Las cárceles del país seguirán bajo la lupa. El Congreso de la Unión se prepara para endurecer las sanciones contra servidores públicos y reclusos involucrados en redes de extorsión que operan desde los centros penitenciarios.
Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).- Las llamadas de extorsión que se originan en las cárceles del país representan uno de los más graves problemas en el combate a este delito y en la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y deberá cumplirse el mismo trámite en el Senado de la República este mes, se contemplan sanciones de hasta por 20 años de cárcel a los servidores públicos que sean cómplices en la realización de estos ilícitos.
En noviembre del 2018 el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) envió al Senado de la República un informe en el cual concluye que la delincuencia organizada realiza alrededor de 3.7 millones de llamadas al año desde teléfonos celulares y casetas fijas en cárceles federales y estatales, las cuales, en su mayoría son para extorsionar. El IFT realizó una investigación en siete penales federales ubicados en diferentes regiones del país.
El Comité Especializado de Estudios de Investigación en Telecomunicaciones del IFT concluyó que cada semana, en un solo penal, se realizan hasta 219 mil 700 llamadas. La investigación capturó resultados casi idénticos de 2016 y 2017, lo que evidencia la inutilidad de los equipos bloqueadores de señal instalados en las cárceles del país.
La más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada el 18 de septiembre del 2025, estima en 3 mil 467 millones de pesos el dinero que se pagó por extorsiones, de toda naturaleza, durante 2024.
Hay algunas entidades del país en las cuales se ha experimentado un sensible descenso en los índices de extorsiones. Como es el caso de Baja California Sur, que en 2017 registró 29.74 casos de extorsión por cada 100 mil habitantes y en 2025 presenta 10.95 casos por la misma proporsión de habitantes.
El Artículo 21 de la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión establece que se aplicará pena de diez a veinte años de prisión y multa de 600 a 3,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (entre 67 mil y 339 mil pesos) a la persona servidora pública que, teniendo atribuciones en materia de prevención, investigación y persecución de los delitos, así como procuración o impartición de justicia o de vigilancia y custodia en los centros penitenciarios, se abstenga de denunciar ante el Ministerio Público o en caso de urgencia ante la Policía, la comisión de cualquiera de los delitos previstos en esta norma.
También se advierte en el Artículo 23 de la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión que a quien, sin la autorización correspondiente, introduzca o intente introducir a un centro de readaptación social, establecimiento penitenciario o centro de internamiento para menores, cualquiera que sea su denominación, algún dispositivo electrónico o sus componentes que permita la transmisión de datos, voz, geolocalización o imágenes mediante telefonía fija o móvil, radiofrecuencia, satelital, internet o tecnología análoga, se le impondrá una pena de tres a ocho años de prisión y multa de dos mil a cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (entre 226 mil y 565 mil pesos).
Las penas previstas en el párrafo anterior se aumentarán hasta en una mitad, tratándose de una persona servidora pública, defensora o asesora jurídica. A las personas servidoras públicas, además, se les impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión públicos, e inhabilitación para desempeñar algún empleo, cargo o comisión públicos hasta por un plazo igual al de la pena de prisión impuesta, el cual comenzará a computarse a partir de que se haya cumplido la pena privativa de libertad.
La nueva ley contra la extorsión advierte que a la persona privada de su libertad en un centro de readaptación social, establecimiento penitenciario o centro de internamiento para menores, cualquiera que sea su denominación, que posea algún dispositivo electrónico de comunicación para perpetrar este delito se le impondrá una pena de tres a ocho años de prisión y multa de dos mil a cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (entre 226 mil y 565 mil pesos), aumentada hasta en una tercera parte.
La nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión señala en su Artículo 24 que se impondrá la pena de seis a quince años de prisión y una multa de cien a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, entre 11 mil y 56 mil pesos, incrementada hasta en una tercera parte, a la persona servidora pública o autoridad penitenciaria que facilite los medios o permita las condiciones para la comisión del delito de extorsión.
Otros estados del país con altos índices de extorsiones en Morelos y Nuevo León, que han experimentado este problema delictivos en los tres años recientes.
MEDIDAS INMEDIATAS
En la investigación del delito de extorsión, el Artículo 25 de la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en esta materia, se considera que el Ministerio Público puede solicitar a un juez la autorización para intervenir comunicaciones privadas y correspondencia o para realizar cateos en algunos domicilios, así como la revisión de las cuentas bancarias de los sujetos sospechosos.
En el caso de que, para la comisión del delito de extorsión, se hayan empleado líneas de telefonía celular, cuentas de mensajería instantánea, perfiles de redes sociales o videojuegos, correos electrónicos, plataformas de servicios digitales o tarjetas de débito, crédito o análogas, la Policía bajo conducción y mando del Ministerio Público, procurará descartar que estos hayan sido empleados sin el conocimiento o voluntad de su titular. Para tal efecto, solicitará los estudios periciales y realizará actos de investigación conducentes.
También en el proceso de investigación, cuando así proceda se podrá solicita la localización geográfica en tiempo real, además de solicitar a los concesionarios de telecomunicaciones, a través de la autoridad competente, el bloqueo inmediato de líneas de comunicación móvil reportadas como robadas o extraviadas por las personas usuarias, conforme al registro del propio concesionario, por cualquier medio, así como la suspensión inmediata del servicio de telefonía en los términos de la solicitud correspondiente.
Los estados de la República que tienen los más bajos índices de delitos de extorsión por cada 100 mill habitantes son Yucatán, con 0.08, Durango, con 0.78 y Tlaxcala, con 0.83 según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, correspondiente a enero-septiembre del 2025.
PROTECCIÓN
Las autoridades deberán adoptar las medidas necesarias para proteger debidamente a las víctimas, los ofendidos y los testigos del delito de extorsión durante todas las etapas del procedimiento penal, cuando su vida, libertad o integridad física o mental estén en peligro, o puedan ser sometidas a actos de intimidación por su intervención en dicho procedimiento, señala el Artículo 30 de la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
Las medidas de protección podrán consistir en alguna de las siguientes:
I.- Resguardo de su identidad y datos personales;
II.- Durante el procedimiento penal, se podrán solicitar las siguientes medidas:
a).- La reserva de la identidad en las actuaciones en que intervenga la víctima, ofendido y testigo del delito de extorsión, para evitar que se haga público su nombre, apellido, domicilio, lugar de trabajo, profesión o cualquier otro dato que lo ponga en riesgo, en términos de lo dispuesto en la legislación aplicable;
b).- El uso de métodos aue imposibiliten la identificación visual o auditiva de la persona víctima, ofendida y testiga, en las diligencias en que intervenga. La aplicación de esta medida no deberá coartar la defensa adecuada de la persona imputada;
c).- La utilización de procedimientos mecánicos o tecnológicos que permitan la participación de la persona víctima, ofendido y testigo a distancia y en forma remota;
d).- Las notificaciones que sean dirigidas a la víctima, ofendido y testigo, sean a través de su asesor jurídico o, en los casos en que proceda, del Ministerio Público, y
e).- En el caso que de la denuncia respectiva o que de la información de la localización geográfica en tiempo real o la entrega de datos conservados, revele que la comisión del delito de extorsión provenga de llamadas telefónicas realizadas desde el interior de un centro penitenciario, se ordenará al concesionario de telecomunicaciones o a la autoridad de la materia, realice las acciones respectivas para el bloqueo y anulación del IMSI (Identidad Internacional del Suscriptor Móvil) y el IMEI (Identidad Internacional del Equipo Móvil) asociado al número telefónico relacionado con la llamada de extorsión. Esta medida de protección se realizará con control judicial previo.
