Aunque Diego, exalumno del IPN, recibió una primera sentencia este mes, la abogada Valeria Martínez explica que aún está pendiente que reciba sanciones por alterar fotografías de estudiantes con inteligencia artificial para violentarlas sexualmente.
Ciudad de México, 27 de mayo (SinEmbargo).– Diego "N", exalumno del Instituto Politécnico Nacional (IPN), fue sentenciado el 21 de mayo a cinco años privado de la libertad y a pagar una multa de más de 100 mil pesos por el delito de trata de personas en la modalidad de pornografía infantil. Sin embargo, aún están pendientes por resolver otras seis carpetas de investigación en su contra, así lo recuerda la abogada de las estudiantes que lo denunciaron por violentarlas sexualmente al alterar fotografías con inteligencia artificial y venderlas.
Estudiantes de la Escuela Superior de Comercio del IPN de la carrera de Mercadotecnia Digital reportaron desde el 6 de octubre de 2023 que Diego tenía un iPad con fotografías sexuales manipuladas con inteligencia artificial de decenas de mujeres, también encontraron que las ofertaba y vendía como contenido pornográfico a otras personas, incluidos estudiantes, a través de grupos de Telegram; ese mismo mes fue detenido.
Valeria Martínez, abogada de ocho de las estudiantes que lo denunciaron, explicó que aún buscan sentenciar a Diego por el delito de violación a la intimidad sexual, que sanciona la difusión y producción de contenidos sexuales sin el consentimiento o autorización, y que está tipificado gracias a la Ley Olimpia.
Esta primera sentencia en contra del exalumno del IPN corresponde a una investigación iniciada de oficio por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
"Cuando las compañeras del Politécnico denuncian se dan cuenta que son víctimas de modificar sus fotos con inteligencia artificial, hacen su denuncia en la fiscalía, y entonces la fiscalía ingresa al dispositivo de Diego para evaluar si efectivamente existen las fotos. Cuando ingresa el iPad se da cuenta que no solamente existen las fotografías de las compañeras del IPN, sino además existe material íntimo y explícito en contra de menores de edad. Es decir, lo que conocemos como pornografía infantil.
"Como este tipo de delitos es uno de los considerados graves, este delito se sigue por oficio, es decir, no es necesario que exista una víctima reconocida para que vaya y haga su denuncia ante la fiscalía, sino que basta con que alguien se dé cuenta que está pasando este delito para que se siga la investigación de oficio. Es por eso que cuando la fiscalía ingresa al iPad de Diego y se da cuenta que existe este material, inicia la carpeta de investigación de oficio, o sea, la misma fiscalía lo inicia”, explicó la abogada en entrevista para el programa Dos Con Todo.
Los casos pendientes contra Diego son sobre el delito de violación a la intimidad sexual. En diciembre de 2024, el Juez Francisco Salazar Silva de la Ciudad de México absolvió al joven en dos de estos casos. Desde entonces, las estudiantes evidenciaron que el juzgador perdió la oportunidad de emitir una sentencia histórica, porque se habría tratado de la primera en México y el mundo por ejercer violencia sexual con el uso de inteligencia artificial para alterar fotografías y videos.
Las estudiantes apelaron la sentencia absolutoria en estos dos casos y están a la espera de la respuesta del Poder Judicial. Además, siguen abiertas las investigaciones relacionadas con las denuncias presentadas por las otras seis estudiantes.
"Siguen siendo sentencias pendientes, una sentencia pionera al menos hasta ahora en materia de inteligencia artificial", agregó la abogada Martínez.
Defensoras de los derechos de las mujeres y las estudiantes agrupadas en la Asamblea Colectiva Justicia Digital IPN han señalado que la justicia para las estudiantes es importante porque la violencia digital impacta en la vida real.
“El hecho de que no sea un cuerpo real, es mi rostro y algo que me identifica como persona, ya sea en el mundo real o en el mundo digital, es mi cara, es mi imagen, son mis tatuajes, es mi lunar. Es importante que sepamos que aunque no sea mi cuerpo y es mi rostro, me siguen identificando con esta imagen. Y sobre todo que me siguen cosificando. A las compañeras del Politécnico las cosificaron porque hicieron dinero a costa de ellas. Sabemos que Diego vendía sus fotos a otros grupos", mencionó la abogada Martínez.
Estudiantes del IPN han exigido que se aplique la Ley Olimpia, que se refiere al conjunto de reformas que reconocen la violencia digital y sancionan los delitos que violan la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales.
Fue impulsada por la defensora Olimpia Coral Melo, después de que un video sexual fue difundido sin su consentimiento por su expareja en Puebla. Ella impulsó reformas al Código Penal y La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para incluir este tipo de violencia en las legislaciones a nivel nacional.
El 4 de diciembre de 2024, afuera de los juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Cermej, una manifestante que exigía justicia para las estudiantes del IPN narró cómo su amiga, una de las denunciantes, ha enfrentado daños psicológicos y en su vida cotidiana.
En esa ocasión, familiares de las jóvenes también reconocieron que autoridades aún desconocen cómo actuar ante delitos contra la intimidad sexual. Lo que llevó, por ejemplo, a que cuando las estudiantes interpusieron la denuncia fueron revictimizadas en el IPN, donde todavía enfrentan distintos obstáculos.
“Hay muchas cosas que les pesan [a las estudiantes], sobre todo en la escuela. Por ejemplo, hemos solicitado mucho de su apoyo al Politécnico, y nada. Le hemos pedido que nos ayude para que ellas no tengan problemas en la escuela. Por ejemplo, una de las que están estudiando me parece que medicina ha tenido muchos problemas académicos porque el IPN dice: ‘No es mi culpa que seas víctima de un delito. Aquí yo impongo calificaciones y no me importa lo que tengas que hacer’. Hemos estado batallando muchísimo con el Politécnico. Pese a ello, cada una de ellas ha ido poco a poco retomando su vida”, mencionó la abogada Valeria Martínez.
En México, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran que en 2023, 21 por ciento de la población usuaria de internet –18.4 millones de personas de 12 años y más– vivió alguna situación de ciberacoso. El mismo año, 22 por ciento de las mujeres y 19.6 por ciento de los hombres que usaron internet fueron víctimas de ciberacoso.
