La carta se da a conocer luego de que una Jueza condenara el viernes al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, a 12 años de arresto domiciliario por el delito de soborno y fraude procesal.
Ciudad de México, 2 de agosto (SinEmbargo).- El Grupo Libertad y Democracia, y 28 exjefes de Estado, firmaron ayer una carta dirigida a la Organización de Estados Americanos (OEA) para pedir su intervención tras el fallo judicial que sentenció al expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez a 12 años de prisión domiciliaria por sobornos y fraude procesal. Entre los firmantes, representantes emblemáticos de la derecha latinoamericana, se encuentran Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa, expresidentes de México.
"Acudimos ante ustedes para que asuman la histórica responsabilidad de salvaguardar el Estado constitucional y de Derecho en Colombia, a la vez que evitar que se consolide una terrible injusticia que da paso a un precedente nefasto en contra del Artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de otros instrumentos interamericanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana. Se trata del caso del expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez", dice la carta.
Algunos de los firmantes son los exmandatarios: Iván Duque, de Colombia; Mauricio Macri, de Argentina; Mariano Rajoy y José María Aznar, de España; Guillermo Lasso Mendoza, Lenin Moreno y Jamil Mahuad, de Ecuador; Jorge Tuto Quiroga, de Bolivia, entre otros.
Comunicado conjunto del Grupo Libertad y Democracia y del Grupo IDEA, donde 28 expresidentes y jefes de gobierno de Iberoamérica hacen un llamado a la ONU y la OEA para que haya atención y actuación frente a las graves afectaciones a los derechos humanos del expresidente Álvaro… pic.twitter.com/mRRZQjz42I
— Paola Holguín 🇨🇴 (@PaolaHolguin) August 1, 2025
La carta se da a conocer luego de que una Jueza condenara el viernes al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, a 12 años de arresto domiciliario por el delito de soborno y fraude procesal, en una decisión histórica que lo convierte en el primer exmandatario condenado y privado de la libertad en Colombia.
Los firmantes destacaron que, durante su mandato, el expresidente Uribe extraditó a más de mil 400 criminales a los Estados Unidos. "Entre ellos cuentan los 14 principales capos paramilitares, quienes cumplieron condenas el doble de largas que las que habrían cumplido en Colombia. Ya es evidente, en el proceso y la opinión pública, que el caso penal en su contra ha sido impulsado por algunos de los extraditados", sostuvo la misiva.
"Pedimos sus actuaciones para evitar que el expresidente Uribe continúe siendo víctima de un proceso penal plagado de anomalías, que ahora ha derivado en una condena judicial de primera instancia", declararon.
El Grupo Libertad y Democracia argumentó que hay una "cadena documentada de anomalías procesales" que exige la intervención de órganos internacionales.
Señalaron, por ejemplo, que se interceptaron más de 21 mil registros de comunicaciones privadas del expresidente sin autorización judicial, así como una filtración de pruebas a la prensa, la cual derivó en una condena social contra Uribe.
"Solicitamos respetuosamente que se le dé al presente caso la total prioridad que amerita en sus instancias de defensa de los derechos humanos y de la democracia, y que se activen los mecanismos adecuados de monitoreo, protección o pronunciamiento, conforme a sus competencias, a fin de prevenir, además, la consolidación de un precedente que socave los pilares de los sistemas Universal e Interamericano de derechos humanos", finalizó la carta.
Álvaro Uribe es condenado
Uribe fue sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria luego de que fuera hallado culpable el lunes de obstruir a la justicia y manipular a paramilitares, a quienes habría presionado para evitar que lo vincularan con esos escuadrones de ultraderecha, responsables de numerosos crímenes atroces contra civiles durante el conflicto armado.
Además de la pena privativa de libertad, la Jueza 44 penal de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda, decidió inhabilitar al exfuncionario de ejercer funciones públicas durante ocho años, así como de pagar una multa de tres mil 444 millones de pesos colombianos.
Asimismo, precisa que, para hacer efectivo el beneficio del arresto domiciliario, deberá pagar una póliza judicial.
