Ciudad de México, 22 de junio (SinEmbargo).– Los niveles de dinamismo y de desarrollo entre las diferentes regiones y las 32 entidades federativas del país presentan contrastes dramáticos en ambos aspectos. Para que México crezca al ritmo necesario y lo haga de manera sostenible "es indispensable emparejarlos", enfatiza este lunes el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
"El 70 por ciento de los estados crece a niveles insuficientes o presenta rasgos de relativo estancamiento, o inclusive de retroceso [...] El desarrollo de la zona sur, la de mayores rezagos, debe tener un carácter de prioridad nacional", afirma en un comunicado.
Por años, cinco estados han crecido a una tasa anual promedio superior al 4 por ciento, más del doble del promedio nacional y en el rango objetivo que se requiere para afrontar los retos en el empleo, pobreza y demografía.
"Si en los últimos 10 años México hubiera crecido al ritmo de estos estados punteros en la materia, como Querétaro o Quintana Roo, nuestro Producto Interno Bruto per cápita anual superaría ya los 18 mil dólares, casi 80 por ciento por encima del que tenemos actualmente", asegura.
Si en datos recientes hay estados como Aguascalientes, que llegan a superar el crecimiento de China, el CCE subraya que preocupa que "lejos de que se estén paliando las brechas y los rezagos, tienden a aumentar la divergencia entre los estados con más dinamismo y los de peor desempeño".
En el trasfondo, aumenta la distancia entre los extremos en productividad e inversión, factores esenciales para el desarrollo sostenido. La inversión por trabajador en entidades como el Distrito Federal y Nuevo León es más de 4.5 veces la que existe en los estados del sureste.
El organismo reconoce que es natural e inevitable que haya variabilidad en el comportamiento económico y en el desarrollo de las regiones, pero, agrega, las diferencias que existen en México son de tal magnitud que inclusive son un factor de riesgo muy importante en términos políticos y sociales, además del efecto negativo que empuja a la baja a todos.
Durante décadas, critica, se ha hecho poco para remediar estos desequilibrios: no ha habido suficiente claridad en los objetivos y las acciones, ni articulación entre las regiones, al interior de éstas, y de manera transversal, entre los sectores productivos y los diferentes gobiernos, en sus tres órdenes.
"Como nación a nivel macro, y en los estados en lo general, hemos fracasado en el objetivo de articular una estrategia y políticas de desarrollo regional sólidas".
PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) anuncia en su comunicado el inicio de una relación estratégica entre el sector empresarial y los estados, vía la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), para marcar un punto de inflexión en materia de desarrollo regional.
Con la alianza se busca consolidar programas de fomento de avanzada de desarrollo regional, vinculados a los temas clave de la agenda nacional.
La conformación de consorcios de empresas regionales, en especial pequeñas y medianas empresas locales que puedan integrarse a los contratos y crecer con la reforma energética, ejemplifica, es una oportunidad irrepetible, que puede tener un impacto decisivo en 12 estados.
También informa sobre la proyección de cinco estrategias sectoriales en las que estamos trabajando en el Comité Nacional de Productividad: Comercio al por Menor, Turismo, Gastronomía, Autopartes y Proveeduría Aeroespacial, Agroindustrial, Electricidad-Electrónica y, por supuesto, el Sector Energético.
Con la Conago, tienen prioridades en generación de empleo, impulso a las Pymes y mejora regulatoria.
Para apoyar a las Pymes, propone además de los esquemas de vinculación que mencionaba, un fondo estatal de garantías para otorgar fianzas a proveedoras del gobierno, y paquetes de estímulos y créditos para que las empresas de nueva creación puedan superar la barrera de los cinco años para su maduración.
En la parte de desarrollo institucional, dijo, se debe aterrizar en el nivel de estados y municipios las reformas en materia de combate a la corrupción, transparencia y justicia.
