En el sector petrolero se hace llamar Alex Rovirosa. Presumía sus conexiones con funcionarios y políticos. Supe de él antes de que se dijera empresario, antes de que constituyera compañías a su nombre: entonces era apoderado legal de empresas fachada creadas en Tabasco, Veracruz y Campeche.
Escribí de esas empresas en el libro El cártel negro que reveló redes de compañías fachada con las cuales, mediante contrataciones, se sacaban y saqueaban millonarios recursos de Pemex en los años del panismo.
Aunque algunas de esas empresas fueron inhabilitadas temporalmente por la Secretaría de la Función Pública, quienes las operaban quedaron impunes.
Algunos de ellos, como el propio Rovirosa, se fueron a vivir a Estados Unidos y a operar desde allá las empresas que constituyó a su nombre tanto en México como en Estados Unidos.
Rovirosa se hizo residente permanente en Texas, teniendo como socio y gestor de sus negocios a uno de sus conocidos: Mario Ávila Lizárraga, el panista a quien los Mouriño tenían como su empleado, y a quien los gobiernos panistas hicieron delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Campeche, y ocupó ese cargo de junio de 2002 a enero de 2009, es decir, en el Gobierno de Fox y los primeros tres años del de Calderón. Luego, fallidamente se le designó candidato a la gubernatura por el blanquiazul.
Tras perder las elecciones, se le asignó a uno de los puestos más relevantes de Pemex: subdirector en la subsidiraria Pemex Exploración y Producción, para controlar las contrataciones y licitaciones de la Coordinación de Servicios Marinos que es la más relevante para los trabajos y servicios costa afuera, los más costosos y codiciados porque son los que operan las contrataciones y adjudicaciones para arrendamientos y servicios en regiones marinas, de barcos y plataforma, y todos los servicios que para éstas se requieren.
En agosto pasado me referí en esta columna a la sociedad de Ávila y Rovirosa a partir de la acusaciones de las autoridades estadounidenses en contra de ambos, a quienes se les imputaron cargos por entregar sobornos a funcionarios de Pemex y su subsidiaria Pemex Exploración y Producción, para que se cerraran auditorías que las empresas de Rovirosa enfrentaban por irregularidades en sus contratos, y para obtener nuevas contrataciones por millones de dólares, tratos preferenciales y otros beneficios.
Según la acusación, los sobornos habrían sido operados por Ávila para que se favoreciera de diversas maneras los contratos de Rovirosa. Entre los sobornos solían entregar bolsos y relojes de lujo, además de efectivo.
Las autoridades estadounidenses les imputaron cargos de conspiración y prácticas corruptas, en el extranjero. Les señalaron de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
Se trata de una Ley vigente en Estados Unidos que permite a las autoridades de ese país perseguir el soborno fuera de Estados Unidos, cuando en éste estén involucradas personas o empresas estadounidenses que tienen negocios en el extranjero, o personas que residen en Estados Unidos.
Me refiero nuevamente al caso, porque hace unos días, el 5 de diciembre un jurado federal en Houston declaró culpable a Rovirosa en tanto que las mismas acusaciones contra Mario Ávila están vigentes, y él se encuentra en condición de prófugo, según reiteraron las autoridades estadounidenses al informar de la condena del jurado contra Rovirosa.
Al argumentar el caso contra Rovirosa y Ávila, el Fiscal General Adjunto Interino Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia dijo que “el soborno a funcionarios públicos para obtener negocios socava la competencia leal y enriquece injustamente a quienes actúan mal”.
Sobre la resolución del jurado contra el imputado Rovirosa, el agente especial a cargo por parte del FBI, Douglas Williams, dijo: “Alexandro Rovirosa violó las leyes estadounidenses mediante una red de corrupción y engaño. Rovirosa creía que su residencia en Houston lo protegía de las consecuencias de sobornar a funcionarios extranjeros. Sin embargo, como demuestra el veredicto de hoy, su plan no sólo le costó un lujoso estilo de vida en Texas, sino también su libertad”.
Y Jeffrey D. Pittano, el agente especial de la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC OIG) que indagó también el caso, expresó que la condena en este caso responsabiliza al acusado de participar en un plan para sobornar a funcionarios del Gobierno mexicano [de Pemex] en beneficio propio y de las empresas asociadas con él.
Según documentos judiciales y pruebas presentadas en el juicio, Rovirosa, residente permanente de los Estados Unidos, avecindado en Texas, pagó más de 150 mil dólares en sobornos a funcionarios de Pemex para retener contratos y para obtener otras ventajas indebidas en negocios con Pemex, para el beneficio de empresas asociadas con Rovirosa.
La evidencia del juicio mostró que entre aproximadamente 2019 y 2021, Rovirosa y sus co-conspiradores, incluyendo a Mario Ávila Lizarraga, residente también en Texas, pagaron sobornos en forma de pagos en efectivo, artículos de lujo y otros artículos valiosos a al menos tres funcionarios de Pemex y la subsidiaria Exploración y Producción a cambio de que dichos funcionarios tomaran ciertas medidas para ayudar a las empresas asociadas con Rovirosa a obtener y retener negocios con Pemex. Esas ventajas indebidas ayudaron a las empresas asociadas con Rovirosa a obtener contratos con Pemex por un valor de al menos 2.5 millones de dólares.
El jurado condenó a Rovirosa por cargos de conspiración por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Se enfrenta a una pena máxima de 15 años de prisión, y será un Juez de un tribunal federal quien determinará la sentencia.
En el boletín que dieron a conocer para informar sobre la condena de Rovirosa, el 5 de diciembre, las autoridades estadounidenses reiteraron que “el cómplice de Rovirosa, Mario Ávila, está prófugo”, y que las agencias estadounidenses como el FBI están investigando el caso.
Así que, la justicia estadounidense podría alcanzar al panista, por más que busque lavarse la cara mediante entrevistas con sus medios de comunicación “amigos”, como ha hecho en meses recientes.
Como detallé en la columna titulada “El panista que sobornaba con bolsos Louis Vuitton y relojes suizos de lujo”, de la documentación del caso se desprende que Ávila Lizárraga era el encargado de negociar, gestionar y operar los sobornos en el mecanismo en que participaron por lo menos otros tres co-conspiradores: un asistente de Ávila, y dos familiares y empleados de Rovirosa.
Ávila operaba sus conexiones de corrupción desde los años en que él mismo llegó como directivo a Pemex en el Gobierno calderonista, y desde que fungió como directivo en la petrolera se involucró en fraudes y escandalosos quebrantos, como los generados por las contrataciones con Oceanografía, contrataciones plagadas de irregularidades por las que incluso Ávila fue inhabilitado.
Respecto a este caso de los sobornos, en agosto pasado, la Secretaría de Buen Gobierno informó durante la conferencia en Palacio Nacional que el caso está bajo investigación también por parte de las autoridades mexicanas.
También que ninguno de los funcionarios involucrados está ya en Pemex, y se están realizando nuevamente las autorías a los contratos.
Respecto al caso en que se condenó ya Rovirosa –y que en semanas próximas se conocerá su sentencia–, si prosigue el juicio contra el hoy prófugo Mario Ávila, como parece que ocurrirá, sería el segundo exfuncionario del panismo que se vería ante un jurado estadounidense; el primero fue Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública actualmente preso en ese país al determinarse su culpabilidad en los delitos de narcotráfico, por su pertenencia a una organización criminal, y otros delitos.
