La iniciativa para eliminar el fuero, en conjunto con la eliminación de la reelección y el nepotismo, constituyen una tríada que busca poner fin a la corrupción y a los privilegios de la clase política que tanto daño han hecho al país, a sus instituciones, a su democracia y al pueblo de México.
Ciudad de México, 28 de marzo (SinEmbargo).- Figura jurídica incómoda, abusiva, privilegiada, que ha servido para proteger a delincuentes y sustraerlos del baldado brazo de la justicia, el fuero, la inmunidad constitucional que protege a altos funcionarios públicos, debe desaparecer, para que se cumpla la premisa esencia de que todos somos iguales ante la ley y que la justicia se aplica con rigor, al margen de discrecionalidades, preferencias, complicidades o privilegios. Todas estas son razones suficientes para que sea analizada seriamente en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la iniciativa que presentó el Diputado federal de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar, que propone suprimir el fuero a diputados y senadores, para terminar con esa absurda y abusiva protección que privilegia a una minoría en la cual se aglutinan muchos contumaces violadores de la ley.
Hay casos que ilustran el abuso del fuero constitucional. Desde el año 2021, cuando todavía era Gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ha evitado su encarcelamiento pese a que la Fiscalía General de la República le acusa por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
Instalada como Jurado de Procedencia, el viernes 30 de abril del 2021, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó el dictamen de la Sección Instructora, que declaró la Procedencia de la Acción Penal y la consecuente pérdida del fuero, en contra del panista García Cabeza de Vaca, para que quedara a disposición de la justicias.
Sin embargo, habría que recordar que el desafuero de García Cabeza de Vaca no tuvo efectos porque el Congreso de Tamaulipas, dominado por mayoría del PAN, se negó a acatar y respaldar la resolución de la Cámara de Diputados Federal para quitarle la inmunidad constitucional y que fuera aprehendido para quedar a disposición de un juez. Entre amparos y triquiñuelas jurídicas, García Cabeza de Vaca no ha pisado la cárcel.
Otro caso que sin duda volverá a adquirir notoriedad y actualidad, porque también ha significado una burla a la justicia, es el del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, alias “Alito”, quien amparado en la inmunidad constitucional, ha evitado ser detenido pese a que la fiscalía de Campeche y la Fiscalía General de la República lo han emplaz|adoo a rendir cuentas ante la justicia como presunto responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de facultades, defraudación fiscal y lavado de dinero.
Desde el 3 de septiembre del 2022 el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la integración de la Sección Instructora que debía analizar la procedencia de la acción penal y la pérdida del fuero, del entonces diputado federal -y actual senador- Moreno Cárdenas. Este órgano quedó integrado por Jaime Humberto Pérez Bernabé, de Morena, en carácter de presidente y como secretarios fueron designados el vicecoordinador de Morena, Leonel Godoy Rangel; el vicecoordinador del PAN, José Elías Lixa Abimerhi; y el coordinador del PRI, Rubén Ignacio Moreira Valdez. El asunto se fue a la congeladora legislativa y nada se ha resuelto hasta la fecha.
Ahora es el turno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, diputado federal de Morena y exgobernador del estado de Morelos, acusado por el presunto delito de tentativa de violación, que fue protegido por las bancadas de Morena y PRI, para evitar que se diera curso a la Declaración de Procedencia de la Acción Penal que lo podría haber hecho vulnerable a su encarcalamiento, para quedar a disposición de un juez que tendría que determinar si se le somete a proceso o se le exonera por falta de pruebas. Además, el lunes 14 de enero del 2025, el Gobierno de Morelos que encabeza la también morenista Margarita González Saravia, presentó ante la Fiscalía Anticorrupción del estado un primer paquete de denuncias contra quienes resulten responsables, de la gestión del exgobernador Cuauhtémoc Blanco, por irregularidades que ascienden a 40 millones de pesos.
Exposición de motivos
El mismo martes 25 de marzo del 2025, cuando la mayoría de los diputados federales de Morena y del Partido Revolucionario Institucional votaron por el dictamen que declara infundadas las razones para iniciar el proceso de Declarar la Procedencia de la Acción Penal contra el legislador morenista Cuauhtémoc Blanco Bravo, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la iniciativa de reformas constitucionales del diputado federal morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, que propone la desaparición del fuero, de la inmunidad constitucional, a diputados y senadores.
“En una democracia representativa -explica la iniciativa-, el principio de igualdad ante la ley debe ser un pilar fundamental. Hoy, la sociedad clama por un cambio profundo en la manera en que sus representantes son tratados ante la justicia, demandando la eliminación de privilegios que perpetúan la desigualdad y erosionan la confianza en las instituciones democráticas. Según los datos del Latinobarómetro de 2024, se señala que sólo el 32 por ciento de los mexicanos y mexicanas tienen confianza en el Congreso, esta desconfianza puede ocasionar apatía y descontento en la sociedad”.
Agrega Ramírez Cuéllar: “La reelección consecutiva y el fuero generan un sistema de incentivos que ha llevado a buena parte de la clase política a una dinámica de corrupción y nepotismo, en la que personas con relaciones familiares o de amistad buscan perpetuarse en cargos de poder, cometen actos ilícitos y se protegen entre sí a través del tráfico de influencias en un interminable pacto de impunidad. El resultado de esto ha sido el hartazgo, una profunda indignación social y un rechazo creciente hacia la clase política. Esta situación desencadena una crisis de representación, lo cual ha llevado a que, en México, 6 de cada 10 personas no se sientan representadas por el Congreso”.
Y hasta pareciera que Ramírez Cuéllar se refería Cuauhtémoc Blanco, al agregar en su inciativa: “Sin embargo, aún hay actores políticos con privilegios que los colocan por encima del resto de la ciudadanía gracias al fuero que les permite gozar de inmunidad frente a la responsabilidad penal o administrativa derivada de acciones ilícitas cometidas fuera del ámbito de sus funciones. El fuero constitucional fue concebido como una figura legal para proteger la libertad de expresión y evitar la persecución política contra los representantes populares”.
Ramírez Cuéllar pone ejemplos sobre los abusos cometidos al amparo del fuero:
“El fuero ha sido utilizado en múltiples ocasiones para proteger a funcionarios públicos acusados de cometer actos de corrupción, abuso de poder o delitos graves. Casos como los de Javier Duarte en Veracruz y César Duarte en Chihuahua muestran cómo el fuero permitió que continuaran en sus cargos sin enfrentar la justicia. En ambos casos, fueron detenidos tras perder dicha protección”.
Continúa con sus ejemplos: “Otro caso fue el de Mario Marín, quien se mantuvo impune durante su cargo como gobernador de Puebla. Estos ejemplos reflejan cómo el fuero ha servido más como un escudo de impunidad que como una garantía para el ejercicio de la función pública. Su eliminación facilitará el acceso a la justicia y enviará un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley, contribuyendo así a la erradicación de la impunidad y a la consolidación de un sistema de justicia más eficaz y transparente”.
Aclara el Diputado morenistas que su iniciativa, en conjunto con la eliminación de la reelección y el nepotismo, constituyen una tríada que busca poner fin a la corrupción y a los privilegios de la clase política que tanto daño han hecho al país, a sus instituciones, a su democracia y al pueblo de México.
Aclara Ramírez Cuéllar: “Es importante enfatizar que la supresión del fuero no afecta la inviolabilidad de las opiniones y votos emitidos por los legisladores y las legisladoras en el ejercicio de sus funciones. La libertad de expresión parlamentaria seguirá siendo un principio fundamental para que los y las representantes puedan deliberar y legislar sin temor a represalias o a censura. Este derecho fundamental continuará protegido, asegurando que legisladores y gobernadores puedan cumplir su labor de manera efectiva, sin coacción alguna y con plena independencia en sus decisiones”.
Esto dice actualmente el Artículo 61 constitucional:
Artículo 61.- Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.
El Presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.
Así quedaría el Artículo 61 constitucional si se suprime lo relativo al fuero:
Artículo 61.- Las personas diputadas y senadoras son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidas por ellas.
La persona titular de la presidencia de cada Cámara velará por el respeto de las opiniones y sentido del voto de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.
El Artículo 108 dice actualmente, en su segundo párrafo:
Durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana.
Así quedaría el segundo párrafo del Artículo 108 luego de la reforma constitucional:
Durante el tiempo de sus encargos, la persona titular de la presidencia de la República, así como las personas diputadas, senadoras, gobernadoras y diputadas locales podrán ser imputadas y juzgadas por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana.
El Artículo 111 constitucional dice actualmente:
Artículo 111.- Para proceder penalmente contra las y los diputados y las y los senadores al Congreso de la Unión, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los magistrados del Tribunal Electoral, las y los Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, las y los integrantes del Pleno del órgano de administración judicial, las y los secretarios de Despacho, la o el Fiscal General de la República, así como la o el consejero Presidente y las consejerías electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra la persona inculpada.
Una vez reformado el Artículo 11 constitucional quedaría de la siguiente manera:
Artículo 111.- Para proceder penalmente contra las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los magistrados del Tribunal Electoral, las y los Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, las y los integrantes del Pleno del órgano de administración judicial, las y los secretarios de Despacho, la o el Fiscal General de la República, así como la o el consejero Presidente y las consejerías electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra la persona inculpada.
Y se le agregaría al Artículo 111 Constitucional un quinto párrafo, en los siguientes términos:
“Se podrá proceder penalmente contra las y los diputados y las y los senadores al Congreso de la Unión por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo”.
Al Artículo 116 se le agregarían los siguientes párrafos:
Las Constituciones de los Estados establecerán que se podrá proceder penalmente contra los gobernadores y las gobernadoras por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo.
Las Constituciones de los Estados establecerán que se podrá proceder penalmente contra las personas diputadas por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo.
Al Artículo 122, referido a los poderes y la fgorma de gobierno de la Ciudad de México se le agregarían también dos párrafos:
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá que se podrá proceder penalmente contra las diputadas y diputados por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo.
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá que se podrá proceder penalmente contra la persona Jefa de Gobierno por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo.
La iniciativa de Ramírez Cuellar establece que de ser aprobadas estas reformas constitucionales, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas tendrían un plazo de ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor del Decreto, para realizar las adecuaciones a las leyes federales y constituciones locales que correspondan para dar cumplimiento al mismo.
