Presidente de Guatemala defiende acciones de gestión por transparencia

El mandatario se refirió al tema, “de gran interés para los guatemaltecos”, en la emisión de su programa semanal, retransmitido por medios electrónicos.

Aseveró que su gobierno, cuyo mandato de cuatro años concluirá el próximo en enero de 2016, ha asumido medidas sin precedente en los esfuerzos por la transparencia y la lucha contra la corrupción.

Las especulaciones y los “señalamientos sin fundamento” de la oposición y la actitud de los medios que se abstienen de informar sobre las acciones positivas del gobierno, dificultan estos esfuerzos, indicó.

Pérez sostuvo que los avances en la lucha contra la corrupción que lleva a cabo su gobierno, en cambio, han merecido reconocimiento internacional.

Destacó la creación del “Gobierno Electrónico”, iniciativa por la transparencia y la “auditoría social” de la adecuada gestión pública, en la que Guatemala “es país pionero” a nivel latinoamericano.

Además la Comisión Presidencial para la Transparencia, que al inicio del gobierno tenía un rango de “secretaría de Estado” pero que la impugnación legal de la oposición llevó a establecerla como una dependencia del jefe del Ejecutivo.

La titular de la nueva dependencia, Verónica Taracena, indicó que también se aprobó casi al comienzo del gobierno, con la entonces mayoría oficialista de diputados, la Ley Anti corrupción.

La nueva ley tipificó ilícitos como el enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo y activo internacional y “testaferrato”, delitos que antes no se perseguían penalmente en Guatemala.

Por la vigencia de esa ley, Guatemala salió de la “lista negra” de una entidad internacional que califica las acciones contra la corrupción, resaltó Taracena.

Dijo que la transparencia no solo es ausencia de corrupción sino la “rendición de cuentas” y una adecuada gestión pública, por lo cual citó el plan de acción con 48 compromisos que se discute con entidades sociales.

La funcionaria dijo que el gobierno anterior recibió apenas 20 denuncias, que no procesó ni resolvió, y carecía de controles, con el pretexto de la “confidencialidad” de las personas que eran beneficiadas con fondos y en especie de los programas sociales.

Afirmó que ahora se tiene un registro pormenorizado de cada ciudadano beneficiado –de unas 900 mil familias del programa- y que acciones como la entrega de fertilizantes para apoyar a los campesinos pobres tiene un código de barras para identificar al usuario.