Ulises Ruiz reapareció en Oaxaca.
El ex gobernador participó en la marcha de apoyo en el municipio de Teotitlán de Flores Magón, donde pronunció un discurso en apoyo de su ex colaborador Alejandro Aviles Álvarez, quien fungió como titular de la desaparecida Coordinación de Delegaciones.
El ex gobernador es señalado por cometer presuntos desvíos de fondos públicos. Según la titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Woorlischs Fernández, Ruiz es investigado por cometer un peculado superior a los 4 mil millones de pesos.
Según Milenio, a Ruiz “se le vio este fin de semana en el evento proselitista, tranquilo, sereno, participó en la marcha de apoyo a sus ex colaborador y dio un discurso donde advirtió que el regreso del PRI a Los Pino es evidente ante el fracaso de los gobierno panistas”.
Hace unos días se dio a conocer que cinco ex funcionarios de Ulises Ruiz acaban de salvarse de ir a la cárcel: Acusados de peculado por más de 400 millones de pesos, había órdenes de aprehensión en su contra y ya los buscaba la Interpol... pero súbitamente los requerimientos de captura se “revocaron” –figura inexistente– en virtud de flagrantes errores en la integración del expediente en su contra.
Analistas políticos sospechan de ese sorprendente giro en el proceso y ya se habla de un aparente “arreglo” de inmunidad logrado por el anterior gobernador, Ulises Ruiz, ante el actual, Gabino Cué.
Antes de asumir la titularidad del Ejecutivo de Oaxaca –en diciembre de 2010– Gabino Cué se comprometió a meter a la cárcel a los funcionarios de la administración anterior, la de Ulises Ruiz, que le causaron un multimillonario daño patrimonial al estado... Pero a 17 meses de iniciado el gobierno del cambio todo sigue igual, pese a que 45 auditorías detectaron un quebranto superior a 4 mil millones de pesos.
La decisión del gobierno estatal de “revocar” –por supuestas deficiencias procesales– las órdenes de aprehensión libradas contra cinco exfuncionarios ha dado pie a comentarios y suspicacias... Tanto así que el procurador Manuel de Jesús López López tuvo que salir al paso para aclarar que “no hay ningún trato ni acuerdo político” entre Cué Monteagudo y Ruiz Ortiz.
El hecho es que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), mediante el pedimento número 434 del 17 de abril de 2012, “revocó la orden de aprehensión” contra cinco exfuncionarios acusados de ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad y peculado. Los acusados en la causa penal 105/2011 son: el exsecretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib; el subsecretario de Finanzas, Fernando González García; los excoordinadores de Comunicación Social Raúl Castellanos Hernández y Soledad Juana Rojas Walls, y el exjefe administrativo Jorge Efrén Rojas Hernández.
Además el juez segundo de lo penal, Andrés Manuel Jiménez Méndez, sobreseyó cuatro juicios de amparo interpuestos por los exfuncionarios acusados en uno solo de los expedientes de daño patrimonial por 495 millones de pesos.
Es decir que la querella presentada por la secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Marisela Woolrich Fernández; el secretario de Finanzas, Gerardo Cajiga Estrada, y el jurídico, Víctor Hugo Alejo Torres, habría tenido deficiencias, por lo que se resolvió revocar las órdenes de aprehensión.
El juez resalta: “Se revoca la orden de aprehensión librada en contra de Miguel Ángel Ortega Habib, Fernando González García, Raúl Gonzalo Castellanos Hernández y Soledad Juana Rojas Walls, como probables responsables en la comisión del delito de ejercicio indebido de funciones y abuso de autoridad, ambos en perjuicio del erario de la Hacienda Pública del estado de Oaxaca y de la Sociedad; peculado, en perjuicio del erario; de igual manera, en contra de Raúl Castellanos como probable responsable de la comisión de los delitos de usurpación de funciones y falsificación de documentos (…)”
Jiménez Méndez informó en un oficio al juez tercero de Distrito su determinación de sobreseer los juicios de amparo 1334/2011, 1503/2011, 1576/2011 y 1567/2011
Sin embargo para el procurador estatal la revocación de órdenes de aprehensión contra cinco exfuncionarios del priista Ulises Ruiz Ortiz “no es cosa juzgada”.
Considera que esta decisión “está lejos de ser una derrota; por el contrario, está sentando una base para subsanar algunos criterios” y entonces ejercer acción penal contra los exfuncionarios.
Sin embargo reconoce que con esta decisión de “revocar provisionalmente” las órdenes de aprehensión también se suspenden temporalmente las investigaciones que realiza la Interpol. Ésta emitió en septiembre pasado señales de “alerta” a los países donde tiene presencia para proceder a la aprehensión de esos exfuncionarios; ahora tienen que suspenderse.
Precisa que el delito de peculado no se había aplicado antes en Oaxaca y además está acotado –con las modificaciones de 2010– y hecho a modo por el pasado régimen priista para evitar sanciones.
Sin embargo, destaca, el caso no se ha resuelto de fondo. Lo que se determinó es subsanar el asunto de forma para continuar con el proceso legal, lo que significa que esto no ha concluido sino que se van a hacer las correcciones necesarias y continuará el proceso.
Explica que el juez emitió un criterio donde establece que las querellas, al tratarse del delito de peculado, deben ser presentadas por el director jurídico de la Contraloría y no por la secretaria titular de la misma, por lo que el proceso lo repondrá la parte indicada y el tramité seguirá su curso.
Consideró que el giro de los acontecimientos brinda ahora al gobierno –específicamente a la Contraloría– la oportunidad de revisar todos sus trámites en la materia y en este sentido la instancia conoce ahora el procedimiento riguroso para fincar responsabilidades al concluir un proceso de auditoría.
A su vez la Contralora manifiesta que la revocación de las órdenes de aprehensión contra funcionarios de la pasada administración estatal “no constituye una declaratoria de inocencia, toda vez que esta decisión fue tomada con base en una interpretación y criterios –no compartidos con la dependencia estatal– de un juez de distrito, en cuanto a que se fundó en disposiciones secundarias.
“Los exservidores públicos no están exonerados. La Secretaría de la Contraloría reactivará los procedimientos administrativos y se presentará una nueva querella con más elementos jurídicos”, dice Woolrich.
Con fundamento en el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, publicada el 10 de marzo de este año, se establece que derivado de las investigaciones y procedimientos administrativos es competencia de esta Secretaría formular las denuncias o querellas cuando se advierta la probable comisión de hechos tipificados como delitos. Asimismo, ratificar las mismas y solicitar la coadyuvancia en la indagatoria.
–Con información de Proceso
