Javier Duarte fue detenido en Guatemala en abril de 2017 y extraditado a México. En 2018, recibió su sentencia por asociación delictuosa y lavado de dinero. Desde entonces, ha permanecido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. El viernes se le negó salir de prisión. No obstante, los delitos por los que está en prisión no contemplan su herencia violenta en el estado.
Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).– En octubre de 2014 Javier Duarte de Ochoa soltó ante la prensa reunida en un recorrido por el World Trade Center de Boca del Río: “Antes se hablaba de balaceras, de asesinatos, de participación de delincuencia organizada, y hoy hablamos de robos a negocios, que se robaron un frutsi y unos pingüinos en un Oxxo”.
La frase pronunciada desató ira de las familias de víctimas de personas desaparecidos por la Policía del Estado en manos de Arturo Bermúdez y asesinadas en medio de la disputa del crimen organizado por la entidad y sus vínculos con las fuerzas del orden del Gobierno de Duarte.
Tres años antes ese mismo municipio fue escenario de una escena dantesca cuando fueron arrojados 35 cuerpos —11 mujeres y 5 menores entre ellos— con huellas de tortura. El hallazgo se dio el 20 de septiembre de 2011 bajo la estatua de Los Voladores de Papantla ubicada en un desnivel del bulevar Adolfo Ruiz Cortines.
Cuestionado sobre esto, Duarte declaró sin más: “Este hecho confirma esta triste realidad, los que eligen mal terminan mal, al final el crimen paga mal; los criminales irremediablemente tienen siempre un final trágico, o van a la prisión o pagan con su vida”.

No obstante, distintos reportes periodísticos han revelado que entre las personas que fueron asesinadas había personas que días antes habían sido secuestradas por la Policía Estatal de Veracruz de Arturo Bermúdez y entregados a quienes se autodenominaron los Matazetas, una agrupación criminal que hoy es conocida como el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Duarte —expulsado en 2016 de PRI por su historial— buscó salir de prisión antes de cumplir su ya corta condena de 9 años de prisión, la cual obtuvo al declararse culpable de por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita luego de que la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, reclasificara el delito que en un inicio era de delincuencia organizada. Lo cierto es que los delitos por los que está en prisión no contemplan su herencia violenta en el estado.
De hecho, activistas y familias de víctimas exigieron que a este personaje no se le juzgara únicamente por los delitos de corrupción que actualmente se le imputan, sino también por el clima de violencia que se apoderó de Veracruz durante el periodo de su administración. La Fiscalía General de la República presentó en los últimos días seis testigos, cinco de ellos fiscales de Veracruz, para que hablen sobre los señalamientos por peculado, incumplimiento del deber público y desaparición forzada en el fuero común.
Ese ha sido un reclamo que ha persistido desde que el exgobernador de Veracruz sólo fuera procesado por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Con Javier Duarte como Gobernador y Arturo Bermúdez Zurita al frente de la seguridad en Veracruz, el estado se convirtió en el segundo lugar nacional en secuestros y uno de los más violentos. De hecho, el sexenio de Duarte registró más homicidios que los gobiernos anteriores.
Las periodistas Daniela Barragán y Alejandra Padilla publicaron en noviembre de 2016 cómo los homicidios, secuestros y las extorsiones tuvieron en el último año un repunte extraordinario, dejando un daño que quizá no puede cuantificarse como el desfalco a las cuentas públicas veracruzanas.
En cuanto a los desaparecidos, el Registro Nacional señala 502 casos registrados en esa entidad entre 2014 y junio de 2016. No obstante, otras estimaciones hablaban de 15 mil las personas desaparecidas durante esta gestión.
A eso se suman los asesinatos contra periodistas críticos durante su gestión. La organización Artículo 19 ha documentado el homicidio de 17 periodistas en este sexenio; crímenes con posible relación a su labor periodística, entre ellos el de Rubén Espinosa, que aunque fue asesinado en la Ciudad de México, huyó a causa de las amenazas y acoso por su trabajo en esa entidad, una línea de investigación que su familia ha pedido seguir y por la cual Javier Duarte fue llamado a declarar.
El informe Veracruz de los silencios, de Artículo 19, señala que herencia del Gobierno duartista son tres los periodistas que a la fecha se encuentran desaparecidos además de los 17 asesinados en este periodo.

“Sin embargo, si analizamos los datos recopilados en cada caso veremos que 12 estuvieron previamente desaparecidos (durante horas, días o meses). De ellos, tres fueron extraídos de su domicilio (Gregorio Jiménez, Moisés Sánchez Cerezo y Anabel Flores) y uno en la puerta de su trabajo (Víctor Manuel Báez Chino, secuestrado en Reporterospoliciacos.com). En los demás casos se desconoce el lugar de captura (sólo se puede afirmar que no se llevó a cabo en su casa o trabajo) y por ende se presume que ocurrió en la vía pública”.
En la violencia registrada en este periodo, es clave la actuación policial de Arturo Bermúdez Zurita, conocido como "El Capitán Tormenta", procesado por enriquecimiento ilícito y desaparición forzada, pero liberado en diciembre de 2018 tras un año y diez meses de detención al denunciar haber sido víctima de tortura y malos tratos.
No obstante, Bermúdez ha sido señalado junto a varios de sus subordinados en el Gobierno de Duarte de la desaparición de al menos 15 personas, entre ellas menores de edad. Durante su juicio en febrero de 2018 se presentaron los testimonios de sobrevivientes– ahora testigos protegidos–, que señalaron toda clase de abusos cometidos por los policías de Bermúdez Zurita.
Un testigo de identidad reservada relató, por ejemplo, cómo algunas mujeres y jóvenes detenidos por los llamados "Fieles de la Fuerza Civil" eran sometidos a torturas y abuso sexual. Entre las víctimas– muchas menores de edad– estuvo un bebé y su mamá, familia de un policía desaparecido desde 2013.



