Durante las visitas de supervisión penitenciaria en diversas cárceles, la CNDH observó que algunas personas privadas de la libertad desconocen en qué consiste la llamada Política Nacional de Vacunación contra el coronavirus y cómo pueden ejercer su derecho a recibir la vacuna.
México, 18 febrero (EFE).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó este jueves a las autoridades de salud en México a que garanticen el acceso a la vacuna contra la COVID-19 a personas privadas de la libertad, en especial a mayores de 60 años y a quienes pertenecen a grupos de riesgo.
En un comunicado, pidió que las autoridades aseguren el derecho de las personas internas en centros penitenciarios federales, estatales y militares a “acceder oportuna y eficazmente” a servicios médicos y esquemas de vacunación a los que tienen derecho.
“En caso contrario, el Estado Mexicano sería responsable de violaciones a los derechos humanos por omisión”, afirmó.
El organismo detalló que, durante las visitas de supervisión penitenciaria en diversas cárceles, se observó que algunas personas privadas de la libertad desconocen en qué consiste la llamada Política Nacional de Vacunación contra el coronavirus y cómo pueden ejercer su derecho a recibir la vacuna.
“Lo anterior es motivo de preocupación, dado que recientemente nuestro país inició la vacunación de personas mayores de 60 años en toda la República, previo registro en línea”, apuntó.
Refirió que esto pone a aproximadamente 6 mil 556 personas mayores privadas de la libertad “en condición de vulnerabilidad respecto al conjunto de la población”.
La CNDH consideró indispensable informar y sensibilizar a la población penitenciaria sobre el proceso para acceder a la vacuna y la importancia de su aplicación.
Además, pidió incorporar, de manera gradual, a las demás personas en reclusión, de acuerdo a los ejes de priorización implementados por el Gobierno Federal.
Recordó que en su Informe Especial sobre las medidas adoptadas en centros penitenciarios para la atención de la pandemia, emitido en junio de 2020, se enfatizó que las autoridades tienen la obligación de “dotar y suministrar” insumos médicos, medicamentos, sanitarios, sanitizantes y de higiene personal.
Del mismo modo, dijo, se deben visibilizar en las partidas presupuestarias correspondientes, la adquisición y aplicación de pruebas para el coronavirus SARS-CoV-2, estudios clínicos y/o vacunas destinadas específicamente para las personas privadas de la libertad.
México inició el pasado lunes la segunda fase del plan de inmunización con la vacunación de adultos mayores de 60 años con vacunas de AstraZeneca, cuando todavía no ha concluido la vacunación de personal médico con las dosis de Pfizer, la cual comenzó el 24 de diciembre.
De momento, se han aplicado un millón 058 mil 139 vacunas contra la COVID-19 pero sólo 99 mil 666 personas han recibido las dos dosis necesarias para la inmunidad.
El país suma más de 2 millones de contagios confirmados y 177 mil 061 víctimas mortales, ocupando el tercer puesto con más decesos por la pandemia detrás de Estados Unidos y Brasil, según la Universidad estadounidense Johns Hopkins.
