En el espacio reservado a la seguridad pública y al combate a la delincuencia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo depositó toda su confianza y sus facultades en el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en su carácter de secretario técnico del Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública.
Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).- Poco a poco el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha ido fortaleciendo el equipo con el que está enfrentando, por una vertiente, a la delincuencia organizada vinculada a los cárteles del narcotráfico, pero por otra vía ha ido ampliando los espacios que le permitirán investigar actos de corrupción, de complicidades con el crimen organizado, malversación de fondos públicos y uso de recursos de procedencia ilícita, tanto en la política como en las actividades privadas.
En el espacio reservado a la seguridad pública y al combate a la delincuencia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo depositó toda su confianza y sus facultades en el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en su carácter de secretario técnico del Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública.
Para consolidar su poder a García Harfuch sólo le faltaba tener el control de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que permite investigar y combatir los delitos financieros, algo en lo que suelen involucrarse por igual delincuentes de los cárteles del narcotráfico, que políticos y empresarios. Y el pasado lunes 4 de agosto del 2025, en su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo formalizó el nombramiento de Omar Reyes Colmenares, un abogado con formación de policía investigador, de la mayor confianza del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
Reyes Colmenares, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue director general en la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia capitalina, cuando la Jefa de Gobierno era Claudia Sheinbaum Pardo, la actual Presidenta de México.
No habría que perder de vista que el secretario de Seguridad tiene a su disposición nuevas herramientas y facultades que le confiere la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad, promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025, para darle consistencia y basamento jurídico a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, orientada a atender de manera estructural los fenómenos delictivos y de violencia, mediante una perspectiva integral, centrada en los derechos humanos, la legalidad, la coordinación institucional y la eficacia operativa.
El Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación en Materia de Seguridad Pública, que depende de García Harfuch, tiene como misión integrar, analizar y procesar datos estratégicos para la prevención y combate del delito.
¿Qué organismos integran el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública?
El Artículo 6 de la nueva Ley establece que el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública está conformado por los siguientes organismos:
I.- El Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad, que toma decisiones y ejecuta estrategias;
II.- La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, que coordina el Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública;
III.- El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, que gestiona y opera.
Por otra parte, el Artículo 7 del referido ordenamiento jurídico define que el Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública es la instancia superior interinstitucional, deliberativa, coordinada y colegiada en materia de inteligencia para la seguridad pública, encargada de la dirección, el mando único, y la toma de decisiones para el funcionamiento del Sistema Nacional y la consecución de sus fines.
1.- Estará integrado por la titular del Poder Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, quien lo presidirá.
2.- Estará en este Consejo la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez Velázquez y la persona responsable del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, adscrito a esta dependencia.
3.- Formará parte del Consejo Nacional de Seguridad Pública el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, quien será el Secretario Ejecutivo del organismo y suplirá en sus ausencias a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Como parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana participará en el Consejo Nacional el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
TODO EL PODER
No hay que perder de vista que el martes 31 de diciembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma clave, incluida en el décimo tercer párrafo del Artículo 21 constitucional, como preámbulo de la elaboración de la iniciativa que dio origen a la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.
Dice la referida reforma: “La secretaría del ramo de seguridad pública formulará, coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como los programas, las políticas y acciones respectivos; auxiliará a la persona titular de la Presidencia de la República en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional”.
Agrega la reforma constitucional al Artículo 21: “Le corresponderá [a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana] la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en Materia de Seguridad Pública (…) y podrá coordinar las acciones de colaboración de los tres órdenes de gobierno, a través de las instituciones de seguridad pública, los cuales además deberán de proporcionar la información de que dispongan o que recaben (…). Podrá solicitar información a las instituciones y dependencias del Estado para la identificación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delitos”.
MÁS FORTALEZA
Sin hacer ruido y mediante un decreto que no tuvo que pasar por la aprobación de las cámaras de diputados y senadores, la Presidenta de la República Claudia Sheinbaun Pardo emitió el lunes 26 de mayo de 2025 un mandato mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para fortalecer a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en el combate contra la corrupción, el uso de dinero de procedencia ilícita y el lavado de dinero.
En el decreto emitido por la Presidenta Sheinbaum Pardo se fortaleció la estructura de la Unidad de Inteligencia Financiera con la creación de una Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas, de la cual dependen dos nuevas coordinaciones operativas que se especializan en investigar organizaciones delictivas. Esta nueva dirección tiene entre sus prioridades la coordinación con autoridades extranjeras, para el combate al manejo de recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero.
La Unidad de Inteligencia Financiera está facultada para denunciar ante el Ministerio Público de la Federación y, en su caso, ante las autoridades investigadoras administrativas competentes, las conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Por lo tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera debe coadyuvar con las autoridades competentes, en representación de la Secretaría de Hacienda, en los procesos penales relativos a las conductas denunciadas; debe coordinar el seguimiento de las denuncias formuladas, hasta la emisión de la resolución que no admita medio de defensa alguno y atender los requerimientos y resoluciones de autoridades administrativas o jurisdiccionales, incluyendo al Ministerio Público de la Federación, siempre que no corresponda a otra unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda.
Y por supuesto, la Unidad de Inteligencia Financiera tiene autoridad para requerir información al Banco de México; a las personas morales o fideicomisos que tengan por objeto realizar procesos de compensación o transferencias de información de medios de pagos del sistema financiero, así como compensar y liquidar obligaciones derivadas de contratos bancarios, bursátiles o financieros; y a las personas que emitan, administren, operen o presten servicios de tarjetas de crédito, débito, prepagadas de acceso a efectivo, de servicios, de pago electrónico y las demás que proporcionen servicios para tales fines.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda tiene entre sus funciones comunicar a las autoridades encargadas del combate a la corrupción o de procuración de justicia, la información necesaria para identificar actos u operaciones, así como personas presuntamente involucradas con recursos de procedencia ilícita; integrar la lista de las personas cuyas cuentas bancarias hubiesen sido bloqueadas.
Nuevas coordinaciones
En el decreto emitido por la presidenta Sheinbaum Pardo se agrega también el Artículo 10-O, que establece cuáles son la atribuciones y funciones de las coordinaciones operativas en Asuntos de Organizaciones Delictivas A y B. Entre otras, las siguientes:
I.- Elaborar e integrar los análisis de los reportes, avisos y declaraciones relativos a personas posiblemente relacionadas con organizaciones delictivas y delitos de alto impacto.
II.- Fungir como enlace de la Unidad de Inteligencia Financiera, previo acuerdo de su superior jerárquico, en grupos de trabajo con autoridades nacionales, extranjeras o internacionales, así como en mecanismos de coordinación de similar naturaleza, en materia de organizaciones delictivas y delitos de alto impacto.
III.- Proponer, para aprobación superior, acciones estratégicas de coordinación, cooperación o colaboración, para la prevención de delitos de alto impacto, así como los relativos a personas posiblemente relacionadas con organizaciones delictivas y la protección del sistema financiero y la economía nacional.
IV.- Proporcionar, requerir e intercambiar […] información, documentación y productos de inteligencia en materia de seguridad nacional y seguridad pública a la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y, demás instancias competentes.
