Silvano Aureoles Conejo es prófugo de la justicia y es buscado por presuntos delitos de corrupción durante su mandato en Michoacán, pero a él lo acompañan otros exgobernadores de la alianza PRI-PAN-PRD también señalados por irregularidades parecidas.
Ciudad de México, 7 de marzo (SinEmbargo).– La caída de cuatro de los colaboradores y funcionarios más cercanos de Silvano Aureoles, por presunta corrupción durante su mandato al frente de la gubernatura de Michoacán con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), es el último caso de un exgobernador que, habiendo dejado el cargo, es acusado, perseguido y, por ahora, es prófugo de la justicia, pero no es el primero ni será el último, sobre todo en los últimos años, con casos parecidos sobre todo en la alianza del PRIAN.
Aureoles Conejo, que gobernó Michoacán entre 2015 y 2021. Un año después de salir del Gobierno de Michoacán, en octubre de 2022 se destapó él mismo como aspirante a la Presidencia. Compitió en el proceso del bloque opositor y no pasó del primer filtro. Hasta ahora, su único legado político está marcado por una red de corrupción que tejió en Michoacán, en la que estaban involucrados familiares y políticos que sobrevivieron a su administración.
En noviembre de 2021, la Unidad de Investigación de SinEmbargo dio a conocer cómo, de acuerdo con una denuncia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentada ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, Aureoles consumó una presunta red de corrupción que tejió desde que era Diputado federal para desviar recursos públicos a través de empresas fachadas y lavadores de dinero.
La acusación mencionaba el presunto involucramiento de Carlos Herrera Tello, exsecretario de Gobierno de Michoacán; Edna Gisel Díaz Acevedo, Diputada del PRD por Uruapan; su exesposa, Soledad María Geymonat Rompani; sus hijas, Elizabeth y Sofía; y sus medios hermanos, María Isabel, Juan Luis, Antonio y Carlos García Conejo.
De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción, la presunta red de corrupción abarcaba de 2013 a 2020, periodo en el cual también se hallaron irregularidades en licitaciones públicas de varios municipios michoacanos.
La denuncia de la Secretaría de Hacienda en contra de Silvano Aureoles Conejo detalla que el perredista tejió una presunta red de corrupción desde que era Diputado federal por el distrito 03, con cabecera en Zitácuaro, para apuntalar su candidatura a la gubernatura de Michoacán en 2015.
Además de los millonarios movimientos bancarios, Aureoles dio una vida de lujo a sus hijas Elizabeth y Sofía, a quienes benefició con consumos en tarjetas de crédito por un monto de más de seis millones de pesos y viajaron al menos 47 veces cada una a países como Canadá, Estados Unidos, Países Bajos, España, Alemania, Francia y Reino Unido. A su exesposa Soledad María Geymonat Rompani también la benefició con depósitos, vía SPEI, de casi 600 mil pesos entre 2012 y 2021, según la denuncia de Hacienda ante la Fiscalía Anticorrupción.
Cabeza de Vaca en Tamaulipas
El panista Francisco Javier Cabeza de Vaca, quien al rendir protesta dijo que el 6 de junio de 2016 —cuando ganó las elecciones— se marcaba un antes y después por lograr por primera vez la alternancia partidista en su entidad, es uno de los elementos destacados de la lista de exgobernadores tamaulipecos que enfrentan a la justicia una vez finalizado su mandato.
Cabeza de Vaca se convirtió en el primer Gobernador de la historia reciente, al que le giraron una orden de aprehensión por delincuencia organizada cuando aún estaba en funciones; lo que llevó su caso a solicitar el desafuero y que su caso llegara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La acusación que pesa en su contra por parte de la FGR fue por defraudación fiscal equiparada por seis millones 511 mil 777 pesos y 57 centavos, delito que se sanciona con penas de tres a nueve años de prisión. En total, el mandatario local habría amasado una fortuna superior a 951 millones de pesos.
La UIF ha presentado ante la FGR al menos cinco denuncias en contra de García Cabeza de Vaca en las que se detalla el presunto esquema que operó en Tamaulipas y que derivó en delitos como enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y delincuencia organizada, según consta en el expediente al que tuvo acceso SinEmbargo en 2022 y con declaraciones de Santiago Nieto realizadas en junio del 2021.
De acuerdo con la indagatoria, al menos 12 personas físicas y 25 personas morales integran dicha red. En ese esquema de presunta corrupción destacan adquisiciones irregulares de departamentos de lujo, casas y ranchos ligados al Gobernador y que no coinciden con su patrimonio, ni con el de su familia, quienes poseen más de 15 propiedades en México y Estados Unidos.
Orozco Sandoval, en Aguascalientes
En noviembre de 2023, Martín Orozco Sandoval, exgobernador panista de Aguascalientes, fue sentenciado a cuatro años de prisión y al pago de 2.2 millones de pesos por ejercicio indebido del servicio público y tráfico de influencia.
Orozco Sandoval ha evitado ir a la cárcel desde el 2010, cuando las autoridades emitieron formal prisión, pero no se cumplimentó debido a que presentó un amparo y su fuero.
La Jueza segundo Penal de lo tradicional, Irma Reyes de Luna, fue quien dictó este viernes la sentencia condenatoria contra Orozco Sandoval por delitos relacionados a una triangulación de terrenos en el 2007, cuando el panista era Alcalde de la capital del estado.
En el momento de su sentencia, el exgobernador del Partido Acción Nacional (PAN) cobraba de la nómina como asesor en el ayuntamiento de Asientos, uno de los municipios de Aguascalientes gobernados por Morena.
En su mensaje en aquel momento, el exgobernador cuestionó la actuación de la Jueza, y la señaló de obedecer a intereses políticos en lugar de aspectos jurídicos:
“Es una sentencia que se esperaba se dictara en ese sentido, pues lejos de ser una sentencia en la que se tomará en cuenta aspectos estrictamente jurídicos, atendió a intereses de carácter político”.
Rosas Aispuro Torres, en Durango
En 2022, la Fiscalía de Durango, estado que ese año ganó la coalición PRI-PAN encabezada por Esteban Villegas Villareal, comenzó indagaciones a la administración de su predecesor, el panista José Rosas Aispuro (2016-2022), quien dejó una deuda en el semáforo rojo del sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda a la par de 180 obras inconclusas pendientes de liquidar.
A un mes que inició el nuevo Gobierno, la Fiscal local Sonia de la Garza Fragoso informó sobre el aseguramiento de seis inmuebles y terrenos en fraccionamientos, de siete vehículos de alta gama –entre ellos un Mercedes Benz– y de locales comerciales de exfuncionarios públicos sobre los que pesan órdenes de aprehensión por su posible relación con el desfalco de mil 500 millones de pesos del erario estatal durante los últimos cuatro años.
El Gobernador José Rosas recibió un compromiso financiero en septiembre de 2016 de 7 mil 362 millones de pesos. En diciembre de ese año la Fiscalía también indagó posibles desvíos del antecesor priista Jorge Herrera Caldera (2020-2016) sin avances importantes. Al término del 2021, el endeudamiento estatal subió 36 por ciento al ubicarse en 10 mil 042 millones de pesos. Los datos del primer y segundo trimestre de 2022 no están disponibles en el sistema de alertas de Hacienda por estar en rojo.
La Fiscalía duranguense reportó en ese momento que se obtuvieron órdenes de aprehensión y de presentación contra dos exservidores públicos relacionados con el desvío de mil 500 millones de pesos, obtenidos en paquetes que iban de los 500 mil pesos hasta los 40 millones de pesos en una sola exhibición desde una sola cuenta bancaria, de acuerdo con tres carpetas de investigación.
El 16 de septiembre, dos días después de que finalizó el Gobierno de José Rosas Aispuro, se detuvo a Luisa Janeth "N" –asistente técnica del subsecretario de Egresos, José Alberto Bustamante–, quien se encontraba atrás de la Subsecretaría de Finanzas con una bolsa con 1.5 millones de pesos. La mujer dijo a los elementos policiacos que le entregaría los fajos de billetes a un exservidor público. Actualmente está vinculada a proceso por el delito de robo agravado.
Las acusaciones también alcanzan a un exgobernador panista de Chihuahua, como es el caso de Javier Corral, que desde hace varios meses es un aliado de Morena, el partido en el poder, y que se sumó al equipo de la entonces candidata Claudia Sheinbaum, hoy Presidenta de la República.
En agosto de 2024, las autoridades de la entidad bajo el mando de su sucesora, María Eugenia Campos Galván, quien a su vez es aliada de César Duarte Jáquez, Gobernador priista del 2010 al 2016, intentaron detener a Corral Jurado en Ciudad de México antes de asumir como Senador del bloque oficialista, en un hecho que en aquel momento fue calificado por el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador como "una especie de venganza" por las "diferencias políticas" que tiene con estas figuras políticas del estado.
En su momento también la defensa del exgobernador de Chihuahua aclaró que Corral no es un prófugo de la justicia como señaló la Fiscalía Anticorrupción del estado. El 1 de septiembre de 2024, asumió como Senador, escaño que hoy ocupa en la mayoría oficialista.
La misma Presidenta Electa Claudia Sheinbaum dijo en aquellos días: "No tiene que salirse del equipo, es un Senador de Morena. Es una persecución. No tiene ninguna base. Es un asunto de venganza política".
Incluso el entonces encargado de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara, aclaró en ese momento que el operativo de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua en la capital, cuando intentó detener al exgobernador, “no contó en ningún momento con el oficio de colaboración que se requiere para llevar a cabo una diligencia fuera de su jurisdicción”.
