Ante el incremento de la violencia que expulsa a miles de personas de sus comunidades, al menos cinco estados del país han legislado para atender el desplazamiento forzado interno. Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas y Oaxaca ya cuentan con leyes específicas, mientras que otras entidades, como Chihuahua, Guerrero, Sinaloa y Oaxaca, han tipificado el desplazamiento arbitrario como delito. Sólo en 2024, más de 26 mil personas fueron desplazadas por la violencia, el doble que el año anterior.
Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).- El problema de los desplazados, que huyen de sus comunidades para escapar de la violencia causada por los enfrentamientos de bandas del crimen organizado, ha propiciado que en por lo menos cinco entidades del país se haya legislado para atender a las personas afectadas, como ha sucedido en los casos de Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas y Oaxaca, advierte la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Además, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, Sonora y Oaxaca han tipificado el desplazamiento arbitrario como delito. También, existen espacios de coordinación en Chiapas, Chihuahua, Michoacán y Sinaloa.
Cita la ACNUR en su plataforma digital que organizaciones como el Observatorio de Desplazamiento Interno y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, estiman entre 26 mil y 28 mil personas desplazadas internas en 2024 debido a eventos masivos de violencia, lo que representa un incremento de más del 100 por ciento con respecto a 2023.
El caso más reciente de legislación referida a este grave problema es la aprobación de la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en el Estado de Oaxaca, emitida por el Congreso estatal el 2 de septiembre del 2025, en la cual se señala que “el desplazamiento forzado interno es el hecho a través del cual una o varias personas, de forma individual, familiar o colectivamente se ven forzadas u obligadas a salir, escapar o a huir de su lugar de origen, sus tierras, territorios, o de su lugar de residencia habitual en el Estado de Oaxaca, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertades individuales han sido vulneradas, o se encuentran directamente amenazadas”.
¿En cuáles supuestos están obligadas a actuar las autoridades de Oaxaca, cuando se presenten desplazamientos internos de personas en la entidad?
a).- Por situaciones de violencia generalizada, incluyendo la perpetrada por el crimen organizado.
b).- Cuando se lleven a cabo proyectos a gran escala desarrollados por el Estado y el sector privado, que no estén justificados en un interés público, y respecto de los cuales no se haya garantizado el derecho al debido proceso, particularmente tratándose de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
c).- Por el traslado o reubicación de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas fuera de sus territorios, que violen los derechos de esas comunidades en Oaxaca.
d).- Por causa de algún desastre o efectos adversos del cambio climático.
e).- Por violencia generada por conflictos agrarios relacionados con límites territoriales.
f).- Por violencia generada por la invasión ilegal y arbitraria de los territorios.
g).- Por violencia cometida en contra de personas defensoras de derechos humanos, incluyendo a las defensoras del medio ambiente.
h).- Por violencia cometida por grupos políticos u organizaciones sociales, así como violencia contra la libertad de expresión y el derecho a la información.
i).- Por prácticas de segregación motivadas por razones políticas, étnicas, religiosas, de discapacidad o referente a la orientación sexual, la identidad y expresión de género de la población afectada.
j).- Por persecución, segregación y exclusión en contra de mujeres y niñas que tenga como consecuencia la restricción de sus derechos, y que conlleve a que la permanencia en sus comunidades sea intolerable o insostenible.
¿Cuáles son los efectos directos del desplazamiento forzado que deberá atender la autoridad de Oaxaca según la nueva ley en la materia?
1.- Crisis de seguridad y riesgo de las personas en situación de desplazamiento forzado interno a ser víctimas del reclutamiento de grupos de la delincuencia organizada.
2.- Riesgo de ser víctimas de trata de personas, o alguna otra forma de explotación.
3.- Discriminación; empobrecimiento, desempleo y pérdida de los medios de vida; deterioro de las formas y condiciones de vida.
4.- Incremento de violencia sexual y de género contra las mujeres y personas de la diversidad sexual, así como el aumento de la situación de vulnerabilidad para niñas, niños, adolescentes, y otros grupos de atención prioritaria.
5.- Afectaciones a la integridad física y psicológica; incremento de las enfermedades y de la mortalidad; inseguridad alimentaria; condiciones de hacinamiento en la vivienda y violación sistemática a sus derechos humanos.
CHIAPAS
Hay algunos estados del país en los cuales el problema de los desplazados se ha agudizado en los más recientes años.
La Violencia del crimen organizado causa crisis de desplazamiento forzado en Los Altos de Chiapas, advierte en su plataforma digital el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, institución que ha documentado que desde el año 2010 al 2021, se habían registrado, aproximadamente 14,476 mil personas desplazadas en el estado de Chiapas. En la región de Los Altos de Chiapas se ha agudizado el fenómeno a causa de la actuación de grupos armados ilegales, específicamente en los municipios de Chalchihuitán, Chenalhó y Aldama; algunos de estos vinculados al crimen organizado como en el caso de los municipios de San Andrés Duraznal y Pantelhó, todos del pueblo maya-tsotsil. Tan sólo en Aldama, Chiapas, se ha documentado el desplazamiento forzado de más de 3,000 personas.
En su plataforma digital este centro defensor de deechos humanos explica que por las características que actualmente se están dando los desplazamientos, lo consideramos una forma de tortura ya que la población está en constante asedio, les infunden miedo, terror, sufrimiento físico y mental, con el objeto de controlar el territorio y apropiarse de él. La población en su conjunto vive una violencia cotidiana. Se encuentra envuelta en un contexto que se vuelve torturante. Es importante mencionar que las víctimas de los pueblos originarios sufren injusticias transversales: por su cultura, idioma y sexo. Además de la escasez de alimentos.
La situación en Chiapas es grave y requiere atención integral, pues el desplazamiento forzado, debido a las causas que lo generan, sus consecuencias y condiciones en que se encuentran las personas desplazadas, así como sus efectos físicos, psicológicos, comunitarios y los daños irreversibles por este acontecimiento traumático en el ámbito personal y comunitario son equiparables a tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, dice el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
TIERRA CALIENTE
Desde el inicio de 2025 han sido desplazadas cerca de 500 familias de la zona rural del municipio de Apatzingán, y si bien es cierto que retornado a sus viviendas más de 300, aún hay unas 150 familias fuera de sus hogares en localidades de menos de 200 habitantes como Las Huertas, El Alcalde, El Guayabo, Holanda, El Morado, Bateas, Loma de Los Hoyos y Presa del Rosario, que temen a las narcominas y a los enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada, declaró Sandra Garibay, diputada local por esa región de Tierra Caliente, publicó el 31 de marzo del 2025 el periódico La Jornada de la Ciudad de México, en una información firmada por el corresponsal en esa región, Ernesto Martínez Elorriaga.
En julio del 2022 la Revista Mexicana de Ciencias Políticas Y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México publicó un estudio denominado Desplazamiento Forzado de Mujeres de Aguililla, Michoacán, a Tijuana, Baja California, por la Violencia Criminal, realizado por los investigadores Karen Muro Aréchiga y Oscar Rodríguez Chávez, que describe la singular migración del municipo de Aguilla, Michoacán, hacia la frontera norte.
Según el estudio, el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2020 muestra que de 2015 a 2020, 877 personas migraron de Aguililla a otras entidades y municipios de México. Los principales destinos fueron municipios ubicados en otras regiones de Michoacán como Uruapan, Morelia, Apatzingán y Coalcomán (…), pero también se observan migraciones a otras entidades y municipios más alejados como Tijuana, Ensenada y Playas de Rosarito en Baja California, la ciudad de Colima y Zihuatanejo, Guerrero. La gente salió de su municipio huyendo de la violencia derivada del enfrentamiento entre grupos asociados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y organizaciones locales de Cárteles Unidos (CU).
Agregan los investigadores Karen Muro Aréchiga y Oscar Rodríguez Chávez que los datos de migraciones internas procedentes de Aguililla, Michoacán, deben tomarse como el nivel mínimo, ya que quedan fuera todos aquellos casos en donde los encuestados no quisieron dar información sobre el municipio especifico de residencia cinco años atrás, por diversas razones entre ellas de seguridad, y que para el caso de Michoacán representaron a casi 24 500 personas, que en 2020 residían en alguna entidad de la frontera norte de México y principalmente en los municipios de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate en Baja California y en Ciudad Juárez, Chihuahua.
JALISCO
En Jalisco también se ha experimentado el fenómeno de los desplazados por causa de la violencia que general el primer organizado. Información publicada por Radio Universidad de Guadalajara y firmada por el reporter Isaack de Loza el 24 de enero del 2024 señala que luego de que 150 familias de las localidades de Zipoco, El Carrizo, Panales y Petacala, todas ubicadas en el municipio de Santa María del Oro, fueron desplazadas por miembros del crimen organizado, el Gobierno de Jalisco anunció que se han tomado medidas para restablecer el orden en la zona. El Gobierno estatal aseguró que fuerzas federales y estatales reforzarían su presencia en la zona al reconocer que los desplazamientos fueron consecuencia de la violencia generada por un enfrentamiento entre grupos delictivos rivales de Michoacán y Jalisco.
La misma nota informativa agrega que en mayo de 2021 se vivió una situación exactamente igual en el municipio de Teocaltiche, ubicado en la Región de Los Altos de Jalisco, en donde se enfrentaron grupos pertenecientes a los cárteles Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa. Más de 600 los residentes de comunidades como El Saucito, El Rosario, Los Garcías, Rancho Santo, Rancho Mayor y Aguantina, en Teoicaltiche, se vieron obligados a salir de sus comunidades y trasladarse a otras regiones de Jalisco o del vecino estado de Aguascalientes, para evitar ser víctimas de la violencia.
La situación de personas deplazadas de manera forzada a causa de la violencia es un asunto que requiere que tanto el gobierno federal como las 32 entidades federativas del país actualicen sus protocolos de ayuda humanitaria, oportuna y suficiente.
