Cuando Cárdenas decidió llevar a cabo la expropiación, el 97 por ciento de las empresas petroleras estaba en manos de compañías extranjeras. La decisión del general Cárdenas de poner en marcha el proceso de expropiación, fue provocada por abusos y soberbia de las empresas petroleras que desafiaron a la nación mexicana cuando se rehusaron a aceptar una decisión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en torno a las relaciones laborales.
En 1936, alentado por Cárdenas, se formó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Este sindicato pidió a las empresas petroleras que firmaran un contrato colectivo de trabajo. La solicitud de prestaciones y aumento salarial fue de manera sistemática por las compañías, lo que ocasionó una huelga a mitad de 1937. La Junta de Conciliación y Arbitraje concluyó que las compañías abundaban en recursos contables a su favor. El fin que se pretendía era la adulteración de cuentas y velar utilidades por medio de gastos y sueldos manipulados hacia arriba.. La situación financiera de las empresas estaba en bonanza; podían erogar hasta 26 millones de pesos en beneficio de sus empleados y no sólo los 12 que habían ofrecido.
Standard Oil se comportó enérgica ante el fallo: “No podemos pagar y no pagaremos”. Las empresas petroleras extranjeras creían que el gobierno mexicano no se atrevería a llevar lejos el agua caliente de la expropiación: poco personal para manejar la industria y y baja accesibilidad mercados para colocar los productos. Días después, en una acción ágil y contundente, Lázaro Cárdenas canceló a la Standard Oil una concesión otorgada desde 1909.
Ese fin de semana, más de 200 mil personas aclamaron a Cárdenas en el Zócalo de la Ciudad de México. Individuos de todas las condiciones sociales comenzaron a hacer fila frente a Bellas Artes para contribuir al pago de las indemnizaciones que México debía hacer a las compañías expropiadas. Miles de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México vitorearon al general; el Presidente tomó una bandera de la UNAM y emocionado, la ondeó por varios minutos.
Tras el decreto de expropiación, las compañías afectadas iniciaron un boicot contra el petróleo mexicano: en vísperas de la Segunda Guerra Mundial el gobierno de la República se vio obligado a venderlo a los países del Eje; de otro modo habría difíciles operaciones de trueque. También hubo embargos, escasez de refacciones –incluso en industrias que nada tenían que ver con el petróleo–, y campañas de desprestigio hacia la imagen de México ante el mundo.
Entonces, como ahora, era fácil que los gobernantes se identificaran con los poderosos, asociarse con ellos y dar a los necesitados explicaciones sobre “ajustes estructurales”. No obstante, Cárdenas tomó partido por una mayoría hasta entonces ausente de las decisiones gubernamentales. Por eso el 18 de marzo de 1938 es momento culminante en el gobierno de Lázaro Cárdenas, el cual fue la expresión más coherente y acabada del reformismo populista surgido de la Revolución Mexicana.
Seis décadas después, si bien en la actual administración ningún plan acepta de manera explícita que el gobierno busque deshacerse de la petroquímica, existen ya signos de una desincorporación virtual de diferentes áreas de Petróleos Mexicanos. Los directivos de Pemex han iniciado desde hace algunos años una etapa que ha sido denominado como de “modernización” de la empresa, después de las exigencias del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y en busca de la nueva reforma energética.
Tal modernización ha incluido modificaciones de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, de modo que permite participar a los particulares en el transporte, almacenamiento y distribución de gas. Se ha realizado una división, que hace práctica una medida de petroquímica en básica (la cual se evaluada como estratégica) y secundaria (la cual sería susceptible de venta). Mantener la producción y, de paso, hacer negocio.
Diversos personajes y organizaciones sociales de la oposición al gobierno, entre quienes se encuentra Cuauhtémoc Cárdenas, han denunciado y su posición es en contra de este manejo discrecional que consideran que ha hecho el gobierno con el petróleo de los mexicanos, en discurso todavía con tinte nacionalista. Funcionarios de alto nivel han respondido, en la búsqueda del negocio privado, que hay temas sobre los que no tiene que ser consultada la sociedad. Pero el asunto va más distante: en las últimas dos décadas las ganancias que México obtiene por la venta de su petróleo han sido utilizadas para garantizar los préstamos que el país recibe de los Estados Unidos. Esto se ratificaría si las crisis periódicas obligan al gobierno mexicano a endeudarse.
El hecho de que Pemex se vea obligado a entregar la inmensa mayoría de sus ingresos al Estado, ha producido una insuficiencia en los controles y una disminución en los gastos de mantenimiento. El resultado: accidentes costosísimos en los últimos 20 años, que han cobrado muchas vidas, a saber las explosiones de gas en San Juan Ixhuatepec, la planta de Cactus, en la zona urbana de Guadalajara y la última en el edificio B2 dentro su complejo administrativo de la Ciudad de México.
Las irregularidades en el proceso de desincorporación de otras empresas paraestatales hacen desconfiar a los mexicanos de lo que podría suceder con el petróleo. El caso de Teléfonos de México es un ejemplo claro de los resultados de las privatizaciones. Otorgado el control de la compañía durante la gestión de Carlos Salinas de Gortari al empresario Carlos Slim, Telmex se ha erigido como monopolio ante la ausencia total de competidores en servicios de telefonía local, a pesar de que el servicio ha mejorado. Los usuarios continúan pagando costos altos por un servicio que podría ser más barato si hubiera competencia. La contraparte es que el propietario de la empresa telefónica ha sido, últimamente en los principales escalones de la lista de Forbes. Se espera que la reforma en telecomunicación cambie esto aunque parezca más una guerra de intereses dentro del poder en los medios de comunicación.
Tales anomalías hacen desconfiar de lo que podría suceder con el petróleo y otras fuentes energéticas, como la electricidad. Quizá por eso la figura de Lázaro Cárdenas permanece como entidad inamovible en el ideario nacional y el episodio del 18 de marzo de 1938 como fecha magnífica de la política mexicana, pero nada más.
