En entrevista con "Los Periodistas", Raquel Buenrostro hizo un balance del primer año de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno el cual estuvo marcado por una ofensiva anticorrupción que alcanzó tanto a funcionarios como a empresas. La funcionaria defendió una estrategia orientada a cerrar los espacios donde la corrupción se volvió costumbre y a cambiar prácticas que durante décadas pasaron inadvertidas.
Ciudad de México, 30 de diciembre (SinEmbargo).- A un año de la creación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, su titular, Raquel Buenrostro, sostiene que el principal giro respecto a la vieja Secretaría de la Función Pública no es sólo de nombre, sino de enfoque: la prevención como eje central del combate a la corrupción y una mirada que ya no se limita al servidor público, sino que alcanza de manera directa al sector privado.
En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de "Los Periodistas" que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, Buenrostro explicó que la nueva secretaría recoge la experiencia institucional acumulada desde la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), creada en el sexenio de Miguel de la Madrid tras los escándalos de Pemex, y de la Función Pública, pero con atribuciones ampliadas y una lógica distinta.
"Nosotros creemos que es mejor prevenir que corregir y que meter al a la cárcel a alguien. ¿Por qué? Porque en la prevención primero ahorramos dinero, porque es dinero que no se desvía y tiempo en las actuaciones de gobierno porque no esperamos que tras transcurra a un año o más para después sancionar, sino desde el principio tratamos de enmendar y que se corrija la plana".
Buenrostro menciona que a ese enfoque se sumaron nuevas facultades legales, como transparencia y protección de datos personales, y una estrategia deliberada de vinculación con el sector privado y social.
"Nosotros creemos que el combate a la corrupción es de muchas partes, es un compromiso de todos los actores de la sociedad, entonces estamos impulsando también mucha relación con el sector privado y con la sociedad, desde organizaciones sociales, civiles, cooperativas, pueblos indígenas, etcétera, hasta con sectores sectores industriales, sector empresarial. También estamos empujando y, muy pronto vamos a tener, una ley de cabildeo también que no existía en México, eso da transparencia a la relación entre el gobierno y el sector privado y ayuda a transparentar todos los diálogos.
Buenrostro reconoció que, pese al quiebre que significó 2018 frente al periodo neoliberal ,al que calificó como sinónimo de saqueo y colusión, la corrupción no desaparece por decreto.
"Desafortunadamente la corrupción no se puede llegar a cero. Incluso en los países más avanzados hay problemas de corrupción. No podemos decir que la corrupción está extinguida. Eso no pasa, porque luego incluso cambiamos de funcionarios o cambiamos de empresas y de todos modos se generan algunas situaciones. Creo que la clave está en los controles, en los seguimientos, en la transparencia y en la sistematización. Nosotros creemos que entre más sistematizados estén los procesos, que haya más trazabilidad en la actuación del go servidor público, que sea cada vez más vigilado por la sociedad y por nosotros mismos las actuaciones, eso ayuda a que la gente se vaya comportando mejor y se vaya ordenando".
Ese cambio, añade, es también cultural. Durante años se normalizaron conductas que hoy no siempre se reconocen como actos de corrupción o conflictos de interés. Por ello, dice, ha sido necesario ajustar leyes, tipificar conductas y poner nombre a prácticas que antes pasaban inadvertidas. “Es un trabajo continuo, de mejora permanente y de vigilancia constante”.
Uno de los puntos centrales de la nueva estrategia es romper con la idea de que la corrupción es un problema exclusivo del sector público.
"La corrupción es de dos partes, el corrompido y el corrupto. No puede haber una sola parte y la otra, siempre se sanciona nada más al al servidor público y aquí nosotros también estamos tratando de ser justos y si hay un acto de corrupción, sancionar a las dos partes de la manera que cada quien corresponda".
En ese sentido, la secretaría ha incrementado la vigilancia sobre empresas, procedimientos de contratación y relaciones con funcionarios. Ya no sólo se persiguen faltas administrativas, sino también delitos penales y, de manera creciente, responsabilidades civiles contra empresas que causan daño patrimonial al Estado.
Buenrostro ilustra las fallas del sistema con un caso de contrabando detectado en flagrancia cuando encabezaba el SAT. Aunque se abrió un procedimiento administrativo y otro penal, el caso penal sigue detenido en la Fiscalía General de la República desde 2020 y la sanción administrativa se resolvió apenas con un año de inhabilitación.
“Fue más el tiempo de investigación, de procesamiento y de proceso que el castigo. Entonces, pues sí es un problema.”, lamenta. Para ella, el problema radica en la falta de plazos claros y en la lentitud institucional que termina favoreciendo la prescripción y la impunidad.
Con la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia y una mayoría calificada en el Congreso, Buenrostro consideró que existen condiciones inéditas para corregir esos vacíos. “Es una cuestión de voluntades”, señala. De ahí que se trabajen reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y ajustes al Código Penal, por ejemplo para tipificar delitos contra la salud cometidos por empresas que falsifican registros sanitarios o comercializan medicamentos irregulares.
Buenrostro recoció que el sector salud es uno de los ámbitos más sensibles y con mayores riesgos de corrupción. La funcionaria detalló operativos conjuntos con Cofepris y gobiernos estatales para clausurar farmacias que vendían medicamentos robados o sin registro, así como una ofensiva contra farmacéuticas incumplidas.
“Tenemos identificadas alrededor de 180 empresas que no se portan bien; ya llevamos más de 20 o 30 inhabilitadas y viene otro bloque de 15 empresas que no solo las vamos a inhabilitar, sino que ya le estamos rescindiendo todos los contratos”, afirmó. A ello se suman prácticas como colusión para inflar precios, uso de documentación falsa y simulación de competencia en licitaciones.
En paralelo, la Secretaria señaló que el desabasto de medicamentos no puede explicarse sólo por fallas públicas.
“Hay empresas que ganan contratos y luego no suministran en regiones alejadas porque no es rentable”, explicó. Por ello, se han rescindido contratos y presionado para aplicar artículos de ley que excluyen a empresas incumplidas de nuevos concursos.
En materia de transparencia, Buenrostro rechazó que la desaparición del INAI haya significado un retroceso en el derecho a saber. Asegura que la Plataforma Nacional de Transparencia se mantiene intacta y que la secretaría ha incorporado mecanismos adicionales de orientación a la ciudadanía, seguimiento en tiempo real de solicitudes y mayor claridad sobre plazos y responsables. Además, destaca el lanzamiento de Data Buen Gobierno, un portal que concentra información pública, contrataciones y datos presupuestarios de manera más accesible.
Ante las voces que acusan al actual gobierno de ser “el más corrupto de la historia”, la Secretaria respondió que hoy se habla de prácticas que antes eran tabú. Desde su experiencia en el SAT, relata cómo desmanteló redes completas de corrupción, moviendo hasta mil personas en un solo día, e introdujo modelos de riesgo que rompieron acuerdos históricos entre despachos y funcionarios. “Antes no se hablaba de esto porque a todos les convenía”, afirmó.
Finalmente, al identificar los mayores riesgos actuales, Buenrostro señala dos frentes: seguridad —particularmente extorsión y uso indebido de datos personales en un entorno digital— y salud. Pese a ello, sostiene que hay avances significativos en prevención, aunque estos no siempre sean visibles.
“Lo preventivo no sale en las notas, porque son actos de corrupción que se inhibieron antes de que ocurrieran”, dice. La instrucción presidencial, concluye, es clara: “cero corrupción y cero tolerancia”, con procesos largos, sí, pero con una vigilancia cada vez más estricta sobre funcionarios y empresas por igual.
