El Edil de este Pueblo Mágico enfrenta una serie de acusaciones que van desde vínculos con el crimen organizado hasta acoso a regidoras y daño al patrimonio.
Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).– El Alcalde morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, detenido como parte de la llamada Operación Enjambre, ya era investigado desde hace meses por presuntamente encabezar esquemas de extorsión contra empresas cerveceras y tequileras en la entidad. De acuerdo con autoridades federales, el Edil habría liderado una red de corrupción al interior del Ayuntamiento para extorsionar a comerciantes y empresarios, además de desviar recursos públicos.
Uno de los casos más visibles ocurrió en diciembre pasado, cuando Rivera Navarro protagonizó un enfrentamiento público con Grupo Cuervo, el principal productor de tequila del país. La empresa propiedad de Juan Francisco Beckmann Vidal lo denunció por un cobro excesivo del impuesto predial y por una presunta extorsión millonaria a cambio de no clausurar su planta Cuervo 1800, uno de los emblemas de la industria tequilera.
Tras su detención, el Gobierno federal informó que el Alcalde estaría vinculado con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Junto con él fueron arrestados otros tres servidores públicos del Ayuntamiento de Tequila, todos señalados por su presunta relación con esa organización criminal.
Meses antes, en mayo de 2025, Rivera Navarro ya había sido citado a declarar ante la Fiscalía de Jalisco por un evento del grupo musical Los Alegres del Barranco, en el que se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del CJNG.
A estas acusaciones se suman denuncias por violencia política de género. En diciembre pasado, las regidoras Alondra Romero Cordero y Luz Elena Aguirre Sandoval, junto con la activista Maribel Flores Salazar, denunciaron al Alcalde ante la Fiscalía estatal por presuntos actos de acoso, amenazas de muerte y obstrucción sistemática de sus funciones dentro del Ayuntamiento.
Otro episodio que colocó al Edil en el centro de la polémica ocurrió en junio pasado, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional aseguraron el Museo Nacional del Tequila. La inspección se realizó luego de que se detectaran modificaciones no autorizadas en el inmueble histórico, considerado parte del patrimonio cultural reconocido por la Unesco, sin el aval del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Tequila, cuyo nombre proviene del náhuatl Tecuilan, que significa “lugar de tributos”, fue incorporado al programa de Pueblos Mágicos en 2003. El municipio se localiza en el centro del estado de Jalisco, a las faldas del volcán de Tequila, entre paisajes de agave, antiguas haciendas y destilerías que dan origen a la bebida emblemática de México.
Tras la detención del Alcalde, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Jalisco aseguró que “nadie está por encima de la ley” y sostuvo que el partido será respetuoso de las investigaciones en curso. “Será la justicia, y solo la justicia, la que determine responsabilidades, las cuales deberán asumirse conforme a la ley, sin privilegios ni excepciones”, señaló en un breve comunicado.
Lo cierto es que las denuncias contra Diego Rivera Navarro no son recientes y se han acumulado en distintos frentes.
La extorsión a Casa Cuervo
El Alcalde morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, detenido este jueves como parte de la Operación Enjambre, era investigado desde hace tiempo por manejar esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras en la entidad. Esto lo llevó a protagonizar, en diciembre pasado, un enfrentamiento público con Grupo Cuervo, el principal productor del país, que lo denunció por un cobro excesivo de predial y por una extorsión millonaria para no clausurar la planta Cuervo 1800, un emblema de la industria tequilera.
En ese entonces, el Gobernador emecista Pablo Lemus tuvo que intervenir para que ambas partes llegaran a un acuerdo. En ese momento, el mandatario expuso cómo el municipio, por órdenes de Rivera Navarro, intentó apagar unas calderas de la empresa, una acción que pudo generar un riesgo inminente de explosión.
Las autoridades estatales expusieron en diciembre que el origen de la disputa fue la licencia de operación que el municipio le había negado a la tequilera por la inconformidad de la compañía a cubrir el “excesivo” cobro del impuesto predial. Al final se llegó a un acuerdo momentáneo. El caso, de hecho, forma parte de un esquema extorsivo que hoy tiene al Edil detenido.
La información de las autoridades federales refiere que Rivera Navarro lideraba una red de corrupción gestada dentro del Ayuntamiento, en la cual servidores públicos extorsionaban a empresarios y comerciantes del municipio, además de desviar recursos del erario público.
En seguimiento a la Operación Enjambre, donde fueron detenidos tres presidentes municipales del Estado de México, y derivado de varias denuncias ciudadanas, en un operativo coordinado @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @SSPCMexico y CNI fue detenido en Jalisco, Diego “N”,…
— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 5, 2026
Los vínculos con el CJNG
Este jueves, luego de su arresto, el Gobierno federal dio a conocer que Diego Rivera Navarro está relacionado con una célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la principal organización criminal del país.
Junto al Alcalde fueron detenidos otros tres servidores públicos del Ayuntamiento: Juan Manuel Pérez Sosa, Director de Seguridad Pública; Juan Gabriel Toribio Villarreal, Director de Catastro y Predial; e Isaac Carbajal Villaseñor, Director de Obras Públicas. Todos ellos vinculados al CJNG.
En mayo de 2025, Rivera Navarro fue citado a declarar ante la Fiscalía General del Estado por la presentación del grupo musical Los Alegres del Barranco, evento en el que se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del CJNG.
A raíz de la presentación musical del 4 de mayo, realizada en un lienzo charro del municipio de Tequila, todos los integrantes de la agrupación, así como su promotor y un representante, fueron vinculados a proceso por el delito de apología del delito, por lo que presentaron una garantía económica de 300 mil pesos por cada uno y deberán presentarse a firmar ante el Juzgado periódicamente.
Acoso y amenazas de muerte
También en diciembre pasado, dos regidoras del Ayuntamiento de Tequila y una activista denunciaron ante la Fiscalía de Jalisco a Diego Rivera Navarro por presuntos actos de acoso, violencia política de género, amenazas de muerte y obstrucción sistemática de sus funciones. El caso quedó integrado en la carpeta de investigación 2809/2025-DX, según reportó Milenio.
El Gobernador Pablo Lemus confirmó a la prensa que fueron regidoras pertenecientes al PRI y a Morena, partido al que pertenece Rivera Navarro, quienes presentaron las denuncias. Lemus puntualizó que las acusaciones eran “por presunto acoso político y violencia en situación de género”.
La denuncia fue presentada el pasado 10 de diciembre por las regidoras Alondra Romero Cordero y Luz Elena Aguirre Sandoval, así como por la activista Maribel Flores Salazar, quienes describieron una serie de hechos que atribuyen a un patrón de hostigamiento desde el gobierno municipal y a un ambiente de riesgo para su integridad.
Milenio reportó cómo Alondra Romero asentó que desde octubre de 2024 el Alcalde le negó el uso de la voz en sesiones de Cabildo y que le retuvo su salario durante cinco quincenas consecutivas. También afirmó que desde marzo de este año se le prohibió el acceso físico a la sala de regidores.
En la denuncia, consignada por este medio, se señala además que, a raíz de las denuncias públicas que realizó, un familiar de Alondra Romero recibió mensajes de texto con amenazas directas: le advirtieron que debía “calmarla” o ella podría sufrir un “levantón” o “amanecer colgada”. La regidora sostuvo en el documento que teme por su vida y que considera que el presidente municipal “sí es capaz de cumplir con sus amenazas”.
Luz Elena Aguirre, por su parte, denunció que fue eliminada de los grupos oficiales de comunicación del Ayuntamiento y bloqueada del teléfono personal del Alcalde, lo que, afirmó, le impide cualquier comunicación institucional. “He sufrido ataques en redes sociales por parte del Presidente Municipal y de su equipo personal, que tiene contrato precisamente para ese efecto, desprestigiando mi labor como regidora, mi persona y mi vida personal, de manera muy agresiva y permanente”, señaló en la denuncia reseñada por Milenio.
A su vez, indica la misma información, la activista Maribel Flores Salazar declaró que fue amenazada en al menos cuatro ocasiones por sujetos que actuaban “de parte de Don Diego” y le exigieron dejar de apoyar a regidoras y empresarios del municipio.
El escándalo en el Museo de Tequila
En junio pasado, personal de la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional aseguraron el Museo Nacional del Tequila y le colocaron dos sellos con los folios 1-603 y 1-656. Reportes de la prensa de ese entonces revelaron que el inmueble fue modificado sin autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), lo que detonó la inspección. El inmueble fue construido durante el porfiriato. Su distribución es típica de las casas señoriales: corredores con arquerías y un patio central.
De acuerdo con las investigaciones, el edificio histórico fue modificado para uso como vivienda u oficinas, en una aparente violación al uso de suelo.
El Gobernador Pablo Lemus confirmó ese mismo junio que se investigaban una serie de irregularidades en el museo tras detectarse remodelaciones no autorizadas dentro del inmueble. “La información que tenemos tanto de la Fiscalía General de la República como de la propia Secretaría de Gobernación es que se hizo un operativo solicitado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, porque este inmueble y el propio municipio de Tequila, al ser patrimonio inmaterial de la humanidad por parte de la Unesco, merecen un tratamiento especial”, explicó Lemus.
El mandatario indicó que fue el propio INAH el que solicitó a la Fiscalía General de la República realizar este operativo para saber cuáles fueron los trabajos de remodelación que se efectuaron. “Ya la propia Fiscalía General de la República nos compartió fotografías al interior del inmueble de las, digamos, adecuaciones que se le habían hecho, que no van acordes a ser un inmueble patrimonial como está considerado”, apuntó Lemus Navarro.
El inmueble es propiedad del Gobierno del estado de Jalisco y se encuentra en comodato con el municipio. La resolución sobre su administración futura y eventuales responsabilidades legales recaerá en las autoridades federales.
