Quién no recuerda aquella "mañanera" en la que Andrés Manuel López Obrador, a unos meses de haber asumido el poder, sacaba un pañuelo blanco y lo ondeaba hasta donde le alcanzaba la mano para decretar que la corrupción se había acabado. Nada más lejano de la realidad. Ni él mismo pudo escapar, porque al final de su periodo admitió que la corrupción localizada en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) había sido la mancha que se llevaba consigo. Hasta el final de ese sexenio la paraestatal había acumulado 156 denuncias ante la FGR por actos de corrupción y un desvío por dos mil 700 millones de pesos.
Claudia Sheinbaum, la sucesora de AMLO, le cambió el nombre a Segalmex por el de Alimentación para el Bienestar, pero a mediados de este 2025 brotó ahí de nuevo la corrupción: cinco empresas relacionadas entre sí, creadas exprofeso, fueron utilizadas para obtener contratos por casi dos mil millones de pesos, y una de ellas llegó al nivel de robar la identidad de una mujer desempleada y enferma para firmar contratos por 256 millones con Diconsa, fusionado a la nueva institución morenista.
Es un patrón que se repite una y otra vez en el país, y la llamada Cuatroté no ha estado exenta de ese tipo de escándalos que, más que romper los vínculos con el pasado neoliberal, que el morenismo ha convertido en una bandera, suponen una extensión de los tentáculos del tan odiado prianismo. En el balance, el año que está a punto de terminar ha sido profuso en hechos de corrupción, prácticamente desde su inicio, en diferentes niveles y en múltiples actores ligados al actual régimen.
Y van desde el enriquecimiento inexplicable de personajes como el Diputado Sergio Gutiérrez Luna y su esposa, Diana Karina Barreras; Mario Delgado; Andy López Beltrán; el exasesor de AMLO, Alfonso Romo; Gerardo Fernández Noroña; y Ricardo Monreal, quien fue denunciado incluso por su colega de partido, Adán Augusto López, de “malos manejos” en el Senado por 150 millones de pesos. En este último caso, considerado en el argot político como “fuego amigo”, fue sofocado por la Presidenta Sheinbaum en un momento dado.
Pero si el caso de Fernández Noroña fue escandaloso no sólo por la exhibición cínica de su vida de lujos y viajes por Europa y el Medio Oriente, sino por la compra de una casa por 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos, la que vendría casi a la par en el caso del llamado “huachicol fiscal”, cuyas redes de corrupción penetraron a las Fuerzas Armadas y sus altos mandos, estremeció a los pilares que sostienen como endebles alfileres la credibilidad de un Gobierno que se asume impoluto.
Luego, los vínculos de Adán Augusto López con el crimen organizado en Tabasco significaron el colmo. Las acusaciones de corrupción contra Adán Augusto López se centran principalmente en una red de tráfico de influencias, asignación de contratos gubernamentales a empresas vinculadas a socios y prestanombres, desvío de fondos públicos y discrepancias fiscales. Y a pesar de sus vínculos con líderes criminales, como su exsecretario de seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, detenido en septiembre en Paraguay y extraditado a México inmediatamente, tales señalamientos no han resultado en causas penales hasta la fecha. Es decir, no existe formalmente ninguna investigación por ninguna autoridad; en cambio, el Senador goza de una abierta protección política: “¡No estás solo!, ¡no estás solo!”, le gritaban sus correligionarios en los eventos que se presentó apenas revelado el escándalo.
A todo eso se suman casos de desvío de recursos, moches con empresarios, contratos a modo, nepotismo, tráfico de influencias, y la lista puede irse incrementando.
Hay quienes afirman que para controlar la corrupción y disminuir la impunidad es necesario construir una ciudadanía informada, participativa y activa. Pero lo que ha construido la Cuatroté es una clientela que le llena el Zócalo, acude a sus marchas en acarreos y vota en masa los candidatos al Poder Judicial determinados en acordeones. “Amor con amor se paga”, demandaba el expresidente de Morena, Mario Delgado.
El pasado 9 de diciembre fue declarado por la ONU como el Día Internacional contra la Corrupción y, paradójicamente para México, el Inegi publicó su informe Estadísticas a propósito del Día Internacional contra la Corrupción, en el que se revela que el 45 por ciento de los ciudadanos en zonas urbanas fue víctima de la corrupción en 2025.
Dice además el informe que el Estado de México y Campeche, ambos gobernados por Morena, “lideran la lista de estados con más sanciones emitidas contra servidores públicos”.
El tema, como se ve, no está ni cerca de esfumarse del país, y no es con un pañuelito blanco como se esparce el tufo de su fetidez. Basta con tener voluntad política y dejar de tolerar a los corruptos del rebaño, de hacerse de la vista gorda sólo porque son del propio partido o sus aliados.
La promesa de “ser diferentes” ya no se sostiene. Nunca se ha sostenido en la realidad; lo demostró el año que concluye. El 2025 no fue halagüeño para la vida democrática del país y, ante este panorama, de 2026 sólo puede decirse que por la víspera se sacan los días.
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Con este artículo aprovecho la oportunidad para comunicarle a los lectores que regresó a este espacio en enero de 2026. ¡Felices fiestas!
