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Redacción/SinEmbargo

11/04/2019 - 5:33 am

Pobreza del campo / Gansa Nacional / Evaluación

El impulso al campo fue una de las promesas de campaña del Presidente Andrés Manuel López Obrador, tema que ha tomado relevancia ante el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, pues es justamente en el campo donde se concentra uno de los sectores más pobres del país

Pobreza del campo
El impulso al campo fue una de las promesas de campaña del Presidente Andrés Manuel López Obrador, tema que ha tomado relevancia ante el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, pues es justamente en el campo donde se concentra uno de los sectores más pobres del país,  por lo que en el Reforma, el analista y periodista Sergio Sarmiento, escribe que: “en la mañanera de ayer la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum afirmó: ‘La mejor manera de recordar a Zapata es el apoyo que se está dando al campo en la Ciudad de México, además de todos los apoyos que está dando el gobierno de México…’. ¡Qué paradoja! Celebramos a Emiliano Zapata dando caridad a los campesinos empobrecidos. A Zapata se le atribuye el renacimiento del ejido, esa forma colectiva de tenencia de la tierra que el gobierno colonial otorgaba a las comunidades indígenas […]. Por el impulso de Zapata se restablecieron las tierras comunales y los ejidos abolidos por la Ley de Desamortización de 1856. Primero con la Ley Agraria de 1915 y después con la Constitución de 1917 se rechazaron las reformas liberales y México regresó a esas viejas formas de tenencia. Hoy el país es muy distinto, sobre todo en las ciudades. Si solo consideráramos las zonas urbanas, México sería un país sorprendentemente rico. El campo concentra la pobreza: ‘Aunque solo una cuarta parte de la población mexicana vive en zonas rurales, en estas regiones reside el 60.7 por ciento de la población en pobreza extrema y el 46.1 por ciento de los moderadamente pobres en el país’. (‘La pobreza rural en México’, Banco Mundial, 2004). Esto se lo debemos en buena medida al ejido y a las tierras comunales indígenas cuya productividad es muy inferior a las propiedades privadas […]. La falta de derechos claros de propiedad ha mantenido a los ejidos y tierras comunales sin inversión y en la pobreza, mientras que el resto de la economía ha avanzado, a ritmo desigual, pero ha avanzado. No debe culparse completamente a Zapata. Él exigía la restitución de las tierras de los pueblos, pero no proponía una ‘organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades’, como señala la actual versión del artículo 27 de la Constitución […]. Hoy se utiliza la figura de Zapata para defender lo indefendible: esas formas colectivas de tenencia de la tierra que son el origen de la pobreza de la mayor parte del campo. Es muy doloroso que los políticos nos digan que recuerdan a Zapata dando ayuda a los campesinos empobrecidos. Mejor sería adoptar los derechos de propiedad que a él le permitieron convertirse en un agricultor que, con honrado trabajo, ganaba lo suficiente para mantener desahogadamente a su familia”.

En Milenio, el periodista, novelista e historiador Héctor Aguilar Camín, retoma su columna sobre el campo mexicano y escribe que: “me escribe Rodrigo Negrete, amigo y colega diarista, sobre mi columna del lunes: Los dos campos mexicanos. Me sorprenden para empezar las cifras que me da, porque indican una tendencia: Hay 7.5 millones de personas que viven del sector agropecuario, un 13.8 por ciento de la ocupación total del país, que es de 54.2 millones de personas. Solo 2 millones de esos 7.5 se dedican a la agricultura temporalera de subsistencia, una población que se mantiene estable desde 2005, y que representa el sector más desprotegido e improductivo del campo mexicano. Los promedios de edad del sector agropecuario no son la mejor de las noticias para una actividad económica que requiere todavía de gran esfuerzo físico. El promedio de los ocupados en el sector temporalero de subsistencia es de poco más de 52 años. Se imponen dos preguntas ante estos datos, dice Negrete: ¿se le puede apostar a este sector para lograr en el futuro mayor autosuficiencia alimentaria, como parte de una política agropecuaria? O más bien, ¿se debe pensar en él como una red de pensionados rurales, parte de una política social? Los precios de garantía mezclan equívocamente las dos cosas: protegen la improductividad del campo y subsidian a quien de otro modo no podría sobrevivir como unidad económica. La trampa de largo plazo de esta política, dice Negrete, más allá de sus costos fiscales, es que ancla a los jóvenes en comunidades que no tienen futuro y de las que no se pueden mover, pues la ayuda está ligada a su arraigo. Fue lo que sucedió, recuerda Negrete, con la Inglaterra del primer tercio del siglo XIX y los efectos contraproducentes de su llamada Ley de pobres, descrita con elocuencia por Karl Polanyi en La gran transformación (FCE, 1992). Los subsidios rurales alivian de la pobreza a quien los recibe, pero también atan a los individuos, escribe Negrete, a actividades productivas ‘a las que ya no deberían apostar… ‘Al cabo de un tiempo, los ahora jóvenes dejarán de estar dentro del ciclo de vida de mayor plenitud para el trabajo y, no tendrán sino esas unidades que ahora atenderán añosos, reproduciendo un ciclo transgeneracional premoderno”.

Gansa Nacional
El tema de la seguridad nacional tiene a todos preocupado, sobre todo en lo que respecta a la conformación y mando de la guardia nacional, por lo que en el diario Reforma, su columna de trascendidos Templo Mayor, asegura que: “todo indica que hoy será presentado el militar que estará a cargo del ‘mando civil’ de la recién creada Gansa Nacional, perdón, Guardia Nacional. El nombre de quien quede a cargo tal vez sea lo de menos. Lo que más preocupa a expertos y representantes de la sociedad civil es la falta de claridad en la política contra la delincuencia. El temor no es infundado, pues si algo ha quedado claro con el actual gobierno es que primero inventa programas, dependencias o proyectos y deja para después la planeación de labores, el análisis de costos y la evaluación de resultados. De ahí que no sorprende que Alfonso Durazo haya sido llamado a comparecer ante el Senado por el propio Martí Batres, luego de que fue aprobada entre fuertes cuestionamientos la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Será al regreso de la Semana Santa cuando el Secretario de Seguridad Ciudadana explique pa’ dónde va la cosa”.

Sobre el tema también en Milenio, su columna de trascendidos Trascendió, asegura que: “hoy es uno de los días más importantes para el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues presentará al nuevo jefe de la Guardia Nacional, responsable de cumplir el tan anhelado y repetitivo compromiso de disminuir los índices delictivos, combatir la violencia y la inseguridad, y lograr la pacificación del país. Perfiles suenan varios, pero lo cierto es que el equipo de seguridad a quienes el Presidente les ha confiado el nombre lo guardan como el más preciado secreto, para que sea el propio mandatario quien dé la primicia, sobre todo ahora que nadie quiere arriesgarse a filtrar información de la 4T”.

En tanto en El Universal, el periodista Salvador García Soto, escribe que: “Cuando anuncie hoy al mando de la Guardia Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador podrá ejercer, como ya lo anticipó, su facultad constitucional de designar a quien él decida al frente del nuevo cuerpo policiaco, incluido un militar del Ejército mexicano; pero también estará obligado a respetar lo que la misma Constitución le mandata, en el artículo 21 de respetar primero el carácter civil de la Guardia y luego el requisito expreso que se contendrá en la próxima Ley de la Guardia Nacional, […] ‘los elementos provenientes de las Fuerzas Armadas requerirán haber obtenido licencia para separarse del servicio activo’.  Ese texto, que obligaría a que el militar que hoy designe el Presidente ya no esté en activo porque ya tramitó su licencia ante la Secretaría de la Defensa o la Secretaría de Marina, es de observancia obligatoria para López Obrador si no quiere que, desde el origen, su Guardia comience mal o su nombramiento resulte impugnado o controvertido constitucionalmente por los partidos de oposición […]. Ese documento oficial […] fue enviado al Presidente del órgano Legislativo, Martí Batres Guadarrama, por el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Senador Eduardo Ramírez de Aguilar, para que obrara en el expediente relativo a lo que acordó el pleno senatorial por unanimidad en la sesión ordinaria del jueves 21 de febrero, cuando se aprobó el dictamen de reformas a la Constitución en materia de Guardia Nacional, y en él se lee textualmente, en el apartado VI. Otras disposiciones transitorias, en la parte final de la tercera cuartilla: ‘Entre los contenidos que habrán de integrarse a ese orden normativo deseamos destacar el acuerdo alcanzado para que en la Ley de la Guardia Nacional se establezcan los requisitos que deberán cumplir sus integrantes, entre los cuales, si se trata de elementos provenientes de la Fuerza Armada permanente, se requiera haber obtenido licencia para separarse del servicio activo en los términos de las leyes aplicables’. Luego entonces, cuando el Presidente dice e insiste que hoy nombrará a un ‘militar en activo’ se refiere sí a un miembro de las Fuerzas Armadas que puede estar dado de alta y en funciones en la Defensa o la Marina, y que incluso […], podrá conservar su rango militar y sus prestaciones; pero en ningún caso, al momento que López Obrador lo nombre y le dé posesión como jefe de la Guardia Nacional, podrá seguir activo y tendrá que ya haber solicitado y recibido la licencia respectiva que haga constar que ya está separado del servicio activo de las fuerzas militares. De no hacerlo así […] el Presidente no sólo deshonraría la palabra empeñada por sus senadores y su coordinador Monreal, sino que representaría una provocación absurda y una mancha de origen a la Guardia que es vital para que su gobierno pueda enfrentar y controlar la crisis de seguridad […]. López Obrador ya ha dado varias muestras de irrespeto, desaire y menosprecio al Poder Legislativo ¿lo volverá a hacer hoy al nombrar al titular de la Guardia Nacional?”

Evaluación
Sobre el debate de la “Reforma educativa” en Milenio, el periodista Carlos Marín, escribe que: “no son tantos los puntos de desacuerdo de la CNTE con la reforma educativa peñanietista, pero lo rechazado en esa y la nueva nada tiene que ver con la instrucción escolar sino con el indecente negocio de las plazas y querer arrebatar al Estado su rectoría de la enseñanza básica. Uno más es claramente subjetivo, y lo maneja como una especie de afrenta al honor del magisterio: la evaluación, a la que mentirosamente llama ‘punitiva’ porque no admite que a los profes incapaces se les reubique fuera del salón de clases, donde no maleduquen a los niños y jóvenes de preescolar, primaria y secundaria. La patraña le fue comprada por Andrés Manuel López Obrador quien ahora, ante el pataleo de la facciosa organización para que no prospere su iniciativa de nueva reforma educativa, dice de plano que evaluar a los maestros ‘no es prioridad’, porque supone que no incide en la calidad de la enseñanza. Por esto mismo, confía, se armará un plan para ‘fortalecer’ las escuelas normales […]. A principios de marzo, el Secretario Ejecutivo del Coneval, Gonzalo Hernández Licona, pidió recordar que con la evaluación de las actividades gubernamentales lo que se busca es la mejora continua de los servicios y que los programas tengan buenos resultados. Entre los alarmados por la desaparición de las evaluaciones al magisterio figura el lector Luis Castañeda […], quien escribe: ‘Leo con atención tu texto de ayer y vi el programa de El asalto… con el doctor Diego Valadés. Me surge la inquietud y pregunto: ¿en qué parte del mundo, para darte un aumento salarial, no se requiere evaluarte? Si en México lo que se quiere es imponer al holgazán, al que no se quiere capacitar, ¿interpondré un amparo para que mis hijos no sean evaluados por sus profesores? Porque podría alegar que se trata de una acción punitiva, ¿o no? ¿Qué opinas…?’. Opino que el gobierno de la ‘cuarta transformación’ comienza a pagar carísimo su alianza con una temible organización delincuencial. No podrá cumplir lo que le prometió […], porque la CNTE, después, le exigiría la entrega de la secretaría de Estado que encabeza Esteban Moctezuma Barragán. Aniquilados casi por el peñanietismo, los corruptos líderes de la CNTE estaban empequeñecidos pero, en el circo de la política, también crecen los enanos”.

La CNTE tiene miedo a Elba Esther
Elba Esther Gordillo ha manifestado su intención de retomar el liderazgo del magisterio, hecho que al parecer no tiene contentos a muchos, pues en El Universal, su columna de trascendidos Bajo Reserva, asegura que: “los dirigentes de la temida Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, tienen sus propios fantasmas y que no asimilan el retorno de Elba Esther Gordillo a la escena sindical. Nos hacen notar que durante la manifestación realizada este miércoles en la Ciudad de México los profesores aprovecharon para hacer pública su petición de que el gobierno federal revise las carpetas de investigación que se abrieron en el sexenio pasado contra Gordillo, pues consideran que ella representa una amenaza para todo el magisterio, para todo el sindicalismo. Eso sí, nos comentan, los líderes hicieron el comentario a los periodistas, pero no fue una consigna en la movilización, no lo gritaron a los cuatro vientos. ¿Será que quieren manejar con discreción esta solicitud en la CNTE? ¿De qué tamaño es el miedo de la CNTE a la maestra Elba Esther?”.

País de plantones
Sobre las manifestaciones en el país en el Excélsior, su director, el periodista Pascal Beltrán del Río, escribe que: “el ejemplo del bloqueo de las vías del tren en Michoacán […] comienza a cundir por el país. Diversos grupos sociales han identificado el taponamiento de largo plazo de las vías de comunicación como una manera de lograr que las autoridades les den lo que quieran […]. Leo en una nota de la reportera Diana Manzo, de la agencia Istmopress, que pobladores mixes de 17 de 33 agencias que forman parte del municipio de San Juan Mazatlán, ubicado en la zona norte del Istmo de Tehuantepec, bloquean desde hace más de una semana la carretera 185 –la vía federal transístmica– a la altura del poblado de Boca del Monte, en demanda de recursos federales del ramo 33 y el Fondo IV, que el alcalde Macario Eleuterio Jiménez se niega a entregarles para obras sociales. Pero no es el único cierre de caminos en la zona. En el extremo sur del Istmo, comerciantes y taxistas organizados también han montado retenes en comunidades de los municipios de Matías Romero, Unión Hidalgo y Juchitán, con reivindicaciones variadas. La casi nula atención de autoridades a dichos actos ha enardecido a los manifestantes, que han quemado vehículos y retenido a los pocos policías que se apersonan […]. Si uno suma a ello las manifestaciones de la CNTE contra la Reforma Educativa e interminables paros laborales como los de la UAM y la Universidad de Chapingo, el paisaje nacional comienza a llenarse de tiendas de campaña, barricadas y piedras sobre el pavimento. El paralelismo que ha establecido el Presidente Andrés Manuel López Obrador entre aplicación de la ley y represión –que son cosas distintas– ha envalentonado a los plantonistas, pues resulta más que obvio que podrán seguir realizando sus acciones sin miedo de una sanción legal como consecuencia de sus actos. El único castigo del que ha hablado López Obrador para ese tipo de hechos es la eventual reprobación que de ellos haga la opinión pública […], pero no puedo pensar en ninguna organización que usa el plantón como táctica de protesta a la que le importe lo que piensan los ciudadanos afectados. Hay más posibilidades de que éstos se enojen con las autoridades […] que con los manifestantes mismos. El problema es que la multiplicación de los plantones en el país tarde que temprano comenzará a tener impacto importante en la economía: pérdidas por la tardanza en la entrega de mercancías, retiro o posposición de inversiones por temor al caos que generan los bloqueos, uso de recursos públicos para desactivar protestas, etcétera. Mientras más se demore el gobierno federal en darse cuenta de estas implicaciones, más difícil será detener el crecimiento de esta práctica”.

¿Favores?
Por otra parte en el Excélsior, su columna de trascendidos, Frentes Políticos, asegura que: “el Consejo General del INE dejó en suspenso la aplicación de una multa por más de 12 millones de pesos al PRI, por irregularidades al contratar publicidad por vía inalámbrica. Edmundo Jacobo Molina, Secretario ejecutivo, solicitó la votación y se registró un empate entre los consejeros. Qué coincidencia, de los 11, sólo estaban 10 al momento en que se votó el Procedimiento Ordinario Sancionador en materia de fiscalización, por lo que la votación se dividió en cinco en favor y cinco en contra. Y conforme al reglamento, se volvió a votar, pero la consejera Claudia Zavala, quien abandonó por unos minutos el salón, no regresó a tiempo para apoyar o desaprobar este proyecto de acuerdo. Entonces se decidió que el tema se pasara a discusión para la próxima sesión que tendrá este Consejo el 26 de abril. ¿Gato encerrado?”

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