Deschamps.

El dirigente sindical solicitó la protección de la justicia federal por medio de un amparo. En marzo del 2003, una jueza ordenó a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados suspender el proceso de desafuero contra los líderes petroleros Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana.

Hoy Romero Deschamps es Senador de la República por el PRI y lo será hasta el año 2018.

El ejemplo más reciente de la protección indebida del fuero es el del exdiputado federal por Michoacán, Julio César Godoy Toscano, hoy prófugo de la justicia.

En septiembre de 2009, Julio César, medio hermano del entonces Gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, debió presentarse en la Cámara de Diputados a rendir protesta como Diputado federal, de la misma forma que lo hicieron sus 499 compañeros legisladores. Pero una orden de aprehensión girada en su contra por la PGR lo impidió.

Se le acusaba de tener presuntos vínculos con Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, líder del cártel del narcotráfico “La Familia Michoacana”.

Un año evadió a las autoridades, Godoy Toscano hasta logró ingresar a la Cámara baja oculto en la camioneta de su compañero perredista Guadalupe Acosta Naranjo, tomó protesta como legislador y pudo gozar de los beneficios del fuero constitucional.

Ante las presiones de la opinión pública, la Cámara de Diputados votó su desafuero el 14 de diciembre de 2010, y desde entonces nadie sabe el paradero del llamado “narcodiputado”.