La desaparición forzada en México ha tenido una evolución en las últimas cinco décadas. Inicialmente fue usada por autoridades hasta convertirse en una crisis de derechos humanos de enormes proporciones. Con más de 125 mil personas desaparecidas en el país, este crimen ya no responde a un solo actor ni a un solo propósito, sino que es parte de un complejo entramado de violencias que siguen cobrando víctimas.
Ciudad de México, 30 de marzo (SinEmbargo).- En México, la desaparición forzada sigue siendo una de las prácticas criminales más atroces, que a lo largo de las últimas cinco décadas ha mutado, al ser primero un mecanismo que se consolidó por parte del Estado para eliminar opositores del régimen; y luego a, partir de los 2000, como una práctica sistemática del crimen organizado.
“En el caso de México, como estrategia y como política de Estado, podemos establecer que esta práctica se llevó a cabo desde mediados o finales de la década de los 60 hasta mediados de los años 90 [...] A partir de los 2000, vamos a ver cómo la desaparición forzada comienza a usarse de manera sistemática y masiva dentro de lo que se ha conocido como el crimen organizado”, señaló en entrevista con SinEmbargo, Camilo Vidente Ovalle historiador e investigador especializado en temas de desaparición y autor del libro “Tiempo suspendido. Una historia de la desaparición forzada en México”, con el cual, hace un detallado seguimiento a las acciones de contrainsurgencia del Estado mexicano entre 1940 y 1980, con especial énfasis en la década de los 70, durante el periodo conocido como "Guerra sucia”.
La desaparición de personas en México ha cambiado en sus motivaciones y en los actores involucrados. De acuerdo con el investigador Roberto González Villareal, si bien en las décadas de los setenta y ochenta la desaparición forzada tenía un vínculo directo con la represión política, con el tiempo se transformó en un mecanismo de control y de rentabilidad para las industrias criminales.
En México, al menos 125 mil 788 personas siguen consideradas como desaparecidas y no localizadas desde el 31 de diciembre de 1952 hasta el 25 de marzo de 2025, de acuerdo con los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas. De esta cifra, mil 88 desapariciones ocurrieron entre 1969 y 1991, periodo identificado como la Guerra Sucia. Mientras que, de acuerdo con los datos, desde el 2007 hasta el el 25 de marzo de 2025, el total de personas desaparecidas en México asciende a 111 mil 885 casos.
Durante la etapa de contrainsurgencia, la cúspide se registra en el año 1974, que es el que registra más desapariciones, con un total de 335 casos, de los cuales 314 eran hombres, 19 mujeres y tres personas sin determinar. Le siguieron los años 1977, con 137 desapariciones, y 1976, con 115. En tanto que, desde el 2007 a la fecha, el pico más alto de personas desaparecidas fue el año pasado, el 2024, con un total de 13 mil 525.
El propio registro cuenta con al menos 11 mil 456 desapariciones que no cuentan con un año de referencia, es decir, que no precisan en que año se registra esa desaparición.
El 11 de diciembre de 2006, a 10 días del inicio de su sexenio, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa puso en marcha la "Operación Conjunta Michoacán", un operativo militar para combatir al crimen organizado en su estado natal. Con ello dio inicio a la estrategia de militarización que se mantuvo durante todo su mandato y continuó en el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
“Como consecuencia de la inercia de estas estrategias, México ha acumulado cifras alarmantes de personas muertas, torturadas, desaparecidas y desplazadas. Como resultado de la violencia generalizada, se ha desencadenado corrupción e impunidad”, advirtió la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) en su informe "Violaciones graves a derechos humanos en la guerra contra las drogas en México".
Desde 2007, en las estadísticas se observa que el número de desapariciones se incrementó drásticamente, con 828 casos, lo que representa un aumento del 147 por ciento en comparación con el pico más alto registrado durante la Guerra Sucia en 1974. En 2008 se reportaron mil 139 desapariciones, mientras que en 2009 la cifra ascendió a mil 746. Para 2010, el número de personas desaparecidas alcanzó las 4 mil 155. La tendencia ascendente continuó con 5 mil 161 desapariciones en 2011, 4 mil 184 en 2012.
Para el año 2013, ya en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, la cifra siguió en aumento con un total de 4 mil 571 en ese primer año del peñismo; para el segundo año, 4,591 en 2014. En 2015 se reportaron 4 mil 143 desapariciones, y en 2016 la cifra aumentó a 5 mil 624. Para 2017, se presenta otro pico, pues se registran al menos 7 mil 075 casos, mientras que en 2018, cuando se eligió otro cambio de Gobierno fueron 6 mil 986.
En el año 2019, ya en el periodo de Andrés Manuel López Obrador, la cifra subió a 8 mil 862 personas desaparecidas y en 2020, a pesar de la pandemia, se reportaron 8 mil 249 casos. En 2021 se registraron 8 mil 679 desapariciones, en 2022 el total fue de 8 mil 226 y en 2023 se alcanzó la cifra de 10 mil 616 personas desaparecidas. En 2024, el registro oficial fue de 13 mil 532 desaparecidos, mientras que en lo que va de 2025 la cifra ya es de 3 mil 518 casos.
La evolución de la desaparición
Camilo Vicente Ovalle explicó que la desaparición forzada en México se consolidó como una estrategia política del Estado desde mediados de la década de 1960. En un contexto de autoritarismo y combate a quienes el gobierno consideraba "enemigos de la nación", se implementó esta práctica con la participación de diversas instituciones estatales. Policías, el Ejército, la Marina, el Poder Judicial y las procuradurías fueron parte del entramado que hizo posible la desaparición sistemática de opositores políticos en ese periodo. Pero a partir del año 2000, la desaparición forzada se volvió una práctica sistemática del crimen organizado.
“Desde mediados finales de la década del 60, la desaparición forzada de personas comienza a formarse como una estrategia política que toma su tiempo; no es una técnica que simplemente de manera inmediata y fácil dentro del amplio abanico de prácticas represivas que tenía el estado autoritario en ese momento, y esto es importante señalarlo porque la estrategia de la desaparición forzada de personas implica la implementación y la transformación de un conjunto institucional importante, por eso es que se dice que la desaparición, no solo en México sino en un conjunto de regímenes autoritarios , sólo se puede llevar a cabo en tanto se convierte en una política de Estado. No sólo porque haya una decisión de política de aniquilamiento del opositor o lo que se definía como el enemigo político sino por el conjunto de trasformaciones e instituciones que tenían que participar para la desaparición”, explicó el especialista.
Por su parte, el académico Roberto González Villarreal, también especialista, identifica en su libro “La desaparición forzada en México. De la represión a la rentabilidad (PAX)”, cómo la primera desaparición forzada que se configura como un problema político fue la de Epifanio Avilés Rojas ocurrida en 1969, en el marco de la contrainsurgencia emprendida durante la Guerra Sucia.
De acuerdo con González Villarreal, el fenómeno de la desaparición forzada se convierte en un problema político "cuando los padres, las madres, los familiares, los compañeros de lucha empezaron a, no solamente a resistir, sino a demandar, a plantearlo como un problema que no es individual, que no es de una familia ni es derivado de la acción política o social de algunos de algunas de las víctimas, sino que es un problema de la polis, es decir, de la sociedad, de vivir en común, etcétera”, indicó en entrevista con SinEmbargo.
Esta “gran onda” —como él la definió— se extendió desde 1969 hasta inicios de la década de los 90. Su punto culminante, cuando las desapariciones fueron más numerosas y dejaron de ser una práctica incidental de un grupo de soldados, ocurrió en 1974 en las montañas de Guerrero, tras el secuestro de Rubén Figueroa a manos de la guerrilla de Lucio Cabañas.
“La historia de la desaparición es la historia de las familiares, las madres que dijeron, 'Basta'. Exigieron que se presentara y enfrentaron directamente el poder, esto es primer punto. Segundo punto, la práctica de la desaparición empieza a ser una práctica por lo que conocemos en los registros, en incidental 1969 a 1971, pero después empieza a ser recurrente y después sistemática”
Posteriormente, el fenómeno se trasladó a la guerrilla urbana. “En un principio, a los primeros movimientos urbanos no los desaparecían”, recordó González Villarreal. Citó como ejemplo lo ocurrido con los miembros del Frente Urbano Zapatista en 1972:
“La historia de la desaparición es la historia de las familiares, las madres que dijeron, "Basta." Exigieron que se presentara y enfrentaron directamente el poder, esto es primer punto. Segundo punto, la práctica de la desaparición empieza a ser una práctica por lo que conocemos en los registros, en incidental 1969 a 1971, pero después empieza a ser recurrente y después sistemática. Bueno, en una primera instancia desaparecen en Guerrero, que es el foco en el que surgen las desapariciones, desaparecen militantes y bases de apoyo y familiares de una de las guerrillas rurales de Guerrero. Esos son los primeros que empiezan a desaparecer. Esto va de 1971, 72 hasta 1974, que es el momento más alto de las desapariciones en en Guerrero. ¿Quiénes los desaparecen? Pues el ejército. La policía eh militar y, en algunos momentos cuando desaparecen también de apoyo y células que no están en en la montaña de Guerrero sino en Acapulco, los desaparecen también las policías ministeriales, las policías judiciales, las policías municipales y empieza a haber una coordinación entre diversas agencias estatales diversas”
A partir de 1973, detalló el especialista, la práctica se expande a otros estados como Jalisco, Sinaloa, Nuevo León, Chihuahua y la Ciudad de México. Las víctimas ya no eran solo guerrilleros rurales, sino también militantes de movimientos urbanos, como los integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre. En esta etapa, las desapariciones fueron perpetradas no solo por el Ejército, sino también por organismos como la Dirección Federal de Seguridad y el Departamento de Investigaciones Políticas y Sociales, que formaron la Brigada Blanca.
La desaparición forzada no es un acto instantáneo, sino un proceso que incluye la identificación de la víctima, la captura, la reclusión en centros de detención clandestinos y, finalmente, la negación de su paradero. En estos centros, como el Campo Militar No. 1 y la Dirección Federal de Seguridad en la Ciudad de México, las víctimas eran sometidas a tortura y otras formas de violencia extrema.
En ello coincide Camino Ovalle, quien señaló que esa “política de Estado se mantuvo hasta mediados de los años noventa, con miles de víctimas cuyo paradero sigue sin esclarecerse".
“El caso de México, como estrategia de política de Estado, podemos más o menos establecer que esta práctica se llevó a cabo, insisto, desde mediados o finales de los años 60 hasta mediados de los años 90. Todavía, de manera sistemática, hay casos de desaparición forzada que se llevaron a cabo hacia finales de los años 90. Entonces, es un periodo muy largo en la historia reciente de México en donde, desde el Estado mexicano, se implementó y se dirigió la práctica de la desaparición forzada”, explicó.
De acuerdo con el especialista en la década de los 80 se hablaba de 500 desaparecidos; hoy, esa cifra, según lo que se ha documentado, asciende a entre mil 500 y 2 mil, sin contar a quienes fueron encontrados sin vida en espacios forenses o en la vía pública, ni a quienes sobrevivieron a la desaparición.
“Y aún seguimos conociendo nuevos casos que se llevaron a cabo en esos años. Pero, además, hay que considerar el número de personas que fueron detenidas y desaparecidas de manera forzada, cuyos cuerpos fueron encontrados porque fueron depositados por las fuerzas de seguridad pública y nacional, ya sea en los sistemas médicos forenses o abandonados en la vía pública, entre otros lugares. También hay que tomar en cuenta a aquellas personas que sobrevivieron. Entonces, si consideramos estos otros casos, podemos tener una dimensión más clara del alcance que tuvo la práctica de la desaparición forzada en México", detalló.
Ovalle resaltó que, si bien a partir de finales de los noventa la desaparición forzada dejó de ser una política central del Estado, continuó siendo utilizada por distintos niveles de gobierno: policías municipales, estatales e incluso miembros de las fuerzas armadas siguieron perpetrando desde sus ámbitos desapariciones, como lo demuestran sentencias recientes contra elementos de seguridad en estados como Veracruz.
Vale señalar que entre 1992 y 2000, las desapariciones anuales no superaron el centenar, pero a partir de 2002 la cifra volvió a rebasar los 100 casos por año. En 2002 se reportaron 120 desapariciones, en 2003 la cifra aumentó a 135, mientras que en 2004 se registraron 138 casos. En 2005 la cantidad ascendió a 193, y para 2006 alcanzó los 267 desaparecidos, de acuerdo con los datos consultados por SinEmbargo en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
La desaparición tras la alternancia política
Desde finales de la década de los 2000, la desaparición forzada en México dejó de ser exclusiva del Estado y comenzó a implementarse de manera masiva por parte del crimen organizado, según coinciden analistas.
“De ahí en adelante cambia, después de 2007 hay un incremento sustancial de las desapariciones en la era con el narco y disculpen que no diga la guerra contra el narco porque evidentemente no fue una guerra contra el narco, sino fue con el narco para reorganizar tanto la distribución, circulación, consumo de los estupefacientes y otras mercancías y servicios ilegales u objetivos particulares de control social”, según explicó en su momento González Villareal.
A partir de la década de los 2000, la desaparición forzada se disparó alarmantemente y se volvió una práctica sistemática del crimen organizado.
“Y, a partir de los 2000, vamos a ver cómo la desaparición forzada comienza a usarse de manera sistemática y masiva dentro de lo que se ha conocido como el crimen organizado. Lo que estamos viendo desde principios de los 2000 hasta ahora, y que es importante notar, es que la desaparición forzada de personas ya no está vinculada únicamente a un solo actor principal, que sería el Estado, pero tampoco a una sola lógica de violencia”, dijo.
El profesor Roberto González concuerda en que las desapariciones no se incrementaron con la "guerra contra el narcotráfico" en 2007, sino que ya en el 2000 se denunciaba una crisis de desaparición en la frontera norte, desde Chihuahua hasta Tamaulipas. El fenómeno se ha expandido en términos de número de casos, geografía y diversidad de víctimas, consolidando un modelo donde el crimen organizado y las agencias estatales operan de manera simbótica en la desaparición de personas con fines lucrativos.
González destaca que el crimen organizado ya no sólo se dedica al tráfico de drogas, sino que ha diversificado sus actividades en una estructura vertical y horizontal. Esto significa que controlan no solo la distribución de estupefacientes, sino también su producción y comercialización, mientras que en paralelo participan en otros delitos como el tráfico de personas, el cobro de piso y la explotación sexual. "Se obtienen ganancias a partir del sufrimiento, del dolor, del castigo", explica.
Chihuahua es un caso paradigmático de esta evolución, de acuerdo con González Villareal. Inicialmente, los desaparecidos eran opositores políticos, pero a partir de los noventa, las desapariciones comenzaron a relacionarse con disputas entre grupos criminales y la expansión de sus operaciones. "Las primeras víctimas de la desaparición son los contrarios porque están luchando por la zona", explica González. Sin embargo, la lista de víctimas pronto se amplió: dueños de casas de cambio, pequeños comerciantes y jóvenes que trabajaban en sectores vulnerables, como el de los servicios sexuales.
"Estos están asociados a un cambio en la forma de la desaparición. Este cambio en la forma de desaparición tiene que ver con que ya no son solamente las agencias estatales o los miembros de las agencias estatales, las policías, el ejército, los que desaparecen, sino también directamente los agentes de las industrias criminales. Eso son los levantones que tienen una representación iconográfica: vestidos de negro en pick-ups interrumpen la circulación, se los llevan y no volvemos a saber de ellos. En los levantones, se le pone atención al primer aspecto de la desaparición, Pero ya tenemos la participación, en todo el proceso desaparecedor, de las agencias criminales". destacó
No obstante, Roberto Gonzáles destacó que la participación de agentes estatales en estas prácticas es una constante. Aunque la narrativa oficial intenta desvincular a las autoridades de estos crímenes, González insiste en que las desapariciones no ocurren exclusivamente a manos de grupos criminales, sino en colusión con instancias estatales.
"Pero no están separados, y esta es otra de las características de esa desaparición. La Presidenta Claudia Sheinbaum se ¡equivoca, No es solamente que la desaparición la realicen los grupos criminales, sino que también participan las agencias estatales. Inicialmente, las policías municipales son las primeras, y hay miles de casos", dijo González Villareal.
Y añadió:" Entonces, ya no es por motivos de represión, sino por motivos de rentabilidad, en los que participan agencias estatales y agencias criminales en una relación, vamos a decir, simbiótica. Hay un dato muy importante que los periodistas de investigación de Chihuahua han documentado: los responsables de las zonas militares de Chihuahua eran los mismos generales responsables de las estrategias de contrainsurgencia en Guerrero, los mismos: los Acosta Chaparro, los Quiroz, Armosilla, en fin. Son exactamente los mismos".
Desde 2005, las desapariciones han dejado de ser un fenómeno localizado y se han extendido por todo el país. Este crecimiento, según el investigador, está ligado al desarrollo y expansión de las industrias criminales. "Hay quienes dicen que las desapariciones crecieron con la guerra contra el narco, pero en realidad es con el narco", señala, subrayando que las desapariciones ya eran una crisis en la frontera norte desde el año 2000.
Otro cambio clave ha sido la modificación del perfil de las víctimas. Además de las mujeres jóvenes que desaparecen con fines de explotación sexual, ahora también se registran casos de técnicos especializados, trabajadores de la industria petrolera y transportistas. "Los de Cadereyta, los técnicos en telecomunicaciones de Chihuahua, los petroleros de Tamaulipas... todos están asociados a las operaciones de los grupos criminales", indica González.
En la actualidad, la desaparición de personas en México ya no responde a una lógica de represión política, sino a un esquema de negocios donde la violencia y la ausencia de las víctimas generan ganancias y permiten el control territorial. La conexión entre crimen organizado y agentes estatales sigue vigente, configurando un fenómeno complejo que, lejos de reducirse, continúa expandiéndose en el país.
No obstante, Ovalle apuntó que, aunque es una práctica recurrentemente usada por el crimen, la idea de que esta problemática es exclusiva del narco oculta la persistente participación de agentes del Estado, de otros actores y de otras formas de violencia, ya que, de acuerdo con el especialista, el uso de la desaparición no responde a una sola lógica de violencia, sino a una diversidad de motivaciones y objetivos que han generado un fenómeno mucho más complejo.
“Entonces, lo que esta historia larga de la práctica de la desaparición forzada en México nos muestra es una complejidad enorme de las lógicas de violencia en las que ha sido implementada esta técnica específica de violencia, como la desaparición forzada de personas. Lo que estamos viendo desde principios de los años 2000 hasta ahora, y que es importante notar, es que la desaparición forzada de personas ya no está vinculada únicamente a un solo actor principal, que sería el Estado, pero tampoco a una sola lógica de violencia. Cuando hablamos de que las desapariciones actuales están siendo implementadas principalmente por el crimen organizado, en realidad lo que se está ocultando es una diversidad de lógicas de violencia que están produciendo desapariciones forzadas”, dijo.
Y es que, según lo que explicó el experto, lo más alarmante es que hoy en día, las desapariciones no tienen una única causa ni siempre están relacionadas con el crimen organizado. También ocurren por distintas formas de violencia, como la trata de personas, el reclutamiento forzado, el trabajo esclavo e incluso los feminicidios. En muchos casos, la desaparición se ha convertido en una herramienta utilizada con diferentes fines, dependiendo de quienes la cometen.
“También las lógicas feminicidas producen desaparición forzada, que no necesariamente está vinculada a un circuito criminal. Es decir, hay un conjunto de violencias que ahora están produciendo desaparición forzada”, abundó.
En ello coincidió Ricardo González en que el fenomeno también abarcó a las mujeres como víctimas con lo que llamó las "femidespariciones: "Es la época en que desaparecen múltiples jovencitas, desde 1991 en adelante, y empiezan a formarse los colectivos por la presentación con vida de las jóvenes, no solo por los feminicidios, sino también por las femidesapariciones. Tiene una connotación un poco distinta. ¿Y por qué desaparecen? bueno, tardaron un poco en entender, más bien en formular las hipótesis y actuar en consecuencia, que no desaparecen solamente por cuestiones vinculadas a la violencia heteropatriarcal, sino también por su vinculación con las industrias de la explotación sexual. Hay explotación sexual, Muchas de las madres —y hay registros, libros completos sobre esto— iban a buscarlas a esos lugares, que son también lugares de detención. Lugares donde se realizan servicios sexuales en condiciones de esclavitud. Entonces, tenemos nuevas formas de desaparición con nuevos agentes desaparecedores. Ya no están vinculados con la represión; en el libro lo llamo así. Ahora los motivos son la rentabilidad". destacó.
Para Camilo Vicente Ovalle especialista uno de los factores clave para que la desaparición forzada siga vigente y se perpetua el crimen es debido a la impunidad que rodea estos crímenes.
Respecto a tu pregunta de por qué el crimen organizado implementa la desaparición cuando antes lo hacia el estado, ahí yo creo que también hay que ser claros. Hay muchas que intentan explicar o con las cuales intentamos explicar por qué el crimen organizado ha comenzado a implementar de manera casi masiva la desaparición forzada como una práctica de violencia. A mí me parece que uno de los caminos para encontrar una respuesta tiene que ver con el nivel de impunidad que ofrece esta práctica. Es una técnica cuyo costo político y judicial es muy bajo".
La falta de capacidad del sistema de justicia en México para investigar y sancionar a los responsables, de acuerdo con el experto, ha generado un entorno en el que la desaparición forzada se mantiene como una estrategia eficaz de terror y control social.
“Los niveles de impunidad en términos de desaparición forzada son tremendamente altos; es casi una práctica que queda impune casi en su 100 por ciento. Entonces, yo creo que es una técnica que se usa por las garantías de impunidad que ofrece y que sigue ofreciendo y eso ha permitido el su uso se generalice”, concluyó.
