El organismo defensor de los derechos humanos refiere que se "se violó el derecho al debido proceso y el derecho al acceso pleno a la justicia" por parte del Agente del Ministerio Público "omitió realizar un análisis de las especificidades culturales y los usos y costumbres de los grupos del Sistema Comunitario de Justicia al emitir sus determinaciones".
Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).– Los derechos de Nestora Salgado, comandante de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, y de otros seis comunitarios fueron violados durante su detención por autoridades del Gobierno de Guerrero, informó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El organismo dirigido por Luis Raúl González Pérez dio a conocer este día que se emitió la recomendación 9/2016 al Gobierno, al Congreso y la Fiscalía de Guerrero, así como al Ayuntamiento de Olinalá por las violaciones a las garantías de los integrantes de la Policía Comunitaria y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) y de otros 12 ciudadanos.
En la recomendación de más 176 páginas, el organismo defensor de los derechos humanos refiere que se "se violó el derecho al debido proceso y el derecho al acceso pleno a la justicia" por parte del Agente del Ministerio Público "omitió realizar un análisis de las particularidaes culturales y los usos y costumbres de los grupos del Sistema Comunitario de Justicia al emitir sus determinaciones".
Refiere que en el actuar del juez no se indagó que la detención de las personas que acusan a Nestora y los policías comunitarios de haberlos privado de su libertad "obedecía a la comisión de una falta o error sancionada por el sistema comunitario".
Además de que no se investigó que si las detenciones y sanciones estaban amparadas en usos y costumbres. Y si el supuesto cobro para liberarlos tenía algún fundamento en este mismo sistema.
Y tampoco hubo una investigación que permitiera determinar que "si por la naturaleza de los hechos y las personas involucradas, correspondía dar vista a la autoridad comunitaria reconocida conforme a la ley, a efecto de determinar la jurisdicción competente para conocer este tipo de actos".
La CNDH agrega que según sus investigaciones los policías comunitarios abusaron físicamente y trataron de forma inhumana a 4 menores de edad y 8 adultos que tenían detenidos en las Casas de Justicia del Sistema Comunitario, como parte de su "reeducación".
En estos casos se "violentaron el derecho a la integridad personal, trato digno, libertad sexual y derecho a una vida sin violencia en agravio de que fueron privados de su libertad", dijo la CNDH.
La Comisión consideró que las violaciones fueron motivadas, en buena medida, porque los ámbitos de actuación, procedimientos y atribuciones, de las autoridades estatales y de las comunitarias no están claramente delimitados, "ya que la fuente normativa es deficiente, ambigua y omisa en muchos aspectos".
Señaló que no existe vinculación y coordinación entre el sistema estatal y el sistema comunitario indígena, lo que obstaculiza el ejercicio de la libre determinación y autonomía de los sistemas comunitarios, propiciando abusos de las mismas autoridades comunitarias contra las personas sujetas a esa jurisdicción.
Por ello, la CNDH recomendó al Gobernador Héctor Astudillo Flores presentar iniciativas de ley y reformas para asegurar el pleno respeto a la autonomía y determinación de los pueblos y comunidades indígenas e instruir a las instancias gubernamentales estatales que en todos los procedimientos que involucren a autoridades indígenas consideren los usos y costumbres y especificidades culturales y les reconozcan personalidad jurídica, entre otras.
Al Fiscal General, reparar el daño a integrantes de la Policía Comunitaria y a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, denunciar ante la Visitaduría General y la Contraloría Interna de la propia dependencia para que se investigue y sancione a los servidores públicos involucrados, tanto de las autoridades estatales como del Sistema de Justicia Comunitario, por mencionar algunas.
Al Congreso estatal pidió elaborar y presentar iniciativas de ley y de reformas, para asegurar el pleno respeto a la autonomía y autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas. Al Ayuntamiento de Olinalá le solicitó comunicar a todas sus instancias y dependencias esta recomendación e instruir que en todos los procedimiento que involucren a autoridades indígenas consideren los usos y costumbres, las especificidades culturales y les reconozcan personalidad jurídica.
EXIGEN LIBERTAD DE NESTORA
Organismos no gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales y defensoras y defensores de derechos humanos exigieron en un comunicado la liberación inmediata e incondicional de la comandanta de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Olinalá, Nestora Salgado García.
En el comunicado los organismos dieron a conocer que el pasado 23 de febrero de 2016 los jueces Primero y Segundo del Distrito Judicial de Morelos con sede en Tlapa de Comonfort, quienes tienen a su cargo las causas penales 5/2014, 196/2013 y 48/2014, en contra de la dirigente Nestora Salgado por delitos de secuestro, decretaron la “regularización” del procedimiento en las tres causas penales, lo que significa que se deben subsanar las irregularidades cometidas en su contra.
Informaron que la decisión judicial implica dejar sin efecto todo lo actuado en las tres causas penales y dicha decisión se sustenta en el hecho probado de que Nestora Salgado es también ciudadana norteamericana y la autoridad judicial no le permitió su derecho a la asistencia consular.
Las ONG hicieron un llamado a los jueces que resolverán la situación legal de Nestora Salgado para que tomen en cuenta la serie de violaciones a derechos cometidas en su contra, además deberán tomar en consideración las graves violaciones al debido proceso y la debida defensa legal, ya que de mantenerla privada de su libertad se estaría incurriendo en una grave irresponsabilidad, causando daños de imposible reparación.
El grupo de trabajo compuesto por cinco expertos independientes en derechos humanos denunció la falta de notificación consular, y detalló que Nestora Salgado vive un proceso injusto, que se le está juzgando dos veces y por lo tanto exigieron su libertad inmediata como una reparación por las varias violaciones a los derechos humanos en su contra.
Se informó además que desde 2013 se encuentran arrestados arbitrariamente otros policías comunitarios de la CRAC-PC; los detenidos son Arturo Campos Herrera, Gonzalo Molina González, Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Ambrosio Francisco, Florentino García Castro, Benito Morales Justo, y Samuel Ramírez Gálvez, lo que evidencia la criminalización contra la CRAC-PC, quienes con Nestora Salgado ejercían el derecho a la autonomía y a sus propios sistemas de justicia, se lee en el comunicado.
Ante la evidente detención ilegal y arbitraria de la cual fue objeto la dirigente Nestora Salgado, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) exigió a las autoridades federales y estatales su liberación inmediata e incondicional, además de tomar medidas de protección para salvaguardar la vida de la dirigente y su familia, y medidas cautelares de la CIDH otorgadas a Nestora Salgado, y la liberación de todos los presos políticos de la CRAC-PC.
El comunicado fue firmado por organismos nacionales e internacionales, defensoras y defensores de derechos humanos, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua (CEDEHM), Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC (CEPAD).
- Con información de María Avilez Rodríguez, de El Sur
