Tras ser detenido el 11 de julio, el dirigente del PRI en Mérida, Rafael Alejandro Echazarreta, fue puesto en libertad luego de una audiencia en la que fue imputado por el delito de fraude específico. El político enfrentará su proceso en libertad bajo medidas cautelares, incluida el uso de un brazalete electrónico.
Ciudad de México, 13 de julio (SinEmbargo).- Rafael Alejandro Echazarreta Torres, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Mérida, Yucatán, y quien fue detenido el pasado 11 de julio fue liberado tras una audiencia en el Centro de Justicia Oral del municipio, donde fue imputado por el delito de fraude específico.
Durante dicha audiencia, la Jueza Diana Garrido Colonia determinó que el político enfrentará su proceso en libertad, bajo medidas cautelares que incluyen el uso de un brazalete electrónico, la prohibición de salir de Yucatán y el pago de una fianza de 40 mil pesos.
A través de un comunicado, la Fiscalía General del estado (FGE) de Yucatán informó que en la audiencia " los fiscales de litigación informaron al imputado sobre la investigación que se realiza en su contra, derivado de hechos relacionados con operaciones comerciales de alto valor económico".
"Al término de la misma, la autoridad judicial decretó que el imputado deberá cumplir con medidas diversas, entre ellas: firmar dentro de los primeros días de cada mes; una garantía económica de 40 mil pesos; la prohibición de salir del estado; quedar bajo vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares; no acercarse a la víctima y usar el citado localizador electrónico", añadió.
Echazarreta, de 46 años, fue detenido el viernes 11 de julio por elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI) en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial. La denuncia, registrada bajo la carpeta NORTE-57-24-2024, fue interpuesta el 30 de diciembre de 2024 por el empresario Horacio de Freitas da Silva, quien acusa al exdiputado de Morena y actual líder priista de defraudarlo con 12.5 millones de pesos.
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— FGE Yucatán (@fgeyucatan) July 13, 2025
Según la querella, Echazarreta convenció a De Freitas de invertir en la empresa “Exportaciones Integrales Mexicanas”, prometiéndole el 40 por ciento de las acciones, un acuerdo que nunca se materializó y cuyo capital no fue devuelto, según el denunciante.
Tras una audiencia de más de cuatro horas, la defensa de Echazarreta solicitó el plazo constitucional para resolver su situación jurídica, fijándose el lunes 14 de julio como fecha para la audiencia de vinculación a proceso. El político, acompañado de sus abogados, afirmó al salir del centro de detención: “Con el derecho en la mano demostraré mi inocencia en este caso. Por respeto al debido proceso no entraré en detalles, pero puedo afirmar con certeza que las acusaciones no son verdaderas y presentaré las pruebas correspondientes”.
El caso ha generado controversia en el ámbito político. El PRI, liderado en Yucatán por Gaspar Quintal Parra, calificó la detención como una “persecución política” orquestada por el Gobierno de Morena, acusando al partido en el poder de utilizar las instituciones para silenciar a opositores. En un comunicado, el PRI estatal señaló que el arresto es una “venganza” contra las voces críticas y comparó la situación con prácticas de “dictadura”.
Por su parte, De Freitas negó categóricamente cualquier motivación política, insistiendo en que se trata de un fraude financiero: “Rafael está intentando manipular la narrativa para sacar ventaja, pero esto no tiene tinte político, es un delito claro”.
Echazarreta, quien militó en el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Encuentro Social (PES), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Morena antes de unirse al PRI en noviembre de 2024, ha sido una figura polémica en la política yucateca. Su paso por Morena incluyó una ruptura con el actual Gobernador Joaquín Díaz Mena y un papel como coordinador de la campaña de Marcelo Ebrard en la entidad.
