El desabasto de medicinas en México no sólo se debe a ineficiencias y corrupción, también implica falta de rendición de cuentas y privilegios fiscales a grandes proveedores gubernamentales —como Roche, Grupo Fármacos Especializados y Novartis— que dañan al erario público, denunció el colectivo “No al Huachicol de Medicinas”.
Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).- El desabasto de medicamentos en instituciones de salud pública en México se debe a corrupción, ineficiencias y vacíos de ley. Este problema es más común en tratamientos para diabetes, hipertensión, cáncer, VIH y fallo renal, de acuerdo con el colectivo “No al Huachicol de Medicinas”.
Los integrantes del colectivo indicaron que el 48.7 por ciento de los casos de desabasto ocurre en el ISSSTE, seguido de los casos en el IMSS (25.1 por ciento) y en el Seguro Popular (15.9 por ciento).
De 912 casos analizados en los últimos cuatro meses, el colectivo halló que el desabasto en tratamientos de diabetes sucedió en el 15.3 por ciento.
A ello siguió el desabasto en medicamentos para hipertensión (14.3 por ciento), cáncer (8.6 por ciento), VIH (7.3 por ciento) y fallo renal (3.5 por ciento).
El mayor número de reportes recibidos se presentó en la Ciudad de México (25 por ciento de los casos), Estado de México (12 por ciento), Veracruz (7.5 por ciento) y Chihuahua (4.8 por ciento), refirió “No al Huachicol de Medicinas”.
Sin embargo, las entidades con mayores índices de pobreza —como Oaxaca y Chiapas— suelen ser las zonas con mayores irregularidades presupuestarias en el ejercicio del gasto público en salud.
Durante el sexenio pasado y según datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), “en Oaxaca quedaron pendientes de declarar 1 mil 446 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), y en Chispas 1 mil 068 millones de pesos”, ejemplificó Janet Oropeza del centro de análisis e investigación Fundar.
El desabasto en medicamentos pone en riesgo el derecho fundamental a la salud de los mexicanos. Por ello, el representante de la organización Derechohabientes Viviendo con VIH del IMSS, Luis Adrián Quiroz, indicó que “nuestra vida está en peligro” y que ante el agravio “no hay una reparación”, ni para la institución que pierde recursos, ni para el usuario que deja de consumir su tratamiento.
OPACIDAD Y CORRUPCIÓN
De acuerdo con Janet Oropeza de Fundar, la falta de transparencia, de seguimiento al gasto en salud y de competencia entre farmacéuticas y distribuidoras de medicamentos abonan a la corrupción y a la falta de abasto de medicinas en México.
Fundar solicitó información relacionada con el ejercicio presupuestario de seis programas destinados a la salud de las mujeres.
El 46 por ciento de las solicitudes obtuvo respuesta. En cambio, un 19 por ciento de ellas implicó información que no se puede comprar, además del 30 por ciento de las solicitudes con información negada.
Lo anterior refleja la falta de información adecuada para dar seguimiento al presupuesto de las instituciones de salud pública, explicó Oropeza.
A ello se suma la “falta de seguimiento del gasto en salud”. La integrante de Fundar dijo que durante el sexenio pasado, la ASF encontró irregularidades en el 85 por ciento del gasto del FASSA, por 5 mil millones de pesos.
Sobre la falta de competencia, Oropeza mencionó la existencia de dos factores que generan desigualdad: la concentración de contratos en pocas manos y la condonación de créditos fiscales.
Sobre este último aspecto, la investigadora dijo que durante el sexenio pasado hubo seis farmacéuticas o distribuidoras que acapararon beneficios fiscales por más de 5 mil 871 millones de pesos que podrían haberse utilizado para medicinas.
Entre ellas destacó a Roche, empresa a la que le fueron condonados 3 mil 796 millones y Grupo Fármacos Especializados, la principal distribuidora del sexenio pasado con 1 mil 834 millones de pesos condonados en 2013-2018.
Entre las grandes beneficiadas, que forman parte de los más grandes proveedores de bienes y servicios médicos del Gobierno federal, Oropeza también mencionó a Merck Sharp y Dohome Comercializadora (996 mdp), Novartis (772 mdp), Sanofi (12.4 mdp), Glaxosmithkline México (195.2 mdp) y Bristol Myers Squibb de México (6 mil 266 pesos).
El problema es que estas grandes proveedoras, además de obtener un beneficio por acaparar las contrataciones públicas, son beneficiadas con condonaciones de impuestos, lo que implica “un doble beneficio” en detrimento de la competencia económica y de la economía nacional.
Oropeza, de Fundar, explicó que estos privilegios fiscales, que la propia ASF ha señalado como ineficientes, causan una doble afectación para el Estado y los servicios de salud. Por un lado, los dobles beneficios que pueden obtener algunas empresas distribuidoras, al asegurar muchos contratos públicos y al mismo tiempo condonaciones fiscales, afectan la competitividad del sector, colocando a estas empresas en situaciones privilegiadas respecto a otras y frente al propio estado, lo que impacta las compras públicas de medicamentos.
Por otro lado, agregó los multimillonarios beneficios fiscales son recursos que dejan de entrar a las arcas del Estado y que podrían haberse ocupado para garantizar el derecho a la salud y disminuir las desigualdades. “Por ejemplo, si sumamos las cifras de los beneficios fiscales de seis de las diez principales empresas productoras y de la principal distribuidora de medicamentos obtenemos 7, 705 mdp (cifras 2019) de dinero que el gobierno dejó de recibir. Esto representa casi tres veces el presupuesto del programa de salud sexual y reproductiva de la Secretaría de Salud para 2019”.
Fundar consideró fundamental que en el legislativo avance la reforma legal que prohibirá los privilegios fiscales, además de que el nuevo gobierno debe mantener su promesa de asegurar la asignación progresiva y suficiente de recursos públicos al sector salud.
EL COLECTIVO
Para el colectivo “No al Huachicol de Medicinas”, asegurar la asignación presupuestaria de recursos al sector público de la salud —que sufrió recortes acumulados de 45 mil millones de pesos en el sexenio pasado— y reducir los beneficios fiscales forman parte de las estrategias centrales para garantizar el abasto de medicinas.
Empero, urgieron la necesidad de combatir las redes de corrupción e ineficiencia en la cadena productiva y de distribución, que incluye casos de “robo hormiga” al interior de las dependencias de gobierno, así como prácticas inadecuadas de contratación y falta de rendición de cuentas.
Para ello hacen falta denuncias ciudadanas y de servidores públicos, de manera anónima y a través de plataformas como la del colectivo “No al Huachicol de Medicinas”.
Para Luis F. Fernández, director ejecutivo de Nosotrxos, el problema también implica que las autoridades “no tienen ojos suficientes” para dar seguimiento a los casos de desabasto. Ahí es donde entran las asociaciones civiles y la ciudadanía, explicó.
“Lanzamos hace cinco meses la iniciativa ‘No al Huachicol de Medicinas’ para crear una red de pacientes, familiares de pacientes y personal de salud que denuncien el desabasto de medicamentos e insumos médicos en clínicas y hospitales públicos”, refirieron los integrantes del colectivo.
Se trata de una red integrada por 19 mil personas en todo el país.
De acuerdo con los reportes recibidos por el colectivo, las principales causas del no surgimiento de recetas son: fallas en la cadena de abasto, nuevas reglas en la compra de medicamentos e insumos para la salud y casos relacionados con posibles redes de corrupción, que incluyen la adquisición de medicamentos “por fuera” (vía ilegal).
