El gobierno del Presidente Donald Trump enfrenta demandas por homicidio y señalamientos de crímenes de guerra por los ataques ilegales contra embarcaciones "narcoterroristas", lo que coloca a su administración ante una creciente presión para que estos se detengan.
Por Jesús García
Los Ángeles, 11 de diciembre (LaOpinión).- El gobierno del Presidente Donald Trump enfrenta complicaciones legales y políticas por los ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, en los que ha matado a 87 personas.
Por un lado, congresistas demócratas y republicanos están exigiendo a la administración Trump dar a conocer el video sin editar del segundo ataque contra una embarcación en septiembre, luego de revelaciones de que el Secretario de Guerra, Pete Hegseth, habría ordenado “matar a todos”.
Legisladores estadounidenses han instado a la publicación de un video de un polémico doble ataque a un buque en el Caribe, en medio del creciente escrutinio sobre la legalidad de la campaña militarizada antidrogas de Washington.
Adam Smith (Washington), el demócrata de mayor rango en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, cuestionó la operación.
“Deberían publicar el video. Si lo publican, todo lo que dicen los republicanos se presentará claramente como completamente falso, y la gente lo verá y se dará cuenta”, dijo Smith en una entrevista con el programa en ABC News. “Parece bastante claro que no quieren publicar este video, porque no quieren que la gente lo vea, ya que es muy, muy difícil de justificar”.
El Senador Tom Cotton (Arkansas) dijo que no se opondría a la publicación del video, aunque el republicano deja la decisión al Secretario Hegseth.
“No lo encontré angustioso ni perturbador. Se parece a cualquiera de las docenas de ataques que hemos visto contra Jeeps y camionetas en Oriente Medio a lo largo de los años”, dijo en NBC News.
John Curtis, Senador republicano por Utah, también sugirió que apoyaría la publicación del video, afirmando que los funcionarios deberían “ser más transparentes”.
Y mientras los congresistas intentan avanzar en su presión, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), el Centro por los Derechos Constitucionales (CDC) y la Unión por las Libertades Civiles de Nueva York (NYUCL, por sus siglas en inglés) presentaron una demanda ante el Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York para exigir la publicación inmediata de una opinión de la Oficina de Asesoría Legal (OLC, por sus siglas en inglés) y otros documentos relacionados con los ataques letales en aguas internacionales.
As usual, the fake news is delivering more fabricated, inflammatory, and derogatory reporting to discredit our incredible warriors fighting to protect the homeland.
As we’ve said from the beginning, and in every statement, these highly effective strikes are specifically…
— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 28, 2025
“El público merece saber cómo nuestro gobierno justifica el asesinato a sangre fría de civiles como legal y por qué cree que puede otorgar cartas de libertad a quienes cometen estos crímenes”, declaró Jeffrey Stein, abogado del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU. “El gobierno de Trump debe detener estos ataques ilegales e inmorales, y los funcionarios que los han llevado a cabo deben rendir cuentas”.
Los ataques en el Caribe y luego en el Pacífico comenzaron el 2 de septiembre, justo con el bombardeo cuyo video adicional se busca hacer público. En total van 22 ataques con 87 civiles muertos.
La demanda de organizaciones civiles se enfoca a un dictamen legal de OLC sobre las operaciones militares lideradas por la administración Trump, ya que presuntamente advierten sobre la ilegalidad de tales acciones.
“El memorando también pretende inmunizar al personal que autorizó o participó en estos ataques ilegales de futuros procesos penales por lo que de otro modo serían simplemente homicidios”, acusa la demanda.
Las organizaciones demandantes también señalan que Estados Unidos (EU) no puede justificar los ataques por estar “en guerra” con organizaciones criminales que trafican droga, ya que el país solamente podría declarar la guerra a otro Estado, según el derecho internacional.
“La administración Trump está sustituyendo los mandatos fundamentales del derecho internacional con la falsa retórica de guerra de un autócrata”, declaró Baher Azmy, director legal del Centro de Derechos Constitucionales.
Los demandantes también recuerdan que a mediados de noviembre, al Congreso se le permitió revisar el memorando, lo que aumentó las preocupaciones.
“Un Senador comentó que el dictamen ‘no restringiría el uso de la fuerza en ningún lugar del mundo. Es decir, es lo suficientemente amplio como para autorizar prácticamente cualquier cosa'”, se indica.
🇺🇸 ON VIDEO: U.S. Military Forces conducted a strike against Tren de Aragua Narcoterrorists. The strike occurred while the terrorists were at sea in International waters transporting illegal narcotics, heading to the U.S. The strike resulted in 11 terrorists killed in action. pic.twitter.com/iszHE0ttxQ
— The White House (@WhiteHouse) September 2, 2025
Expertos advierten violaciones a leyes
Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han advertido sobre las violaciones a los derechos humanos y las leyes internacionales con los ataques de EU en mar abierto, posturas a las que se suman otros expertos, como la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de Princeton (Princeton SPIA).
“Las recientes colisiones de embarcaciones en el Caribe siguen generando titulares, y mi conclusión política y jurídica es inequívoca: estas intervenciones son ilegales. Violan el derecho marítimo establecido que exige la interdicción y el arresto antes del uso de fuerza letal, y representan una respuesta extremadamente desproporcionada por parte de Estados Unidos”, advirtió Eduardo Bhatia, profesor visitante de John L. Weinberg/Goldman Sachs & Co. y profesor visitante de Asuntos Públicos e Internacionales. “Desplegar un portaaviones y activos del Comando Sur de Estados Unidos para destruir pequeñas yolas y embarcaciones de madera no sólo es ilegal, sino que constituye una escalada absurda que socava la seguridad regional y la estabilidad diplomática”.
Deborah Pearlstein, directora del Programa de Derecho y Políticas Públicas y Profesora Visitante Charles y Marie Robertson de Derecho y Asuntos Públicos, señaló que ha consultado a otros expertos en operaciones militares y ninguno apoya la legalidad de los ataques, además de alertar sobre el Estado de derecho.
Kenneth Roth, profesor visitante Charles y Marie Robertson, incluso señaló que EU podría estar cometiendo “crímenes de guerra”.
“Si Estados Unidos estuviera en un ‘conflicto armado’ con los cárteles de la droga, como declara el Presidente Donald Trump, el doble asesinato de dos náufragos el 2 de septiembre constituiría un crimen de guerra”, expuso.
Agregó que si bien no se puede decir que hay una guerra, porque no es contra un Estado en particular, las muertes de los tripulantes de embarcaciones deben ser consideradas “homicidios”.
Jacob N. Shapiro, profesor en John Foster Dulles de Asuntos Internacionales, incluso criticó la perspectiva contra el narcotráfico del gobierno de Trump.
“En 1986, el Presidente Ronald Reagan anunció la ‘Guerra contra las Drogas’, que incluyó el uso de la Guardia Costera y el ejército para, en esencia, detener los envíos a través del Caribe. El objetivo era reducir la oferta, aumentar los precios y, por lo tanto, reducir el consumo”, recordó. “Los precios de la cocaína en Estados Unidos cayeron drásticamente entre 1986 y 1989, y luego disminuyeron lentamente hasta 2006. Los traficantes pasaron de las rutas aéreas y marítimas a las terrestres. Esa política no funcionó; no se sabe por qué esta vez será diferente”.
