Desde enero de 2025, Trump ha impulsado medidas que flexibilizan los controles federales sobre la venta, exportación y regulación de armas de fuego en Estados Unidos.
Ciudad de México, 15 de febrero (SinEmbargo).– Mientras Donald Trump afirma que combate a los cárteles de la droga, incluso al designarlos como organizaciones terroristas, en los hechos persiste una contradicción de fondo: no existe una política firme para frenar el tráfico de armas. Por el contrario, se han debilitado los mecanismos de control, supervisión, cooperación y regulación.
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca —tal como lo advertían activistas que luchan contra el tráfico de armas— ha significado un retroceso. Desde enero de 2025, la administración republicana ha impulsado medidas que flexibilizan los controles federales sobre la venta, exportación y regulación de armas de fuego en Estados Unidos. Entre ellas, especialistas alertan sobre recortes de personal destinado a investigar delitos relacionados con armas.
El exagente de la DEA, Mike Vigil, señaló en entrevista con SinEmbargo que Trump no tiene intención de frenar el tráfico de armas y que, aunque la Presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado el tema en sus conversaciones con el mandatario estadounidense, no se prevén cambios.
“Yo sé que la Presidenta Claudia Sheinbaum habla de eso con Donald Trump, pero Donald Trump no tiene ninguna intención de controlar las armas[…] Desgraciadamente la administración de Donald Trump y los republicanos no quieren hacer nada para controlar las armas de fuego. Ellos están en el bolsillo de la Asociación Nacional de Rifles que les da millones y millones de dólares anualmente para sus campañas políticas. Y esto es preocupante: es mentira eso que dice Donald Trump que está combatiendo el narcotráfico. Entonces la pregunta es: ¿por qué estás armando a los grupos que supuestamente estás combatiendo", destacó el exagente de la DEA, Mike Vigil.
Por su parte, John Lindsay-Poland, coordinador de Stop US Arms to México, advirtió que la contradicción es evidente en la reducción de recursos para investigar delitos vinculados con armas y en el debilitamiento de la supervisión sobre la industria armamentista.
“Ahora el gobierno de Trump no está investigando el tráfico de armas y, aun con esa designación de los cárteles como organizaciones terroristas, ocurre lo contrario: se están reduciendo los recursos para investigar delitos con armas en toda la industria”, explicó.
La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) es la agencia encargada de combatir delitos violentos asociados al uso ilegal de armas de fuego, explosivos e incendios provocados. Entre sus funciones principales está identificar y desmantelar redes de tráfico que abastecen a personas prohibidas, pandillas, cárteles de la droga y organizaciones terroristas, según se describe en su portal oficial.
No obstante, dicha agencia ha enfrentado importantes recortes presupuestales y, de acuerdo con Lindsay-Poland, parte de sus funciones se han desviado hacia la estrategia migratoria impulsada por Trump.
Trump desmantela control de armas
El Center for American Progress, un instituto de política pública enfocado en reducir la violencia armada, publicó en julio de 2025 que, mientras dependencias vinculadas con migración han incrementado sustancialmente sus recursos, la ATF —cuyo presupuesto llevaba años estancado— ha sufrido nuevos recortes. De concretarse los ajustes previstos para 2026, el retroceso presupuestal sería equivalente a casi 16 años.
Nick Wilson, director principal de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego en American Progress y quien escribió el artículo, detalló en el documento que, comparando el presupuesto de 2010 con el propuesto para 2026, los recursos para la Patrulla Fronteriza aumentarían 153 por ciento; para Aduanas y Protección Fronteriza, 87 por ciento; para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), 97 por ciento; para el Servicio de Alguaciles, 50 por ciento; y para el FBI, 27 por ciento. Además, la ley One Big Beautiful Bill, firmada por Trump, destina casi 30 mil millones de dólares adicionales a ICE para ampliar las deportaciones, triplicando su presupuesto anual de 2024.
En contraste, la ATF sería financiada en 2026 prácticamente al mismo nivel nominal que en 2010. Ajustado por inflación y crecimiento poblacional, esto representaría una disminución real de 46 por ciento.
Desde el año pasado, la organización y su director de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego advertían que, de aprobarse los recortes propuestos para el año fiscal 2026, la ATF contaría con menos agentes que hace 25 años. “Habrá menos investigadores y expertos disponibles para colaborar con las policías locales y mantener fuera de las comunidades un número creciente de armas ilegales”, alertaron.
A ello se suma que la administración Trump contemplaba fusionar la ATF con la DEA, según informó CNN el 17 de enero. La propuesta, atribuida al fiscal general adjunto Todd Blanche, requeriría la aprobación presupuestaria del Congreso.
De acuerdo con la cadena, la iniciativa planteaba eliminar a la ATF como entidad independiente dentro del Departamento de Justicia y transferir sus funciones a la DEA, que asumiría la investigación de delitos violentos, la aplicación de leyes antidrogas y los crímenes relacionados con armas de fuego. Aunque ambas agencias tienen mandatos distintos, funcionarios citados señalaron que existe una interrelación operativa basada en la premisa de que donde hay drogas suele haber armas.
Trump fortalece segunda enmienda
Pero el debate no se limita a los recortes en la ATF. El respaldo del Partido Republicano a empresas y fabricantes de armas también se refleja en iniciativas orientadas a desmantelar algunas de las reformas implementadas durante el mandato de Joe Biden y a obstaculizar el combate al tráfico ilícito hacia América Latina.
En 2023, la administración de Joe Biden impulsó una reforma legal que prohibió expresamente el tráfico transfronterizo de armas. La legislación estableció que cualquier persona o comercio que colabore con traficantes que trasladen armas a través de la frontera puede enfrentar cargos federales en Estados Unidos.
Lindsay-Poland recordó que Trump firmó una orden ejecutiva para “proteger la Segunda Enmienda” y que, en septiembre, se revirtió una restricción impuesta durante el gobierno de Joe Biden sobre la exportación legal de armas a determinados países cuando el usuario final no era una entidad gubernamental. Aunque la medida no afectaba directamente a México, sí alcanzaba a Guatemala, Honduras y El Salvador, naciones con graves problemas de desvío y tráfico de armas.
El especialista explicó que agentes de la ATF que antes se dedicaban a investigar el tráfico ilícito han sido reasignados a tareas relacionadas con migración, lo que debilita la capacidad operativa para perseguir estos delitos.
En 2023, Guatemala importó más armas cortas desde Estados Unidos que Colombia, Brasil o México, pese a registrar elevados niveles de violencia armada, señaló Lindsay, quien advirtió que la flexibilización de las exportaciones podría agravar aún más la situación en la región.
Para Mike Vigil, el contraste es contundente. Recordó que en México existe un solo punto legal de venta de armas, ubicado en una base militar y administrado por el Ejército, donde se comercializan alrededor de 6 mil 500 armas al año. En contraste, estimó que desde Estados Unidos ingresan al país entre 300 mil y 500 mil armas anualmente.
“Donald Trump no tiene ninguna intención de controlar las armas”, reiteró Vigil. Mientras no exista voluntad política en Washington para regular la industria y frenar el flujo ilícito, concluyó, el tráfico seguirá alimentando el modelo de negocio de los cárteles.
