El Centro “Fray Julián Garcés” plantea que la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual se ha recrudecido en Tlaxcala por la omisión gubernamental a nivel federal y estatal, lo cual se exacerba por la desigualdad social, la discriminación por razón de género y la violencia social.
Ciudad de México, 2 de agosto (SinEmbargo).– De enero de 2024 a junio de 2025, la Fiscalía de Justicia de Tlaxcala atendió a 16 víctimas de trata con fines de explotación sexual, quienes provenían de municipios como Zacatelco o Tenancingo, y también de localidades de Puebla. En 2025, abrió tres carpetas de investigación por este delito y también recibió ocho denuncias anónimas.
Así lo informó Marisol Flores García, directora del Centro “Fray Julián Garcés”, una institución que ha detectado trata en 40 de los 60 municipios de Tlaxcala, pero la activista aseguró que la red se extiende a otros estados como Puebla y Querétaro.
“La violencia que viven las mujeres que son víctimas de trata es grave y es difícil denunciar, por lo que la cantidad de víctimas puede ser mayor”, dijo durante el foro.
La directora del centro agregó que en este delito de trata con fines de explotación sexual –que comenzó desde la década de los 50– han registrado la participación de menores de edad en la red. En octubre de 2023 se detuvo en Tlaxcala a un estudiante menor de edad por prostituir a una compañera que enganchó en su escuela a través de amenazas de muerte a su familia.
“Hay falta de programas educativos (desde la SEP) que generen cambios culturales respecto a la violencia hacia las mujeres, respecto a la relación entre hombres y mujeres a partir de la transformación en la mentalidad machista. Quienes están cometiendo la violencia son los hombres y hay que tratar con ellos”, planteó la directora del centro respecto a las escuelas.
Por ejemplo, en la telesecundaria “Niños Héroes” en Chalcatzingo se ha implementado durante dos ciclos escolares proyectos para reflexionar y prevenir la trata de mujeres con fines sexuales.
Omisión gubernamental
Por su parte, la investigadora Ixchel Iglesias González Báez aseguró que la trata con fines sexuales tiene sus particularidades, pero en Tlaxcala la delincuencia organizada se insertó a esta actividad por lo que hay que ir más allá de prohibir los centros nocturnos como el "Bora Bora", el cual ya reabrió en Puebla.
“Se debe mirar más allá de los proxenetas y de las mujeres prostituidas, implica también conocer los espacios donde se da la prostitución. Las violencias están implicadas, en los municipios ahora ya está la delincuencia organizada. Los padrotes en Tlaxcala se insertaron a las lógicas de reproducción social comunitaria, forman parte de la comunidad, sin embargo han llegado otros grupos y se están disputando el territorio”, expuso durante el foro.
En el foro concluyeron que cada vez hay más padrotes y, con ello, más mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual, lo cual se relaciona con los feminicidios y las desapariciones.
“La trata tiene las puertas abiertas para los jóvenes que dicen de qué me sirve estudiar una carrera o trabajar”, planteó Iglesias González.
En un comunicado, leído al final del foro, el Centro “Fray Julián Garcés” abunda en que la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual se ha recrudecido “por la omisión gubernamental a nivel federal y estatal. La problemática se exacerba por factores como la desigualdad social, el sistema neoliberal capitalista, el sistema patriarcal, la pobreza, la discriminación por razón de género y la violencia social”.
Ante ello, piden a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala que mejore sus procesos de integración de denuncias, fortalezca el acceso a la justicia de las mujeres víctimas y que investigue de oficio los hechos que presuntamente están relacionados con la trata de mujeres y niñas no como las ocho denuncias anónimas de las que no abrió carpeta de investigación.
A las autoridades municipales exigen que dejen de promover espectáculos que mercantilizan y normalizan la explotación sexual de las mujeres, y que en caso de que así ocurra sean sancionadas las personas responsables.
