CHICAGO, ILLINOIS. La masacre del Casino Royale alarmó al público estadounidense durante un día. Luego el huracán “Irene” dominó la cobertura de los principales medios, por lo que el seguimiento al ataque en Monterrey ha sido relativamente escaso. Otra hubiera sido la atención prestada al atentado si entre las víctimas del Casino Royale hubiera habido ciudadanos estadounidenses.
Los muertos los sigue poniendo México mientras que el consumo de narcóticos en Estados Unidos continúa aumentando, así como la intervención de los organismos de seguridad norteamericanos en la guerra contra el narcotráfico.
El presidente Barack Obama condenó enérgicamente el atentado y envió condolencias a las familias de las víctimas y al pueblo de México, pero pronto volcó su atención a impedir que se repitiera la lenta reacción de las autoridades federales estadounidenses ante un desastre natural como ocurrió con el huracán “Katrina” en 2005.
La mayoría de los estadounidenses no prestan mucha atención a la conexión entre la creciente demanda de narcóticos en Estados Unidos y la violencia relacionada con el narcotráfico, no sólo en México sino también en los barrios pobres de ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Atlanta y Chicago.
La conexión es evidente: el negocio de los cárteles mexicanos se estima en 39 mil millones de dólares al año, gracias a que aproximadamente unos 25 millones de estadounidenses –mayores de 12 años– consumen algún tipo de droga, de acuerdo con datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La demanda de narcóticos continúa creciendo a pesar de la guerra contra el narcotráfico. Según reportes del Departamento de Justicia, el contrabando anual de marihuana se ha duplicado desde 2004 a una cantidad estimada de 23 mil 700 toneladas. La producción de heroína se ha cuadruplicado a un estimado de 41 mil toneladas. Mientras que el consumo de metanfetaminas ha roto récord en los últimos cinco años.
Estos números apuntan al fracaso de la guerra contra las drogas en Estados Unidos; una batalla que se inició con el gobierno de Richard Nixon hace 40 años. Desde entonces, pocos políticos estadounidenses se han atrevido a criticar la guerra contra las drogas por temor a dar la impresión de tener una postura débil ante el crimen.
El sistema de distribución de los cárteles mexicanos se ha extendido a todo el territorio estadounidense. Según fuentes de la Administración Antidrogas de EU (DEA), los cárteles operan en más de 230 ciudades norteamericanas. La semana pasada, la policía de Chicago decomisó un cargamento de marihuana valuado en 33 millones de dólares y detuvo a varios presuntos narcotraficantes mexicanos. La pregunta obligada es: ¿Quién iba a comprar toda esa marihuana?
Es irónico que la distribución a nivel nacional de miles de toneladas de narcóticos se lleva a cabo en relativa paz. La violencia que genera el narcotráfico de este lado de la frontera tiene que ver, por lo general, con pandillas que se disputan el derecho de vender la droga en las esquinas.
Según la DEA, los cárteles mexicanos operan en territorio estadounidense evitando enfrentarse entre sí. Sus operarios se mezclan entre la población latina de las grandes ciudades sin llamar la atención. Su principal función es distribuir la droga y contrabandear dinero para lavarlo en México.
Mientras tanto, el gobierno de Obama ha acelerado su intervención en la guerra contra el narcotráfico en México. El gobierno mexicano admitió en febrero, tras un reportaje que publicó el diario The New York Times, que ha solicitado el apoyo de aviones no tripulados o “drones” de Estados Unidos como parte de la lucha contra el narcotráfico. A la vez, agentes norteamericanos entrenan a policías federales mexicanos para participar en operativos que se planean y lanzan desde bases en territorio estadounidense.
La corresponsabilidad de Estados Unidos en esta guerra es cada vez más profunda. Este país no puede observar con terror el video del ataque al Casino Royale y seguir pretendiendo ser un transeúnte inocente.
