¿Qué habría que esperar de la designación Ernestina Godoy como nueva Fiscal General de la República, cuándo el trámite de habilitación, el fast track senatorial, suscitó todo tipo de comentarios?
Peor aún cuando la designación de la Fiscal varios observadores de la cosa pública la perciben como un golpe sobre la mesa para alinearla, luego de la salida negociada de Gertz Manero, quien no estaría actuando en sintonía con las necesidades de la Presidencia de la República.
Incluso, no faltó quien haya sugerido que en el marco de la autonomía estaba investigando a miembros de la élite morenista.
La lógica y la buena política recomendarían que la legitimidad de la designación de Godoy estaba en entredicho y entonces tendría que ganarla, a través de acciones institucionales que garanticen una fiscalía capaz de hacer cumplir la ley y, verdaderamente, fortalecerla en beneficio de todos como el eslabón perdido del proceso de autocratización que vive el país en forma vertiginosa.
El antecedente como Fiscal de la Ciudad de México y asesora jurídica de la Presidencia de la República permite reconocer que Godoy es una profesional eficiente del sistema, sin embargo, su designación obedece, antes que a sus credenciales académicas y profesionales, a necesidades políticas.
Y es que todas las piezas del sistema deben estar debidamente alineadas para darle sintonía a las decisiones de gobierno ante la creciente ola de demandas de justicia.
Es decir, teniendo la coalición gobernante el control del Poder legislativo y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de la judicatura federal y de la amplia mayoría de los gobiernos estatales, no debería tener problemas de desalineación para la toma de decisiones.
Y en ese sentido las necesidades están claramente identificadas para garantizar la gobernabilidad: en el ámbito internacional, ocupa un lugar muy especial los acuerdos que el Gobierno de México tiene con la administración Trump y pasan por los temas de seguridad binacional, la migración ilegal y temas de carácter financiero, particularmente, los que tiene que ver con el lavado de dinero; en tanto, internamente, ante la crisis financiera que representa el crecimiento de 0,3 por ciento pronosticado por el Banco de México para 2025 que llama a políticas más agresivas para recaudar ingresos de las clases medias y altas, y lo que falte obtenerlo por medio de un mayor endeudamiento público que se calcula para 2026 en más de un billón de pesos (dicho de paso los gobiernos estatales hacen lo propio, endeudando más a los ciudadanos).
Entonces, se necesita una Fiscalía fuerte que seguramente implicará, o ya está implicando, la sustitución de cuadros técnicos de la anterior fiscalía para abrir la puerta a cuadros con mayor perfil técnico-político para continuar aquellas investigaciones que permitan al gobierno obtener ingresos extraordinarios en sintonía con los miembros de la Corte y la UIF de la Secretaría de Hacienda.
Hay urgencia, la habilitación de Godoy como Fiscal General fue, como señalábamos, fast track, saltándose las etapas de una política preocupada por las formas y la percepción de legitimidad.
Se trata de empezar inmediatamente a trabajar en los temas candentes con los que cierra el año, donde están aquellos que tienen que ver con las finanzas públicas, pero, también, temas sociales, particularmente, con la oposición a la que se le acusa de estar detrás de las movilizaciones de la llamada Generación Z, y la de transportistas y agricultores, que amenazan con volver a tomar las carreteras luego de que habiéndoles pedido opinión sobre la llamada Ley Nacional de Aguas sus propuestas no ha sido incorporadas al texto de la Comisión de Agricultura en el Senado de la República.
Y es que el discurso de la Presidenta Sheinbaum se ha radicalizado buscando por esa vía atajar los problemas que se acumulan en el país y causan una gran resonancia a nivel nacional e internacional, dejando de lado lo que debería ser la tónica democrática: escuchar, negociar y acordar con las organizaciones sociales para despresurizar la creciente demanda social.
Si esta lógica de estructuración se comprueba, tendremos una gran actividad en las instituciones de impartición de justicia en dos niveles: por un lado el cuestionamiento, que seguramente habrá de expresarse en las negociaciones del T-MEC, por los señalamientos duros del gobierno e inversionistas estadounidenses sobre la falta de seguridad por un Estado de Derecho en manos de jueces, magistrados y ministros que son resultado de tómbolas y acordeones que, a su juicio, no garantizan imparcialidad en la aplicación de la ley.
Y, por el otro lado, la acción contra los personajes que no sólo tienen que ver con sus deudas, cómo es el caso del empresario Ricardo Salinas Pliego, sino porque los necesitan simbólicamente para la narrativa oficial de lucha contra los deudores públicos y la corrupción.
No es casual que en la intervención de la Fiscal en el Senado haya fijado postura en temas sensibles para su gestión “no habrá fabricación de culpables, ni persecución política”, lo primero es en un sentido amplio y en clara alusión a casos que en el pasado perjudicaron la imagen de la institución, cómo fue el de la propia familia de Gertz Manero que, como se recordará, llevó a la prisión a su sobrina Alejandra Cuevas.
Lo segundo, tendría que ver con lo que ya se perfila, contra algunos miembros de la oposición entre ellos Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, que, si bien su caso está en la Fiscalía del estado de de Campeche, la búsqueda de “coordinación” entre las fiscalías federal y estatales deja entrever que la Fiscal no será una invitada de piedra.
En definitiva, pensar que la designación de la abogada Godoy es una decisión pensando en sus credenciales académicas y profesionales es no entender el momento político y las necesidades que se le desprenden.
Esta designación es eminentemente política para lograr la sinergia que la Presidencia de la República no tenía con Gertz Manero, lo que significa que el país tendrá una súper Fiscal muy necesaria en cualquier democracia, sin embargo, los antecedentes laborales parecen indicar que más que responder a las urgencias nacionales, habrá de responder a las necesidades políticas de la Presidencia de la República.
Al tiempo.
