Ciudad de México, 30 de abril (SinEmbargo).– En el marco del Día del Niño y la Niña, el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) urgió al Presidente Enrique Peña Nieto a crear el Sistema Nacional de Garantía de los Derechos de la Infancia y Adolescencia que garantice los derechos de cerca de 40 millones de menores de 18 años en el país, y lo considere con la misma importancia que una reforma estructural.

“La reforma estructural más importante que requiere este país es crear una Sistema Nacional de Garantías […]. Estamos invitando al Poder Ejecutivo a que pueda, en este proceso amplio de reformas, asumir que la creación de un Sistema Nacional de Garantías de Derechos de la Infancia sería la reforma estructural más importante del México contemporáneo”, afirmó Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de Redim.

Este sistema obligaría a las autoridades de todos los niveles de gobierno así como a todas las dependencias de gobierno, a coordinarse para articular todas los mecanismos para defender los derechos de los menores de edad que hoy están dispersos y que ni siquiera existen en muchas regiones del país.

“Las niñas, niños y adolescentes están invisibles para los tomadores de decisiones en este país. En el Poder Ejecutivo se han concentrado en lo que llaman las reformas estructurales sin que los niños sean tomados en cuenta, violentando de manera importante el artículo cuarto constitucionales que establece que todas las decisiones de las autoridades deben contemplar en primer lugar el interés superior de la infancia”, enfatizó Pérez García.

El director ejecutivo de Redim destacó que la pobreza e inequidad es el problema más extendido entre la infancia mexicana. “Ser niño o niña en este país significa que tiene mayor probabilidad de ser pobre. Ahora mismo, con los datos disponibles, se sabe que más del 53 por ciento de niños, niñas y adolescentes viven en pobreza y más o menos el 12 por ciento de ellos, cuatro millones 700 mil, viven en pobreza extrema”, mencionó.

De acuerdo con cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 54 por ciento de la población infantil vive en pobreza, cerca de 22 millones de personas. Ocho de cada diez niños y niñas indígenas son pobres. Cinco millones viven en pobreza extrema.

En México también, seis de cada 10 de los 39 millones de menores de edad que viven en el país han padecido violencia en su casa o escuela y más de tres millones trabajan en condiciones de explotación sin oportunidad de estudiar, de acuerdo con cifras del  UNICEF.

De acuerdo con Víctor Inzua Canales, de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la UNAM, estas cifras demuestran el fracaso de las políticas económicas instrumentadas en México en las últimas décadas. Dijo que es un problema estructural que requiere atención urgente y participación multidisciplinaria.

El experto aseguró además que los menores que son obligados a vivir en las calles por ruptura del vínculo familiar enfrentan explotación laboral y sexual, exclusión, hambre, desnutrición, enfermedades, carencias e incapacidad para acceder a las garantías establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por nuestro país en septiembre de 1990.

“El descenso en el nivel de vida de la población causado por el desempleo, la restricción salarial y la pérdida del poder adquisitivo, constituye un elemento fundamental de la expulsión que las familias hacen de los infantes, aunado a la marginación y desintegración, planteó

Asimismo, el director de la Redim destacó que  no hay ninguna evidencia que todas las niñas y niños tengan las mismas oportunidades en este país. “No es lo mismo nacer en el Distrito Federal que en Chihuahua o en Chiapas. Mucho menos significa lo mismo nacer niño que niña o ser indígena. Ocho de cada 10 niños indígenas viven en pobreza”, explicó Martín Pérez García.

Por su parte, Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval, afirmó que la pobreza infantil en México es mayor que de la población en su conjunto. Refirió que mientras el porcentaje de la pobreza nacional alcanza 45.5 por ciento, entre la población de cero a 17 años las cifras son 53.8 por ciento.

En cuanto a la población indígena, el reporte “Pobreza y Derechos Sociales de Niños, Niñas y Adolescentes en México 2010-2012” establece que está sobrerrepresentada en los indicadores, toda vez que 78.5 por ciento de esa población de niños es pobre; es decir, casi ocho de cada 10, además de uno de cada tres de ellos vivía en condiciones de pobreza extrema.

La representante de Unicef en México, Isabel Crowley, dijo que a pesar de los avances que ha tenido el país en cobertura de salud, en 2012 todavía uno de cada cinco niños, niñas y adolescentes no contaba con acceso a servicios de salud.

Para la Redim no es casual las carencias que diariamente viven cerca de 40 millones de niñas, niños y adolescentes. Resulta paradójico –explicó Pérez García– que México siendo la economía número 13 del mundo, destine apenas el seis por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) para atender las necesidades y mejorar la calidad de vida de los menores, mientras que en países como Bolivia, el segundo más pobre de América Latina, destina el 30 por ciento de su PIB al mismo propósito.

VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA

Otro flagelo de la niñez y adolescencia mexicana es la violencia. Esta puede ser en dos sentidos: el primero es la violencia doméstica y el segundo es la que involucra a la delincuencia organizada. En el primer caso, por ejemplo, con excepción del Distrito Federal, no hay una ley en ningún estado del país que prohíba el castigo corporal para niños y niñas.

“En la Encuesta Nacional sobre Discriminación de 2011, el 60 por ciento de la gente entrevistada reconocía que se le pegaba mucho a los niños, paradójicamente el 60 por ciento de los entrevistados también dijo que los niños y las niñas tiene derechos. Pero es un signo de preocupación que el 40 por ciento planteó que los niños no deberían tener derechos o que solo deberían tener aquellos que sus padres les permitieran”, destacó el titular de Redim.

El otro problema es la violencia relacionada con el crimen organizado y el narcotráfico. Según las tasas de homicidio de niños de 15 a 17 años de edad reveladas por el propio Gobierno federal, en México hay más posibilidad que este sector de la sociedad sea asesinado por arma de fuego que un adulto.

Y si este joven vive en estados como Guerrero o Chihuahua, las probabilidades se incrementan en 300 por ciento.

“Tenemos, lamentablemente y de manera muy conservadora, una aproximación de 25 a 30 mil adolescentes que son víctimas de narcoexplotación. Es decir los grupos criminales se están aprovechando de su condición de la ausencia del Estado para darles alternativas y los están usando para otros fines”.

En su reciente visita Sara Oviedo, Vicepresidenta del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (CRC, ONU) y Rosa María Ortiz, Comisionada y Relatora de los Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresaron sus preocupaciones en torno a la violencia que viven niñas y niños, la migración infantil y los derechos humanos de la infancia callejera y sus familias.

Por su parte, durante el Segundo ciclo de Evaluación del Examen Periódico Universal del Estado mexicano (EPU) se hicieron recomendaciones para plantear la necesidad de establecer un Sistema Integral para proteger los derechos del niño y formular una estrategia nacional para prevenir y combatir todas las formas de violencia en contra de la infancia.

Datos oficiales señalan que en México la tasa de mortalidad por homicidios en la población de 0 a 17 años es la más alta en los últimos 10 años (4 muertes por cada cien mil habitantes). Al analizar el rango de edad de 15 a 17 años, se encuentra que la tasa de mortalidad por homicidios fue de 15.7 por cada 100 mil, aumentando más de un punto porcentual respecto a la registrada en 2010 que era de 14.4. (SINAIS, 2012).

ALIMENTOS CHATARRA

La Alianza por la Salud Alimentaria (ASA) lanzó la campaña “Nuestros niños son primero”, mediante la cual se hace un llamado a las autoridades y a la sociedad en general a poner fin a la publicidad indiscriminada de los llamados alimentos chatarra y bebidas azucaradas.

De acuerdo con el reporte del Unicef y el Coneval, en 2012, el 61.3 por ciento de la población de cero a 17 años era parte de los hogares con un ingreso inferior a la línea de bienestar y 28.2 por ciento enfrentaba inseguridad alimentaria moderada o severa. Es decir, esos niños carecían de los recursos necesarios para adquirir los alimentos que requerían para tener una alimentación sana y variada.

En este contexto, el director de El Poder del Consumidor, Alejandro Calvillo, detalló que uno de cada tres niños en México tiene sobrepeso u obesidad, y que la publicidad de productos poco nutritivos les lleva a cambiar sus hábitos alimenticios generándoles a la larga enfermedades como la diabetes.

En tanto que la representante de la Redim, Alma Meneses, dijo que el Estado debe proteger los derechos de los menores y tomar acciones positivas para prohibir todo tipo de publicidad dañina. Mencionó que más de 80 por ciento de la publicidad infantil ve televisión en la semana, y ahí recibe toda cantidad de publicidad dañina para su salud.

“El Estado tiene que implementar acciones no sólo para el ente público, también para los entes privados si ve que están los derechos de la infancia. No más bombardeo de publicidad engañosa que dañe a la salud”, destacó.

DESIGUALDAD EN EDUCACIÓN

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educativa (INEE) presentó ayer al Senado un informe en el que expone los claroscuros del sistema y señala temas como la deserción escolar, el trabajo infantil, la no disponibilidad de la oferta educativa y los rezagos en las zonas indígenas.

En el documento “El derecho a una educación de calidad: Informe 2014” se destacó que la población mexicana cuenta ahora prácticamente con la secundaria como nivel de escolaridad promedio.

La funcionaria del INEE, Silvia Schmelkes, indicó que prevalecen serias dificultades como la inequidad educativa, ya que desigualdad en el acceso a la escuela sobre todo para los niños de 3 años y para la población de 13 a 17 años.

Ello se agudiza cuando se toma en cuenta la asistencia y avance escolar, así como se vincula al hecho de vivir en una zona urbana o rural, con los niveles de ingreso de las familias o con el hecho de pertenecer o no a un hogar indígena o clasificado con pobreza alimentaria.

Schmelkes agregó que la población indígena es la menos beneficiada en el sistema escolar y que prevalecen en zonas urbanas la discriminación por origen étnico de los alumnos, por lo que es necesario reconocer el valor de este sector y fortalecer las escuelas a las que asisten y establecer equipos itinerantes que apoyen que los apoyen.

En el tema de la deserción escolar, expuso que afecta al 20 por ciento de una generación de educación secundaria y al 40 por ciento de media superior. “Uno de cada tres niños de 15 años se encuentra fuera de la escuela y una quinta parte de los jóvenes de entre 18 y 24 años no termina la secundaria”.

El informe alerta que esta situación aumenta el riesgo de desempleo, así como la incorporación de jóvenes al crimen organizado, así como se destaca que las escuelas no siempre aseguran un clima de bienestar, respeto y seguridad para los alumnos.

Asimismo se destacó que el trabajo infantil obstaculiza la educación, por lo que es necesario fortalecer y ampliar las escuelas de tiempo completo y horario ampliado, así como el sistema de becas, además cumplir con la no obligatoriedad del cobro de cuotas.