Fabrizio Mejía Madrid

La Suprema Corte contra los “chichimecas”

"Son miles de personas que vieron la justicia irse contra ellos con un discurso de que los estaban protegiendo. Pero que Laynez todavía se autonombre 'defensor' de indígenas y que se haga una conmemoración alrededor de su cínico ego, me parece ya demasiado."

Fabrizio Mejía Madrid

14/08/2025 - 12:04 am

En la tortuosa despedida de la Suprema Corte de Norma Piña, los medios resaltaron, no tanto que le hayan dejado a la siguiente corte ya electa por voto popular la decisión sobre los impuestos que nos debe Salinas Pliego, sino la defensa que hicieron de Lorenzo Córdova, exconsejero del INE. Lo defendieron porque, en los nuevos libros de texto gratuitos de primaria, hay un recuadro que dice: “2015: En México, el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, se mofa de los representantes de las naciones originarias”. El recuadro es sobre las distintas expresiones de racismo. A Lorenzo lo acompañan en México, la reducción a ser sirvientes de los apaches en Chihuahua en 1880, los bajos salarios de la mina Cananea en 1906 o el nacimiento del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Las ministras que estuvieron en contra del amparo para Lorenzo, como Lenia Batres, argumentaron que era derecho a la educación saber que un presidente del INE tras recibir como funcionario electoral a los representantes de comunidades de Guanajuato se había burlado de la forma en que hablaban el castellano, que los comparó con el Toro del Llanero Solitario, cuyo lenguaje esterotipado hace escarnio de los Potawatomi o de los Comanches, según se lea el cómic o se vea la película, en fin, que el Jefe de las Elecciones en México se reía escandalizado de que existiera algo llamado una “Nación Chichimeca”, que son todas esos pueblos originarios asesinados por los españoles porque habitaban precisamente en las zonas donde había oro y plata: Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo, y cuyos pueblos se llaman: pames, zacatecos, caxcanes, hachichiles, jonazes, tecuexes, guamares. Lenia Batres también argumentó que la llamada de trabajo de Lorenzo Córdova exhibiendo su racismo ignorante de los pueblos de México, es relevante porque es uno de los pocos ejemplos documentados que se tienen de la discriminación verbal de un funcionario público contra los ciudadanos, el pueblo, al que debería de servir. Lenia Batres se opuso al amparo. 

Pero, los señores de la Corte, se pasaron a ofender. Pérez Dayán dijo a trompicones semánticos: “¿el Estado tuvo que recurrir a ese ejemplo para tratar de enseñarle a los niños que hay que respetar a las comunidades indígenas?, pues si también se trata de respetar sus derechos, vamos a sacar que un Diputado abusó de un menor de edad y ponerlo, fulanito de tal, Diputado de tal partido, abusó en función de su cargo de un menor de edad, y es procesado y fue condenado, pues, entonces, vamos a abrir la puerta a que la educación se haga a través de ejemplos concretos, o bueno, pues, entonces, presentemos el libro de educación, ejemplos en los que no debemos caer, fulano, zutano, mengano y perengano, pero desde que sale una cosa de estas, primero, interés jurídico, yo les puedo asegurar, puedo tener duda de cualquiera menos de él, porque él es el que aparece en los libros de texto diciendo, este se mofó (…) pueden decir, los españoles vinieron, conquistaron y nos robaron, a lo mejor pueden venir los españoles a decir, tengo interés jurídico porque yo soy español y no pueden venir a poner eso en los libros, bueno, es la concepción que cada quien tiene, pero, en este caso, estoy absolutamente seguro que lo tiene y que no creo que lo que más beneficie a una Nación en la instrucción de sus menores sea la confrontación y venir a exhibir al que se equivocó, que se va a equivocar esta y mil veces más, pues allá él, si esto fue motivo de algún tipo de responsabilidad administrativa que lo descuajen, pero tanto como para venirle a decir a los a los niños, cuidado con este, porque este anda hablando, bueno, entonces, los hijos de Lorenzo Córdova, qué van a decir cuando en esa primaria pudieran estar estudiando el mismo libro, y decir, oye, es tu papá ¿y dónde están entonces los niños que protegen también en la educación? ¿Oye, este es tu papá, el que dijo eso? Por eso, yo creo, porque sí se debe amparar”. 

Según Pérez Dayán había que amparar a Córdoba porque sus hijos iban a leer que su papá era racista. Bueno, suponemos que, con el dineral que extrajo del INE su papá, los hijos de Lorenzo no van a estudiar en escuelas públicas, por lo que no tiene de qué preocuparse. Pero lo que alega Pérez Dayán, en el fondo, es que no deberíamos particularizar en la enseñanza de la historia y su cauda de racismo. No decir, por ejemplo, que Cristóbal Colón esclavizó a los habitantes de la islas del Caribe, sino decir, no sé: “Se presentó el error de que se subyugó a algunas personas en el transcurso del viaje desinteresado de Cristóbal Colón”. O quizás podríamos decir: “Creyó que la esclavitud era un asunto privado”. O, como le diría Enrique Peña Nieto a los padres de Ayotzinapa: “eso fue hace mucho, ya supérenlo” 

Igual de tratabillante, Laynez Potisek dijo: “yo no quiero ni siquiera entrar a si discriminó o no discriminó y si reconoció o no reconoció, jurídicamente no hay ni siquiera una sentencia, al contrario, jurídicamente, si empezáramos a hablar de tecnicismos la CONAPRED, como viene de una prueba ilícita, dijo, yo no puedo hacer nada porque viene de una prueba ilícita, me veo impedida, digo, si quieren entrar a hechos ¿sí? Lo reconoció y pidió un disculpa, pues es su problema, o sea, yo no vengo, esta litis no se si discriminó o no, porque, entonces, yo me sumo a esos, ¿sí me explico?. Luego Laynez pasó a explicarse y dijo: ¿se vale que un condenado por violación, por todo, sea tomado con nombre y apellido en lo individual en un texto sin su consentimiento, insisto, para adecuarlo a un contexto histórico?”

Además de comparar los dichos de Lorenzo Córdoba con una violación sexual, siguiendo el argumento de Laynez, Robert Anderson, quien violó a mil 50 mujeres en Estados Unidos entre 1966 y 2003, no puede salir en un libro de texto porque nunca lo agarraron y murió en libertad. O Los Porkies de Veracruz que en 2015 violaron a una menor de edad no deberían aparecer como Diego Cruz Alonso, Enrique Capitaine, Jorge Cotaita o Gerardo Rodríguez porque los jueces los ampararon y dijeron que la víctima no estaba indefensa, a pesar de que la subieron a un coche con cuatro varones adentro.  

Sigue Laynez ya instalado en el plomazo: “No importa, para ejemplos de corrupción, sin sentencia en contra que pongan al director de SEGALMEX, que no tiene sentencia en contra y es un hecho notorio que el desfalco es superior al del FOBAPROA; ¿ven? Entramos en lucubraciones, ¿por qué no lo ponen?” Bueno, porque, para empezar parece que Laynez se informa con Loret de Mola y piensa como Lilly Téllez. Los funcionarios de Segalmex desviaron 8 mil millones de pesos y hay 22 órdenes de aprehensión contra los responsables. Por su parte, el saqueo del Fobaproa lo seguimos pagando y es por dos billones, es decir, millones de millones de pesos, sólo de intereses, es decir, el 6 por ciento del Producto Interno Bruto del país. A nadie se ordenó investigar por el Fobaproa. No hay órdenes de aprehensión contra Zedillo. O contra sus beneficiarios, como Fox, Valentín Díez Morodo, o Claudio X. González Laporte. Tampoco hay sentencias contra los coordinadores del PRI y el PAN en la Cámara, Emilio Gamboa Patrón y Jorge Romero Hicks, que votaron a favor del desfalco monumental que nos ha endeudado durante tres décadas. ¿De qué hablan los ministros del PRIAN?  

Pero Laynez se acabó despeñándose: “Además, claro, pues yo como ustedes he sido defensor de las comunidades indígenas en Pleno y en Sala”. Alerta, señor Ministro en despedida. Rojo, rojo, caliente, caliente. Usted, señor Laynez Potisek, estuvo detrás de las resoluciones más lesivas contra las comunidades indígenas en las últimas décadas. ¿O no fue usted el que impulsó la inconstitucionalidad de leyes en las entidades de la República contra la legitimidad que tienen las comunidades indígenas para decidir su presupuesto? 

La Ministra Lenia Batres ha dicho que, durante esta Corte impuesta por Peña Nieto, de las 56 leyes que ellos declararon inconstitucionales, 55 de esas resoluciones fueron contra los pueblos originarios. La suya, Ministro Laynez, es una Corte que ha ido en contra de las comunidades. Es demostrable. Basta un ejemplo: la comunidad de Crescencio Morales en Zitácuaro, Michoacán. Es un pueblo de más de 20 mil habitantes que desde el 2005 no recibió ningún presupuesto del estado. Como es su potestad legal, en octubre de 2021 decidieron pedirle al instituto estatal de elecciones que convocara a una consulta para saber si podían o no ejercer directamente su presupuesto municipal. Ganaron y empezaron a ejercer 28 millones con lo que se renovaron 6 kilómetros de calles, le pagaron a sus médicos y maestros, y capacitaron a su policía comunal. El municipio de Zitácuaro, en manos del PRIAN-PRD con un cronista deportivo de W Radio como presidente, se propuso eliminar las leyes que facultaban al pueblo originario disponer de los recursos públicos. ¿Y quién fue el que le recibió la demanda de inconstitucionalidad? Usted, Ministro Laynez Potisek. Usted propuso que la Suprema Corte invalidara las dos leyes que permitían que los pueblos de Michoacán ejercieran su derecho a la consulta. Pero el argumento para invalidar las consultas fue que las leyes que las permiten no habían sido consultadas a los pueblos. De verdad. Esto sucedió en la Suprema Corte de Norma Piña y existe un documental donde se narra este absurdo. Pues, bien: de las 55 resoluciones contra los pueblos indígenas de México, todas, todas utilizaron el mismo argumento: anular leyes que beneficiaban a las comunidades por no haber sido consultadas las mismas comunidades beneficiadas. Esta perversión, esta crueldad jurídica, esta burla de los derechos colectivos fue encabezada por quien se dice ahora que ya se va “defensor” de las comunidades. 

Ahí es donde amarran los dos temas: la defensa de un exfuncionario electoral que se expresó con racismo en una llamada telefónica de trabajo, tras una reunión con pueblos y comunidades encabezada por el líder pluricultural Mauricio Mata, a quien Lorenzo Córdoba acusó en la PGR por la filtración de la llamada. Las comunidades le pedían a Lorenzo Córdoba que era necesario contemplarlos en la elección como regiones completas que tienen decisiones de usos y costumbres. Al igual que las 15 comunidades de Michoacán que querían ejercer directamente su presupuesto a las que Laynez invalidó, borró del mapa porque no habían sido consultadas para la elaboración de las leyes que los beneficiaban. 

Y justo ese el tema central de esta columna. La llegada de un abogado indígena defensor, ese sí, de las comunidades, como Hugo Aguilar, no sólo es un asunto simbólico. Con lo crucial que son los símbolos en política, la defensa del “honor” de un exfuncionario como Lorenzo Córdova que hizo de la mofa un estilo personal, de cobrar más que el Presidente de la República, resuena en estos 55 casos en los que se fue contra los derechos del cuarto piso político, el de las comunidades, usando para ello la supuesta protección de las consultas a los pueblos originarios. Son miles de personas que vieron la justicia irse contra ellos con un discurso de que los estaban protegiendo. Pero que Laynez todavía se autonombre “defensor” de indígenas y que se haga una conmemoración alrededor de su cínico ego, me parece ya demasiado. 

Laynez, al igual que Lorenzo Córdova, piensan que Toro Sentado aparecía en el comic del Llanero Solitario. No es así. Sus doctorados en Italia le deberían servir para saber que Toro Sentado era un líder militar de la resistencia sioux, líder espiritual de los lakota, que persistió durante casi 20 años en la defensa de las tierras de los pueblos de Minnesota, Dakota, Montana y, desde el exilio, en Canadá. Le habían puesto ese nombre por la actitud de tenacidad que exhibía incluso cuando estaba sentado. El Congreso estadounidense mandó quitarles a sus seguidores el paso de provisiones para matarlos de hambre. El 15 de diciembre de 1890, la policía llegó hasta su reservación en Dakota para prohibirle que danzara en honor a la liberación de los indígenas bajo su mando. Acabaron asesinándolo junto a su hijo, y a 300 mujeres y niños. Desde su ignorancia, de eso se rió Lorenzo. Recordar su mofa en un libro le pareció a Laynez un exceso contra su “honor”. Lo bueno es que ya se fueron.                  

Fabrizio Mejía Madrid

Fabrizio Mejía Madrid

Es escritor y periodista. Colabora en La Jornada y Aristégui Noticias. Ha publicado más de 20 libros entre los que se encuentran las novelas Disparos en la oscuridad, El rencor, Tequila DF, Un hombre de confianza, Esa luz que nos deslumbra, Vida digital, y Hombre al agua que recibió en 2004 el Premio Antonin Artaud.

Lo dice el reportero