De nuevo el regateo de vidas: si son cinco, 80 ó 100, qué más da: son pobres y son centromericanos, dice Alejandro Solalinde, el sacerdote que va y viene de una oficina de gobierno a otra siempre que sabe de un secuestro más de migrantes, como el que ocurrió la semana pasada en Medias Aguas, Veracruz, “el estado más peligroso ahora para el tránsito” de viajeros indocumentados.
[Utilice las flechas de su teclado para avanzar o retroceder]“El Instituto Nacional de Migración (INM) es como una persona invadida de cáncer, a la que aparentan arreglar muy bonito, la visten elegantemente, hasta la maquillan, pero esta institución ya está invadida, desahuciada, y en su caso la corrupción es la enfermedad”.
Sin expectativas pero con esperanzas, el sacerdote esperaría del gobierno federal un cambio radical de la política migrantoria. Por ejemplo: desaparecer el INM y crear otra oficina dedicada sólo a asuntos administrativos, bajo la condición de que se extendieran permisos de tránsito o visas para los migrantes centroamericanos, quienes de esa manera ya no necesitarían “seguridad” porque no los obligarían a viajar en condiciones tan vulnerables.
“Ellos no necesitan seguridad, sino que les den el paso. Un permiso, una visa que les permita viajar en otras condiciones. Mientras eso no suceda, seguirán viajando en tren, exponiéndose a los secuestros, porque donde hay un desplazamiento masivo, hay un riesgo masivo”.
Indignación y reclamos
Solalinde está indignado. Las autoridades no sólo le regatean vidas, ahora también le maltratan testigos. Lo dijo ayer, en una entrevista para Sinembargo.mx y al salir de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delicuencia Organizada (SIEDO), donde declararon dos testigos del secuestro que denunció el sacerdote y en el que involucra hasta la complicidad de los maquinistas del tren que lleva el vergonzoso apodo de La Bestia, y que va de Arriaga, Chiapas, a Chachihuites, Oaxaca.
Solalinde no se da respiro. Mucho menos ahora que las cosas han empeorado para los migrantes centromericanos. Desde que comenzó esta guerra, asegura, los secuestros han aumentado: si en 2009 hubo 9 mil 758, para 2010 ya sumaban 11 mil 333, “y habrá que ver el número que nos espera este mismo año”.
Esta guerra, dice, no es estratégica, no es inteligente, y no importa qué diga el Presidente (Felipe Calderón). El costo de ella, además de las víctimas del propio país, son los indocumentados que están más que nunca vulnerables ante el crimen organizado.
La delincuencia, los narcotraficantes, los Zetas y hasta las autoridades involucradas en tráfico de inmigrantes han hallado en ellos una fuente inagotable de recursos. “Para suerte de los criminales resulta que los pobres sí valoran la vida humana y, aun sin recursos, son capaces de vender lo poco que tiene, de tomar todos sus ahorros, para salvar a su gente y pagar los secuestros”.
Pero aún cuando pagan por su liberación, incluso luego de que los roban lo poco que llevan consigo, los obligan a trabajar para ellos un año, dos, nadie sabe a ciencia cierta porque nadie los busca, dice. Pero tenemos testimonios, gente que ha tenido que trabajar para la delincuencia, para pagar su propia liberación.
“Conocimos el caso de una persona que tuvo que trabajar para la delincuencia hasta cubrir 7 mil dólares como importe de su secuestro. Es indignante: es una nueva esclavitud, una nueva forma de la trata de personas”, afirma quien también coordina la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado mexicano.
–¿Qué lugar ocupan los migrantes centroamericanos en la clasificación de víctimas de la violencia? ¿Habrá una placa para ellos, como se propone para cada uno de los 40 mil muertos generador por la guerra contra el crimen organizado?
Necesitaríamos 20, 30, 50 veces más placas para ellos, porque ni siquiera sabemos cuántos están secuestrados, a cuántos hemos perdido. Sus familias en Centroamérica son tan pobres que a veces ni siquiera tienen para una llamada, y mucho menos para venir a México a investigar nada.
Todos involucrados
De muy poco han valido las denuncias del padre Solalinde. Ya perdió la cuenta de cuántas ha presentado desde que está en Ixtepec, Oaxaca, y conduce el albergue Hermanos en el Camino, donde atiende todos los días hasta 300 migrantes centroamericanos, de quienes toma registro y fotografía, elabora fichas, que luego pone a disposición de las autoridades migratorias con la “esperanza” de que un día se decidan a investigar.
Incluso para el caso de los migrantes secuestrados en Medias Aguas envió de inmediato los registros de 129 de ellos que permanecieron en su albergue. “Ese material debió haber llegado a la SIEDO hace tres días, pero no. Providencialmente no ha llegado y, en cambio, sí lo han recibido organizaciones y autoridades de los países de origen de los migrantes”.
Ahora, sin embargo, duda del uso de esa información. Mejor ni pensar si cae en manos de “alguna gente infiltrada en el mismo gobierno”.
–¿Sospecha de la connivencia de las autoridades?
-No, no sospecho. Estoy seguro. Tengo la seguridad de la complicidad de gente del propio gobierno, involucrada en el tráfico de migrantes. Y tengo la seguridad porque tengo lo pelos en la mano. El mismo Presidente, hace exactamente una semana, durante el diálogo con las víctimas, reconoció las infiltraciones de la delincuencia organizada en el gobierno, en diferentes instituciones.
“Los párrocos de la ruta del migrante sabemos muchas cosas, por qué no preguntan quiénes de sus gentes están con los polleros”, reta Solalinde, quien ha entregado al Instituto Nacional de Migración pruebas suficientes para abrir investigaciones, dice.
“Cuando Cecilia Romero estuvo al frente (del 7 de diciembre de 2006 al 14 de septiembre de 2010), le presentamos pruebas, fotografías, no sé qué habrán hecho con ellas, pero no puede decir que no le entregamos pruebas a ella”.
La autoridad, por lo pronto, se defiende. El subsecretario de Gobernación, René Zenteno, ya dijo que este año han detenido a 147 traficantes de personas y rescatado de casas de seguridad a 4 mil 33 migrantes. Eso significa 672 migrantes por mes y al menos 22 por día, lo cual no hace aparecer descabellado que en un solo golpe la delincuencia se llevara a 80, como asegura Solalinde. Y apenas ha corrido medio año.
“Si hubiera voluntad tomarían las listas que les hemos ofrecido y comenzarían a investigar, a través de los consulados, con las familias de esos migrantes: si han llamado, si tienen noticias de ellos”. Pero no. Siempre es más fácil negar, cuidar la imagen, dice. Sobre todo ahora que lo único importante es lo electoral.
“Por eso no avanzamos, porque no hay voluntad política, porque este gobierno sólo ha tenido sensibilidad para los migrantes del norte, per no mira hacia el sur. No avanzamos por la corrupción, por los intereses, por los propósitos electoreros, porque nuestro país está hundido en la corrupción y la impunidad. Porque sólo intersan las prebendas políticas y no el país”.
Maltrato y duda
Alejandro Solalinde siempre va deprisa. Quizá para ir un paso adelante de las autoridades. Ayer mismo salió corriendo con rumbo a la SIEDO porque no confiaba en dejar solos al guatemalteco y el hondureño que declararon sobre el reciente secuestro en Medias Aguas, ante la representante de la Procuraduría General de la República (PGR) en Veracruz, María Teresa Cabello: “Fue muy grosera, los maltrató y dudó todo el tiempo de ellos”.
Allí estuvo una representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para sostener el dicho de Solalinde, que ayer mismo se comunicó con la quinta visitaduría de esta institución para dar trámite a una queja contra la funcionaria y ya tendrá tiempo de reportar la situación al ONU, pues el lunes comienza una visita oficial de la titular del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, quien revisará el tema de la situación de los migrantes.
Este 1 de julio, el párroco seguirá su peregrinar. Toca el turno con el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, con quien se reunirá en su entidad, misma que ocupa el primer lugar por el número de secuestros de migrantes con 2 mil 944 casos, de acuerdo con el informe 2010 de la CNDH.
En aquel estado gobernado por el PRI no ha habido avances en a atención de los indocumentados que viajan hacia el norte, a diferencia de Oaxaca y Chiapas, donde Solalinde ha visto al menos algunos cambios.
“En Chiapas se han creado insituciones como la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra Inmigrantes. En Oaxaca está próxima una ley y se están modificando estructuras, pero en Veracruz nada, será quizá que algo ocultan”.
Los focos rojos identificados por Solalinde en esa entidad son Orizaba, Río Bravo, Tierra Blanca, Zayula y Acayucan, donde asegura que hay ranchos donde mantienen cautivos a los migrantes, y lo mismo ocurre en el perímetro de Medias Aguas.
Por si acaso, Duarte se cura en salud y afirma que no sabe lo que ocurre en su entidad, pero Solalinde le entregará la transcripción de un testimonio que desde 2009 presentó a la Secretaría de Gobernación sobre el caso de Coatzacoalcos. “Allí nos han dicho, tenemos testimonios, de que todos están metidos el tráfico de indocumentados, menos el Ejército, la Iglesia y la CNDH. Pero la policía, algunos jueces, los ministerios públicos, funcionarios de gobierno, todos tienen algo que ver, y señalan como presunto jefe de las operaciones a un comandante de la Policía Federal a quien identifican como Jimmy. Cómo voy a creer que con toda esa podredumbre no se pueda hacer justicia.”
Desde que Felipe Calderón llegó a la Presidencia hubo promesas de cambio que no se han cumplido en materia migratoria. Mientras, seguirá encomendándole a cada presidente en turno, como lo hizo con Calderón en Chapultepec, el miércoles pasado: “Señor presidente, ahí le encargo a mis migrantes”.
