Mientras el Gobierno de Javier Milei insiste en presentar su Reforma Laboral como una “modernización”, miles de trabajadores argentinos salieron a las calles de Buenos Aires para rechazar lo que consideran un grave retroceso en derechos conquistados. Al ritmo de cumbia, con paro nacional y la Plaza de Mayo colmada, sindicatos y organizaciones sociales mostraron su fuerza frente a una iniciativa que ya provocó una de las mayores movilizaciones del año y obligó al Ejecutivo a frenar, al menos de forma temporal, su aprobación.
Este artículo es escrito con apoyo del Laboratorio de Acción en Democracia, Centro sobre Democracia, Desarrollo y Estado de Derecho, Universidad de Stanford.
Buenos Aires, Argentina, 19 de diciembre (SinEmbargo).- Mientras Chile votó por un presidente de ultraderecha, el pinochetista José Antonio Kast, en su vecino país, Argentina, los principales sindicatos y organizaciones sociales se levantan masivamente contra el proyecto de Reforma Laboral impulsado por el también ultraderechista presidente Javier Milei.
Este jueves 18 de diciembre, pese a las altas temperaturas que rebasaron los 30 grados, miles de personas llenaron la Plaza de Mayo y las calles aledañas –Diagonal Norte y San Martín– como parte de un paro nacional convocado por un centenar de organizaciones, entre ellas la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Confederación General del Trabajo (CGT), contra el proyecto de Reforma Laboral impulsado por el presidente Javier Milei.
El Ejecutivo presentó la iniciativa como una “modernización laboral” orientada a promover el empleo formal y a adaptar la normativa vigente a las nuevas dinámicas del mercado de trabajo.
Según el Gobierno, el proyecto busca actualizar una legislación con décadas de antigüedad y reducir cargas fiscales y regulatorias que, a su entender, desalientan la contratación en blanco y la competitividad empresarial. Sin embargo, para amplios sectores laborales la propuesta implica un retroceso en derechos y ya ha sido rechazada por numerosas organizaciones sindicales.
Desde tempranas horas, la Plaza de Mayo comenzó a poblarse al ritmo de la música. Tambores, redoblantes y pirotecnia marcaron el pulso mientras los manifestantes llegaban de a poco, desplegando banderas y carteles con consignas contra la reforma laboral.
Trabajadores de distintos sectores se mezclaron entre la multitud, muchos con pancartas hechas a mano, y el calor intenso no frenó la energía de la protesta. La Plaza, epicentro histórico de reclamos, vibró con los gritos de quienes ocuparon cada rincón del centro porteño.
“El gobierno de Milei quiere impulsar una reforma laboral que busca flexibilizar las condiciones de trabajo en toda la Argentina, donde quieren dejar de pagar horas extras, con lo cual los trabajadores tendrían menos derechos y acceso a seguridad social”, dijo Natacha Holzinger, integrante del Sindicato del APL Asociación del Poder Legislativo.
El controvertido proyecto de Reforma Laboral de Milei, según los manifestantes, “tiene un corte fascista” porque busca ampliar la jornada laboral de 8 a 12 horas, así como reducir los derechos de los jubilados y pensionados. Así lo dijo Eda Beitia, de 79 años, integrante de Jubilados Clasicistas y Política Obrera.
“Es una ley muy contraria a los trabajadores. Es una reversión en donde todos nuestros derechos, pasan al lado de la patronal, nos despojan de todos los derechos ganados en tantos años”, concluyó Beitia.
“Es todo verso decir que con esta reforma se crea empleo. Es una reforma propia de regímenes autoritarios, incluso peor que la de la dictadura”, sostuvo el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar. “No podemos aceptar jornadas de 12 horas y pago en especies. Los empresarios ya son dueños de las empresas y ahora quieren ser dueños de nuestras vidas”, agregó, mientras la multitud mantenía tomada la Plaza de Mayo y las calles aledañas.
La gran desaprobación social y las protestas masivas obligaron al Ejecutivo a postergar la aprobación del proyecto, que estaba prevista para el 26 de diciembre. Finalmente, será discutido en el Senado el 10 de febrero de 2026, dejando en pausa una de las iniciativas más polémicas del gobierno y manteniendo la atención de sindicatos, trabajadores y organizaciones sociales sobre el debate que se avecina.
