En ninguna de las siete hojas en las que se redactó el acuerdo de la junta de coordinación política del Congreso del Estado de Baja California, para realizar una “consulta ciudadana” en la que ciudadanos fijen una postura sobre la polémica y tachada de antidemocrática ampliación de mandato de dos a cinco años para el Gobernador electo Jaime Bonilla, se hace mención de la Ley de Participación Ciudadana que en el estado 29 está vigente desde 2001.

Se trata, en efecto, de una “consulta” fuera de la Ley de Participación Ciudadana. Un invento de los diputados de Morena que no están considerando la legislación vigente que no contempla la “consulta ciudadana”, pero sí cuatro figuras de participación como lo son el plebiscito, el referéndum, la iniciativa ciudadana y la consulta popular.

Sin embargo los diputados de Morena no recurrieron a la Ley porque esta no les asiste. La legislación bajacaliforniana determina expresamente: “no podrán ser objeto de consulta popular la materia electoral… o el régimen interno y de organización de la administración pública”. Siendo la ampliación de dos a cinco años una cuestión electoral al haber sido votado un Gobierno para un periodo de dos años en la elección estatal, están impedidos para hacer una consulta popular con todas las de la ley.

En el mismo sentido, en el acuerdo de los diputados de Morena en Baja California, no se menciona la participación del Instituto Estatal Electoral en el desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta, como sí queda expresamente establecido en la Ley de Participación Ciudadana.

No teniendo fundamentos legales para la realización de una consulta popular de acuerdo a la legislación vigente, los diputados que están obligados a hacer aquello que expresamente la ley les permita, decidieron acordar algo fuera de la Ley, una “consulta ciudadana” que no está reglamentada, que no tiene método, ni institucionalidad, ni está regulada, pero que organizarán ellos mismos con dineros que recauden por parte de ciudadanos, organismos de la sociedad civil, partidos políticos y demás interesados, sin establecer un sistema para fiscalizar las donaciones, su origen lícito o transparentar los recursos recibidos.

La junta de coordinación política integró una “comisión especial” para la organización y el desarrollo de la consulta (es de suponer aunque no viene escrito, que también del cómputo y la declaración de validez). De los siete diputados miembros de esa “comisión especial”, seis son de Morena y uno del Partido del Trabajo.

Considerando que la “consulta ciudadana” no es una figura en la Ley de Participación Ciudadana de Baja California, su resultado no será vinculatorio para los Poderes del Estado. No deben pues, con ese ejercicio fuera de la Ley, determinar si el mandato para el próximo Gobierno es de cinco años en lugar de los dos como se estableció en la convocatoria para el proceso electoral 2019.

Sobra decir que no tiene sustento legal que una consulta ciudadana hechiza, sin la participación de órganos electorales, pagada con recursos privados, fuera de la Ley de Participación Ciudadana, organizada por seis diputados de Morena y uno del PT, pueda tener más relevancia que una elección constitucional como la realizada el 2 de junio de 2019 en Baja California para elegir Gobernador para un periodo de dos años, con el objetivo de empatar los procesos locales a los federales intermedios, y donde resultó electo el candidato de Morena.

La “consulta ciudadana” es el quinto intento –tres previo a la elección, dos posteriores- del equipo morenista por ampliar el mandato de dos a cinco años en Baja California. Primero fue un recurso interpuesto por una abogada el cual el Tribunal Electoral de Baja California aprobó, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó. Lo que sucedió también con un recurso que presentaron diputados locales de diversos partidos –PAN, PRI, PRD, Morena- para ampliar el mandato no a cinco sino a seis años. El último lo presentó el ahora Gobernador electo, pero el proceso se detuvo cuando a poco más de una mes de la elección, el Congreso del Estado de Baja California modificó la Constitución local para ampliar el periodo del próximo Gobierno a cinco año en lugar de los dos que se votaron en la elección.

La “consulta ciudadana” es el quinto experimento del equipo de Morena en Baja California –auspiciado por la dirigencia nacional y por el no posicionamiento del Presidente de la República– para ampliar el mandato de Gobierno. Una consulta fuera de la ley. Una ocurrencia legislativa.

Adela Navarro Bello

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